La Autoridad de Supervisión e Información Financiera de la Santa Sede (ASIF) informó que en el año 2020 recibió 89 informes de actividades sospechosas, 16 de las cuales fueron reenviadas al promotor de justicia para un posible proceso, informa ACI Prensa. Así lo indicó el informe anual de 52 páginas que fue publicado por el Vaticano este 15 de julio.
En el documento difundido en inglés e italiano, la ASIF subrayó “una tendencia en aumento” en la proporción de informes enviados en comparación con el número recibido. “En cuanto a la inteligencia financiera, en 2020 la Autoridad recibió 89 informes de actividades sospechosas (SAR), 85 de los cuales provenían de la entidad supervisada, 2 de las autoridades públicas, 1 de una organización sin fines de lucro (ONG) y 1 de otra entidad», señaló el informe.
Además, el documento señaló que en 2020 envió 16 de estos informes a la oficina del promotor de justicia vaticano, hecho que confirma una tendencia creciente “y demuestra una mejora constante en la calidad”.
También demuestra, suponemos, el preocupante número de actividades financieras sospechosas en el diminuto Estado Vaticano, que en este momento se haya envuelto en el escándalo Becciu, como ya puede llamarse en justicia, y del que siguen apareciendo nuevos detalles.
Y los detalles, extraídos de abundante documentación recién revisada, desmonta la versión inicial de la justicia del Vaticano, donde parece querer imponerse un sencillo guión en el que el único ‘malo’ en la Curia sería el defenestrado cardenal Angelo Becciu. Los demás -el secretario de Estado Pietro Parolin, el ‘sostituto’ Edgar Peña y el propio Papa- serían víctimas ingenuas del astuto prelado sardo. Hoy, nos informa nuestro impagable Specola, aparece publicada una carta que el cardenal Parolin remite a la dirección de Crédit Suisse el 21 de diciembre de 2016: “No hay limitación en cuanto al uso del crédito antes mencionado”. Las acusaciones del proceso ocupan 500 folios, el dosier documental 29 mil páginas.
Por Carlos Esteban.
Infovaticana.
