Isabella Piro – Ciudad del Vaticano

Con 136 votos a favor, 78 en contra y 4 abstenciones, el Parlamento de Portugal ha aprobado ayer por la tarde el proyecto de ley que despenaliza la muerte asistida, es decir, la eutanasia y el suicidio asistido. «Tristeza e indignación» expresa la Conferencia Episcopal local (Cep) que, en una nota, deplora que la aprobación se haya producido en plena pandemia de Covid-19, en la que «todos queremos comprometernos a salvar el mayor número de vidas posible, aceptando restricciones de libertad y sacrificios económicos sin precedentes». «Es una contradicción – reiteran los obispos – legalizar la muerte en este contexto, rechazando las lecciones que esta pandemia nos ha dado sobre el precioso valor de la vida humana, que la comunidad en general y los trabajadores de la salud en particular están tratando de salvar de manera sobrehumana». El proyecto de ley aprobado «ofende el principio de inviolabilidad de la vida humana consagrado en nuestra ley fundamental», añadieron los prelados, que recordaron que, a pesar de haber sido aprobada, la legislación «aún puede ser objeto de revisión constitucional».

La vida debe protegerse especialmente cuando es más frágil

Por ello, la Cep define como inaceptable el hecho de que la eutanasia sea «una respuesta a la enfermedad y al sufrimiento», porque aceptar esto supone «renunciar a aliviar el mismo sufrimiento y transmitir la idea errónea de que la vida marcada por el sufrimiento y el dolor deja de merecer protección y se convierte en una carga para sí mismos, para los que nos rodean, para los servicios sanitarios y para toda la sociedad». De ahí que el llamamiento sea a proteger la vida, «sobre todo cuando es más frágil, con todos los medios y, en particular, con el acceso a los cuidados paliativos, que la mayoría de la población portuguesa aún no tiene».
Queremos más que nunca acompañar a todos los enfermos con amor

Deplorando «una política legislativa que atenta contra la dignidad de toda vida humana», los obispos portugueses lamentan también «una involución cultural sin precedentes, caracterizada por la absolutización de la autonomía y la autodeterminación de la persona», contra la que «debemos reaccionar enérgicamente». «Ahora más que nunca -concluyen los prelados- reforzamos nuestra intención de acompañar con cuidado y amor a todos los enfermos, en todas las fases de su vida terrenal y especialmente en la fase final.

Peticiones de los católicos a los diputados

El debate sobre la legalización de la eutanasia ha sido muy acalorado en los últimos meses y la Iglesia católica ha hecho oír su voz con frecuencia, reiterando la importancia de proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, a la vista de la votación de hoy, los católicos han vuelto a salir al campo para decir no a las prácticas de eutanasia. «Pedimos a los diputados, por última vez, que reconsideren su posición cuando voten la ley y pedimos al Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que haga todo lo que esté a su alcance para detener la legalización de la eutanasia en Portugal», se lee en un documento conjunto firmado por varias entidades católicas, entre ellas la Cáritas nacional, la Universidad Católica y la Unión de las Misericordias. «En un momento oscuro de la historia del país -continúa la nota- que desde hace dos semanas registra más de doscientos muertos al día víctimas de Covid-19, (…), la aprobación de la eutanasia representaría una falta de respeto a todas estas personas». No sólo eso: los firmantes reiteraron que la legislación va en contra del parecer del Consejo Nacional de Ética y de la opinión de miles de ciudadanos.

En tiempos de Covid los portugueses luchan por la vida

La Federación Portuguesa por la Vida también había hablado de un procedimiento «profundamente chocante» que, en un comunicado, apelaba «a la conciencia de los parlamentarios, independientemente de su posición sobre la eutanasia, para que reconozcan el sacrificio de toda la sociedad en esta lucha desesperada contra la pandemia y eviten la aprobación de esta ley». «Mientras se estima que cada cinco minutos muere un paciente de Covid-19 – continúa el texto – aprobar la muerte por petición sería una muestra de fuerte disonancia con el país real: el Parlamento legisla sobre la muerte, mientras los portugueses luchan por la vida, combatiendo la pandemia».

«No es el momento de abandonar a la soledad a quienes dudan del valor de su vida», escribieron los jesuitas de Portugal. «La soledad, la enfermedad, el cansancio físico y emocional enfrentan a muchos de ellos a la pregunta sobre el sentido de la vida. Y en los hospitales, el personal sanitario se agota en el esfuerzo sobrehumano de atender y preservar la existencia de todos los enfermos». En este contexto, por tanto, resulta «profundamente inquietante que una ley del Parlamento se convierta en una premisa válida para decir que hay situaciones en las que ya no merece la pena vivir». De ahí el llamamiento de los religiosos para que todos asuman «la responsabilidad de defender y promover la vida», porque «es precisamente cuando nos vemos obligados a permanecer más aislados cuando más necesitamos reforzar la solidaridad». Y en cambio, el Parlamento parece dispuesto a «romper estos lazos de solidaridad».

El Presidente de la República se enfrenta a tres posibilidades

Cabe recordar que la ley sometida a votación es el resultado de cinco proyectos normativos sobre la legalización de la eutanasia aprobados el 20 de febrero de 2020 por la Asamblea de la República. Las cinco propuestas fueron recogidas en un único documento por la diputada del Partido Socialista, Isabel Moreira. Rechazada, en cambio, en octubre de 2020, la propuesta de celebrar un referéndum popular sobre el tema. Ahora la legislación se enviará al Presidente de la República, que tendrá tres opciones: promulgarla, vetarla y entonces enviarla de nuevo a la Asamblea para que confirme el voto, o enviarla al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre ella.

¿Qué prevé la ley aprobada?

Si finalmente se aprueba, la ley que autoriza la «muerte médicamente asistida» convertiría a Portugal en el cuarto país de Europa en legalizar la eutanasia, después de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Según la legislación, los ciudadanos portugueses mayores de edad y residentes en Portugal que se encuentren en «una situación de sufrimiento extremo, que presenten lesiones irreversibles» o que padezcan una «enfermedad incurable», pueden recurrir a esta práctica de muerte. La petición del paciente de poner fin a su vida debe ser validada por varios médicos, así como por un psiquiatra, cuando existan dudas sobre la capacidad de la persona para tomar una decisión «libre y consciente». Esta elección deberá ser declarada de nuevo en presencia de testigos, el último día de la vida del solicitante. La muerte asistida puede llevarse a cabo en las instalaciones del servicio nacional de salud o en otro lugar «elegido por el paciente», siempre que tenga «condiciones clínicas y de confort adecuadas».