Este jueves se ha celebrado a última hora de la noche la reunión de de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde se tramita la polémica « ley Celaá», que modifica la LOE de los socialistas y pretende eliminar la LOMCE de los populares («ley Wert»).
En ella se ha votado en contra de que la comunidad educativa comparezca durante el debate de la ley, pese a que este procedimiento es el habitual en las distintas proposiciones o proyectos de ley. En la votación, PSOE y Podemos se mostraron contrarios a la intervención de la sociedad civil (al igual que el resto de grupos parlamentarios con la excepción de PP, Cs, Vox y UPN). En total, ha habido 16 votos a favor y 20 en contra.
Es la primera vez en la historia de que una ley educativa no tiene comparecencias. Hay que recordar que desde la instauración de la Democracia se han aprobado siete normas: (LODE, 1985; LOGSE, 1990; LOPEG, 1995; LOCE, 2002; LOE, 2006; LOMCE, 2013; y LOECE, 1980 (aunque ésta no se llegó a aplicar).
«El PSOE y sus socios escriben un capítulo más en su deriva autoritaria impidiendo que los expertos educativos comparezcan en el Congreso. Pretenden acallar las voces críticas con su ley. Todas las leyes educativas se han elaborado contando con la presencia de la comunidad educativa. La Lomce se tramitó tras la comparecencia de 50 expertos. Esta ley se impondrá sin debate social porque en el fondo el Psoe sabe que no tiene nada nuevo que ofrecer para la transformación y mejora del sistema educativo. Su proyecto de ley es un proyecto anticuado rehén de los prejuicios ideológicos de un partido socialista en descomposición», criticó Sandra Moneo, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular.
«Se está produciendo un absoluto atropello a la democracia . Es la primera vez en la historia que se veta a la comunidad educativa a que comparezca al Congreso a debatir sobre una cuestión que le compete. Si querían derogar una ley sin consenso, lo están haciendo mediante un absoluto atropello con métodos irregulares. Con nocturnidad, y alevosía. Pretenden pasar un rodillo e imponer su ley con procedimientos totalitarios», agregó Marta Martín, portavoz de Educación de Cs.
Esta votación es la segunda que se lleva a cabo sobre la participación o no de la comunidad educativa. La primera tuvo lugar la semana pasada y en esa ocasión votó la Mesa de la Comisión. El resultado ya fue contrario a las comparecencias de la comunidad educativa (con dos votos a favor del PP y tres votos en contra: dos del PSOE y uno de Podemos). Sin embargo, al no haberse alcanzado unanimidad en la Mesa, requisito imprescindible para seguir adelante, la votación sobre el «sí» o «no» de las intervenciones de la sociedad civil se dejó en manos de la Comisión de Educación.
Acelerar los plazos
El PSOE, además, ha puesto el pie en el acelerador para tener lista cuanto antes la polémica ley, que podría llegar al Senado antes de finales de año.
¿Ello que implica? Que una vez dentro de la Cámara Alta y tras pasar los trámites preceptivos (que se extenderían unos dos meses) el anteproyecto volvería al Congreso para convertirse definitivamente en ley a principios de marzo; es decir, en tan solo cinco meses.
La tramitación de una ley empieza una vez que se ha cerrado el plazo de enmiendas parciales (para este texto se han presentado 1.168 en total). En ese momento se constituye la Ponencia cuando así lo decida el presidente de la Comisión de Educación del Congreso. La Ponencia es un grupo de trabajo que analiza y vota las enmiendas y presenta un dictamen a dicha comisión. Pasado este proceso, las enmiendas pasan al Pleno del Congreso en primera vuelta y de ahí el texto va al Senado para volver al Congreso para su aprobación definitiva y convertirse en ley.
Según han confirmado desde el PSOE, los plazos que se manejan son los siguientes: cinco reuniones de la Ponencia; una reunión de la Comisión de Educación y finalmente la votación de las enmiendas en el Pleno. Las cinco reuniones de la Ponencia se celebrarían (previo acuerdo con los demas grupos parlamentarios, aclara el partido) dentro de las próximas tres semanas. Posteriormente, tendría lugar la reunión de la Comisión que podría celebrarse en una semana (aunque depende de los plazos y fechas, vuelve a matizar el partido) y finalmente llegaría la votación final en el Pleno. Una vez dados todos estos pasos, el texto iría al Senado antes de fin de año, previsiblemente en diciembre.
Con información de ABC/Josefina G. Stegmann
