Un tribunal colombiano que investiga crímenes de guerra dijo el martes que el grupo guerrillero más grande del país reclutó al menos a 18.600 niños en sus filas entre 1996 y 2016, cuando hizo las paces con el gobierno.
El Tribunal Especial para la Paz dice que llamará a los ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, a declarar mientras continúa investigando el reclutamiento forzoso de niños para el ahora desmovilizado ejército guerrillero.
La estimación publicada por el tribunal de paix proviene de 31 bases de datos compiladas por investigadores del gobierno, grupos de derechos humanos y familiares de niños que han sido reclutados para la guerrilla. Excede una estimación anterior del Fiscal General de Colombia, quien dijo en 2016 que las FARC reclutaron por la fuerza a 11.500 niños en sus filas.
El tema del reclutamiento forzoso es un tema controvertido en Colombia, donde las heridas del conflicto de cuatro décadas entre las FARC y el gobierno colombiano aún están frescas.
En una entrevista con el periódico local El Tiempo el año pasado , el ex comandante de las FARC Rodrigo Londoño negó que la guerrilla tuviera una política de reclutamiento de niños menores de 15 años. Rodrigo Londoño dijo que muchos jóvenes de 15, 16 y 17 años se incorporaron «voluntariamente» a la guerrilla y que en las zonas rurales los colombianos mayores de 15 años ya eran considerados adultos.
Sin embargo, según la ley colombiana, solo las personas mayores de 18 años se definen como adultos.
Según el tribunal de paz, las FARC reclutaron al menos 5.600 niños menores de 14 años en el espacio de dos décadas.
El tribunal continuará su investigación convocando a 26 exlíderes del «bloque oriental» de las FARC, quienes se cree que han estado muy involucrados en el reclutamiento de menores.
Según el acuerdo de paz de 2016, los veteranos que trabajan con el tribunal de paz pueden evitar la cárcel si los jueces determinan que han dicho la verdad sobre los crímenes de guerra. Pero el tribunal puede ordenarles que otorguen reparación a las víctimas. A quienes no cooperen y se les declare culpables se les puede prohibir el desempeño de cargos públicos y enfrentar hasta 20 años de prisión.
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