Las tormentosas finanzas del Vaticano siguen agitando la Santa Sede y a quien trata de domesticarlas. Esta vez le ha tocado al jefe de seguridad del Vaticano, Domenico Giani. El hombre que durante 20 años ha cuidado de la integridad de tres papas ha tenido que dimitir por la filtración de información confidencial sobre una proceso por irregularidades financieras que afectaba a cinco trabajadores de la Santa Sede. Uno de ellos, paradójicamente, era el encargado de la oficina contra el blanqueo de capitales (AFI), que trata de liquidar una era de fraudes económicos y turbias operaciones bancarias.

El 1 de octubre se había difundido una orden confidencial de medidas cautelares contra cinco empleados. El semanario L’Espresso la publicó con las fotografías, nombres y cargos de los suspendidos. Además de Tommaso Di Ruzza, director de la citada AIF, había dos altos cargos de la Secretaría de Estado, Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, y el jefe del Departamento de Información y Documentación, monseñor Mauro Carlino (que vive en la misma residencia que el Papa y fue el secretario del cardenal Angelo Becciu). Francisco se enfadó profundamente, llegando a calificar la filtración «de pecado mortal».

La Santa Sede que, pese al enfado mostrado por la filtración, no ha dado explicaciones detalladas sobre el contenido de la información, sí consideró que la revelación «perjudicaba gravemente tanto la dignidad de las personas implicadas como la imagen de la Gendarmería». Según la versión oficial, ha sido el jefe de la Gendarmería -un cuerpo cada vez más militarizado y que ha copado todo el peso de la seguridad del Vaticano, desbancando a la Guardia Suiza- quien ha presentado la dimisión.

La oficina de comunicación vaticana ha difundido que el Papa conversó «largamente» con él para expresar «su aprecio por su gesto, expresión de libertad y sensibilidad institucional» y por el trabajo que «ha realizado con humildad y discreción al servicio» de la Santa Sede”. De hecho, incluso fue entrevistado por la web de comunicación del Vaticano. La puesta en escena ha sido la de una despedida con todos los honores para un hombre que ha servido con lealtad a los últimos tres pontífices. Sin embargo, algunos en el Vaticano consideran que se trata un nuevo capítulo de guerra sucia en la Santa Sede y el regreso de los cuervos.

Los escándalos de filtraciones no son nuevos y acompañaron fuertemente el proceso de transición entre Benedicto XVI y el actual Pontífice. En 2012, el caso conocido como Vatileaks, partió del robo de documentos por parte de Paolo Gabriele, quien era el hombre de confianza de Joseph Ratzinger. Con aquel recuerdo y la amenaza terrorista, Giani había adquirido una cuota de pooder mayor que, tal y como demuestran las acusaciones anónimas que llegaron estos últimos días contra él, no convencían a todo el mundo en la curia.

El problema de fondo, recurrentemente combatido, se mantiene. La falta de control y los problemas que generan las finanzas y las inversiones del Vaticano siguen aflorando cada tanto. Esta vez, el promotor de Justicia (fiscal) Gian Piero Milano ordenó la incautación de documentación y aparatos electrónicos en la Secretaría de Estado de la Santa Sede. La operación surgió de unas denuncias presentadas al principio del pasado verano por banco vaticano (IOR), y por la Oficina del Revisor General, un puesto altamente inflamable que también ha provocado turbulencias y que debería encargarse de auditar la administración vaticana.

Los cinco implicados están siendo investigados por ser sospechosos de haber participado en operaciones financieras millonarias irregulares, entre ellas compraventas de inmuebles en el extranjero, particularmente en Londres. Las transacciones irregulares de las que se sospecha participaron están relacionados con compras de inmuebles millonarios realizadas en el exterior, en particular en Londres. El caso está en manos de la justicia vaticana que investiga si hubo fraude en operaciones inmobiliarias con dinero de la Santa Sede.