Se calcula que, desde el confinamiento, entre un treinta y un cincuenta por ciento de personas, dependiendo de diversas variables, han dejado de ir a la misa dominical. La actual ola de la pandemia ha impuesto una nueva obligación civil de limitar el aforo de las iglesias en las zonas confinadas. Desde el estrambótico caso de Melilla, cierre de Iglesias en domingos, a los de Castilla y León, 25 personas, y Cantabria, 10 personas. Los obispos concernidos han protestado. Y después, nada.
La caridad cristiana, teñida de prudencia, exige el cuidado propio y el de los demás. La preceptivas medidas higiénicas se están cumpliendo en las iglesias tanto o más que en los supermercados, los cines, los centros culturales y de ocio, los estadios deportivos. ¿Por qué la arbitrariedad de limitar a un número concreto?
¿Con qué criterios? Tanto la legislación española como la europea y la internacional están a favor del derecho a la libertad religiosa y de culto. Limitar este derecho fundamental supone atentar contra uno de los núcleos esenciales de la dignidad de la persona. Por cierto que los derechos se defienden en los tribunales.
Tan preocupante es que se tomen estas medidas desproporcionadas como que no haya una respuesta contundente ante esta intromisión del poder estatal. ¿Va a ser ahora el poder civil quien le diga a la Iglesia qué tiene que hacer? ¿Quién va defender la libertad de la Iglesia, de los católicos?.
El filósofo Sergio Sánchez-Migallón ha escrito que «el miedo a sufrir se ha aliado con el autoabandono en manos del poder, de un poder anónimo e insólito (amalgadamente científico, policial, político, económico y hasta moral), pero tan tremendamente poderoso que ha sustituido nuestra conciencia (la conciencia de los deberes y derechos vitales, nunca mejor dicho). En realidad, ese poder no ha sustituido nuestra conciencia –no puede tanto-, sino que nosotros hemos dejado que la sustituya, en una dejación masiva inédita». Por cierto, que el arzobispo de Arequipa, el español Javier del Río, ha escrito una carta pastoral titulada «Otro grave error del gobierno» sobre esta cuestión. Nada similar he leído, de momento, por España.
