Con la información obtenida durante cuatro años de mantener sometidos a juicios a políticos priístas; ex policías federales; narcotraficantes; ex secretarios, el gobierno de Donald Trump apunta a desmantelar algunas redes de protección política a la delincuencia organizada.
Esa caja negra de la corrupción al más alto nivel político (Mochila Política 7. 11 abr 2017 http://geoenlace.net/mochilapolitica/archivo/debb9b_3a55e1569d.pdf) ha venido desvelando redes corruptas de poder sobre las cuales siempre se especuló en México, pero que ningún gobierno las había investigado y judicializado.
En esa cadena caben las revelaciones de Joaquín El Chapo Guzmán; Vicente Zambada Niebla; Genaro García Luna; Tomás Yarrington Ruvalcaba; Edgar Veytia entre otros. Pero a pesar de ello, el actual gobierno ha sido omiso para actuar y ha optado por no investigar a nadie aquí y solo colabora con las autoridades norteamericanas.
La detención del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos podría ir en esa línea y amén de los daños institucionales que ya se hicieron al interior de las fuerzas armadas y en la sociedad, aún falta que se prueben las acusaciones por las cuales fue detenido.
Vale la pena considerar algunas aristas del asunto
La primera es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha erigido en un transformador de sistema político y por ello ha buscado mantener a las Fuerzas Armadas como un pilar para la estabilidad. Bajo esa óptica se clarifican sus decisiones de otorgarles múltiples y variadas tareas, pues así busca mantenerlas cohesionadas y subordinadas a su proyecto ideológico.
Otra es que la institucionalidad de su Gobierno está atrapada por su manipulación discursiva. Su permanente discurso en contra de la corrupción (que no es más que un pretexto para ajustes selectivos de sus adversarios) abrió la puerta a las acciones del gobierno estadounidense y ahora está en un problema de repercusiones aún incalculables, puesto que él es el Jefe de las Fuerzas Armadas.
López Obrador no ha combatido ni la corrupción política ni a la criminalidad.
Si de la detención de Genaro García Luna ha hecho un festín político ideológico en contra de los “corruptos neoliberales, neoporfiristas”, de la del General muy difícilmente podrá manipularla para su proyecto ideológico. Es claro que el papel fundamental del Ejército, su lealtad e institucionalidad merecen respeto.
El gobierno de Donald Trump actuó en territorio propio, bajo sus leyes y procesos con lo cual salva cualquier pretexto para acusarlo de intromisión, por ello es entendible que a López Obrador solo le haya quedado quejarse de que no le avisaron.
Apenas 15 días antes de la detención, el jefe interino de la DEA (responsable de la detención de Cienfuegos) estuvo de gira en México y se reunió con el gabinete de seguridad nacional.
Frente al golpe moral a los militares, al Presidente pimero titubeó y después salió a defender a las fuerzas armadas como institución, a reiterarles reconocimiento y confianza. Para deslindarse dijo que su gobierno no tenía ninguna averiguación abierta.
No basta su personal reconocimiento, la detención de Cienfuegos daña la credibilidad del Ejército Mexicano, la institución más creíble del país junto con la Iglesia Católica.
Además, la sola detención del ex titular de la Sedena da argumentos a todas las organizaciones radicales nacionales e internacionales que han acusado al Ejército de haber servido solo como un instrumentor represor. Por ejemplo, esos grupos radicales que operaban en la CNDH dejaron un estudio sobre el Caso Ayotzinapa en donde acusan al Ejército de ser parte de la delincuencia organizada.
Figuras de esos grupos están en el entorno cercano al Presidente.
Unas malas relaciones
Desde su creación en 1973, la DEA ha desconfiado del Ejército Mexicano.
Ciertas o no, las versiones sobre el involucramiento de altos mandos del Ejército con la delincuencia organizada construyeron un muro de desconfianza mutua, la cual solo se agravó con la detención del extinto General Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997.
Pero once años después, otro hecho modificó el eje de esas relaciones.
Por razones aún no explicadas, Felipe Calderón Hinojosa autorizó en 2008 a la Marina Armada de México a firmar un convenio con el Pentágono, lo cual les dio cobertura para operaciones conjuntas en territorio mexicano. La más llamativa fue el operativo en donde cayó muerto Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca en 2009.
El pacto abarcaba intercambio de información y la confidencialidad sobre las operaciones, incluso por sobre un tercer gobierno.
Si bien se transmitió una percepción de efectividad y limpieza de la Marina (lo cual no es del todo cierto), solo ahondó la desconfianza entre los norteamericanos y el Ejército Mexicano.
La detención de Cienfuegos abre una gran interrogante.
De los daños y el escenario
Es innegable que ningún gobierno, mexicano o estadounidense, había sometido a juicio a tantos personajes relacionados con el narcotráfico (impensable en un periodo tan corto de cuatro años) como lo ha hecho el gobierno de Donald Trump.
Difícil predecir el puerto al cual llevará el estadounidense toda esta maraña de intereses, pero por ahora ha marcado de tal manera al gobierno mexicano que habrá que estar atentos si se trata de instrumento de presión para el real combate a la delincuencia o un acuerdo para beneficio mutuo.
Para los mexicanos, sus Fuerzas Armadas son el principal bastión de seguridad para todos y estos hechos abren una oportunidad para respaldarlas y vigilarlas.
Un ejemplo de ello fue en días pasados, cuando el Movimiento Blanco y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal hicieron un reconocimiento al General Tomás Ángeles Dauahare y al Comisario General Javier Herrera Valles por haber testimoniado la verdad aún a costa de su libertad.
“Las organizaciones de la sociedad civil y las Fuerzas Armadas estamos integradas por mexicanos, con la misma identidad nacional, con los mismos valores humanos y familiares, y debemos unirnos para poner en su lugar a otros mexicanos que traicionando su conciencia y deberes hacen daño grave a la sociedad con su violencia”, afirmó José Antonio Ortega Sánchez en su mensaje.
Ángeles Dauahare y Herrera Valles pusieron la seguridad ciudadana y la verdad por encima de su libertad, señaló Ortega Sánchez y acotó que “cumplieron con su deber y cumplieron con su conciencia. Que lo sepan sus familiares, amigos y la sociedad entera”.
