Al igual que en el viejo sistema hegemónico, el partido oficial era un apéndice del Presidente, quien lo usaba como un instrumento para equilibrar y compensar a las fuerzas al interior; para atacar a la oposición y para consolidar su proyecto.
Es decir, en el partido oficial quien realmente mandaba era el Presidente, en el ritual priista él era el “jefe nato del partido”.
Y así como era con el Partido Revolucionario Institucional, ahora el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) juega ese mismo papel en el actual régimen.
Pero tiene un problema formal: no deja de ser un movimiento, no termina de estructurarse como un partido y han brotado casos de corrupción, violencia, acusaciones, exclusiones de todo tipo entre las distintas corrientes a su interior.
Eso representa un problema serio, ya que legamente el proceso electoral federal del 2021 inicia el 1 de septiembre, es decir, dentro de tres semanas y la dirigencia nacional de Morena no tiene un reconocimiento legal pleno; sus dirigencias estatales y municipales, tampoco y ese desorden se vuelve factor fundamental para el futuro del régimen.
El próximo año estarán en juego 3 mil 465 cargos de elección popular: la renovación de las 500 diputaciones federales; 15 gubernaturas; la renovación en 30 congresos locales; y la renovación de ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades.
Es la primera ocasión en que habrá reelección en alcaldías y en el Congreso federal.
Todas las competencias son importantes, pero para el proyecto de gobierno es fundamental que Morena logre mantener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y para Morena es necesario refrendar la voluntad popular para competir en el futuro.
Alinear al gobierno y al partido oficial lo resolvió el priismo dejando ambas riendas en el Presidente de la República y todo indica que López Obrador hace exactamente lo mismo.
Para darnos una idea del poder que eso significa baste con referir que habrá algo así como 48 mil candidaturas en juego, con lo que mplica de presupuesto, de proyección en carreras políticas, de alineación de fuerzas hacia el 2024, etcétera.
Y será la voluntad presidencial la que más pese, no la de los militantes o de una estructura partidista formal.
Mientras los tiempos legales corren, para el Gobierno y el partido oficial las cosas se complican:
- Hay demandas penales de la actual dirigencia nacional en contra de la anterior dirigencia por mal uso de cientos de millones de pesos.
- Hay denuncias en varios lugares sobre el mal uso de recursos públicos para favorecer a corrientes y grupos internos del partido oficial, como en el caso de la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México.
- Hay una disputa entre los grupos de Morena actuantes tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores tanto por hacer prevalecer una agenda ideológica como por posiciones de poder en esas estructuras.
- Hay entidades en donde Morena no tiene dirigencia estatal.
- Hay pugnas de las diversas corrientes del partido oficial que actúan en el gobierno federal y exhiben las contradicciones internas, el caso más reciente fue el del titular de Semarnat Víctor Toledo.
- Hay una indefinición sobre el método con el cual habrá de legitimarse la elección de las dirigencias y ahí es donde más se asoma la sujeción al poder presidencial, pues la única alternativa en discusión es realizar una encuesta entre militantes, sugerencia hecha por el Jefe del Ejecutivo desde el año pasado.
- Hay acciones de gobierno que generan reacciones violentas de quienes fueron aliados en el 2018, como el caso de las feministas radicales (apadrinadas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero) o la queja de la CNTE de haber sido excluidos del acuerdo para reiniciar clases virtuales vía las televisoras o la demanda por plazas automáticas a los egresados de las normales.
Esta visión del partido oficial puede explicar en alguna medida las presiones de otros aliados, como el caso del Partido del Trabajo que a toda costa ha tratado de sumar un número de diputados para presidir la mesa directiva de San Lázaro a partir de mediados de este mes y que fue enfrentado públicamente por el otro aliado, el Partido Encuentro Social que denunció que el PT estaba comprando en millones de pesos a cada diputado.
Pasa el tiempo y la corrupción sale a borbotones del partido oficial y sus alidos.
Otros dos factores influyen para el escenario preelectoral, además de la descomposición del partido oficial, el primero es que su suerte está ligada a los resultados del gobierno federal y en ese sentido las encuestas marcan una baja sensible en la credibilidad por la mala gestión de los problemas económicos, de seguridad y de salud.
El otro factor es que Andrés Manuel López Obrador no estará en las boletas electorales y es incierto que todas las maniobras políticas que pueda ejecutar de aquí a junio del próximo año abonen a su credibilidad y a la de su partido.
Al igual que en el viejo régimen, la corrupción, las componendas de la simbiosis gobierno-partido solo buscan alinear recursos, estructuras y fuerza para sus intereses y para imponer su proyecto ideológico.
Al igual que sucedió con el viejo régimen, solo una ciudadanía participativa, responsable, organizada será la que pueda realmente definir el futuro de México.
