Dentro de la incesante defensa en favor de la vida que se libra en México, una nueva batalla política se ha librado en el Congreso del estado mexicano de Colima. La contienda, sin embargo, se desdobla en dos frentes que no deben confundirse:
1.- De un lado se generó nueva confrontación entre los defensores de la Cultura de la Vida y los promotores de la Cultura de la Muerte, por el afán de éstos últimos de añadir una causal más a la despenalización del aborto: permitir la práctica criminal de éste, hasta las 12 semanas de gestación, y
2.- Del otro lado se han confrontado callejeramente dos fuertes grupos de poder, al amparo del supuesto interés que ambos dicen tener por la protección de los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado. Esta última contienda resulta altamente significativa, ya que precisamente Colima es una entidad que durante casi 80 años estuvo gobernada por un mismo Partido polìtico, el PRI, que impidió la alternancia democrática no sólo en ese territorio, sino en todo México.
Las dos confrontaciones vividas en el estado mexicano de Colima en las últimas horas (tanto por la defensa de la vida, como por cambios en disposiciones legales para ejercer trabajo en la vía pública y dentro del gobierno), ponen sin embargo a prueba tanto al nuevo régimen (el primero no priista en 72 años) que principiará formalmente el primer día de noviembre próximo, así como también a la mayoría legislativa estatal, compuesta por integrantes del partido MORENA.
En efecto, el estado mexicano de Colima, en sus últimos 72 años de existencia fue gobernado por militantes del PRI (Partido Revolucionario Institucional), al que el escritor peruano Mario Vargas Llosa calificó de haber implantado en México «la dictadura perfecta».
Sin embargo, en las elecciones celebradas apenas el pasado 6 de junio, se produjo la primer derrota reconocida oficialmente de un candidato del PRI al gobierno del estado (en este caso se trató de la candidata priista Mely Romero Celis) y tal resultado arrojó también la reconformación del Congreso estatal: esto es, de los 25 legisladores que lo integran, la mayoría ahora pertenece a MORENA, y ya no al PRI, como fue costumbre durante más de siete décadas. Ahora, la nueva gobernadora que asumirá el cargo en Colima, en noviembre venidero, es Indira Vizcaíno.
En medio de tal contexto histórico-político, un par de días atrás, el miércoles 29 de septiembre, Día de San Miguel arcángel, se registró lo que se ha dado en llamar «una batalla entre el bien y el mal» en el Congreso colimense.
El punto central fue que la mayoría de los legisladores (los 10 de MORENA más los 2 del Partido Verde Ecologista y el único del PANAL o Nueva Alianza) sesionaron en una sede alterna a la del Congreso: esto es, arrendaron instalaciones del antiguo Hotel Ceballos (hoy Concierge), en el llamado Centro Histórico de la capital del estado, entre otras cosas con el propósito de discutir y modificar ordenamientos en torno a la despenalización del aborto.
De hecho, el Congreso local ya había aprobado algunas modificaciones el pasado 1 de septiembre, con el objeto de «reglamentar» y «garantizar» la aplicaciòn de abortos en los casos de violación o inseminación no autorizada, autorizados legalmente desde la década de los años 80. Sin embargo, a partir de los cambios legales introducidos por el Congreso el primer dìa de septiembre de este año, tanto al Código Penal como al Código de Procedimientos Penales y a la Ley de Salud del Estado, el aborto debe ahora autorizarse en un término máximo de 48 horas después de la presentación de la solicitud ,y la Secretaría de Salud (SS) tendrá un plazo de hasta cinco días para practicarlo. Adicionalmente, la misma SS queda obligada a contar con personal no objetor de conciencia para matar al bebé dentro del seno materno.
A pesar de todo ello, lo que buscó la nueva mayoría legislativa del estado de Colima el miércoles de ésta semana, fue reformar la Constitución del estado; el artículo 2 fracción 1, que reconoce la existencia vida humana desde el momento de la concepción. Lo que ahora propuso fue una reforma al Código Penal, para añadir una causal más para la despenalización del aborto: legalizarlo hasta las 12 semanas de gestación.
Frente a tal propuesta, tal y como ha sucedido en otros estados de la República mexicana donde se ha llevado a cabo una reforma de dicha naturaleza, tanto personas en lo individual como familias y organizaciones defensoras de la vida y la familia, se manifestaron en contra del aborto. Y demandaron de los legisladores del Congreso el respeto íntegro a la vida de toda persona; esto es, su protección desde el momento mismo de la concepción, hasta la muerte natural.
De esa manera se produjo una nueva confrontación directa entre los defensores de la vida y los promotores del asesinato de los seres inocentes e indefensos en el seno materno.
Decenas de personas, sobre todo mujeres con sus pañoletas azules, hicieron acto de presencia en las afueras del recinto donde sessionaban los legisladores, para demandar el respeto íntegro a la vida humana y dejar en claro que en supuesto nombre de ellas («las mujeres»), no debe legalizarse el crimen del aborto.
2.- Sin embargo, la legítima defensa de la vida que hicieron colimenses a las afueras del recinto hotelero, investido de «alterno» al oficial del Congreso, se vio mezclada con la protesta que algunas agrupaciones sindicales adheridas al PRI organizaron, por pretendidas reformas laborales de la misma mayoría legislativa en el Estado.
En efecto, lo que la mayoría legislativa MORENA-Verde-PANAL también impulsó fue la desaparición de magistrados colegiados en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE), que atienden todo lo relativo a las controversias de los servidores públicos. Lo que pretendía la mayoría legislativa era, en cambio, la creación de un «Tribunal Unitario». Dirigentes de los sindicatos argumentaban que, hacerlo, podría representar la vulneración del principio de imparcialidad jurídica.
A estos últimos dirigentes sindicales, se unieron propietarios de taxis, opuestos a que el Congreso permitiera la libre circulación de «bicitaxis», por representarles una competencia directa.
Las dirigencias de los sindicatos están conformadas, mayormente, por militantes del ahora partido de oposición, el PRI. Fue por ello que no sólo se produjo la manifestación legítima de desacuerdo con las reformas pretendidas por la ahora mayoría legislativa de MORENA, por parte del Sindicato de trabajadores del gobierno del Estado, sino que incluso otras agrupaciones –de taxistas y camioneros urbanos–, participaran en un bloqueo al Centro Histórico de la Ciudad de Colima. Y tal bloqueo fue entonces aducido como factor de impedimento para que los legisladores pudieran sesionar, discutir y aprobar o rechazar las distintas iniciativas enlistadas. Durante horas, los legisladores quedaron en calidad de secuestrados dentro de las instalaciones hoteleras. Sin embargo, luego de negociaciones, acordaron no autorizar los «bicitaxis», pero en contraste se mantuvieron firmes y, por la noche del jueves, aprobaron la desaparición del TAE. O sea, del Tribunal de Apelaciones y Escalafón. Esto lo consiguieron los legisladores, gracias a la protección policial que recibieron.
De acuerdo con la normatividad vigente, a los congresistas solo les queda este día, viernes, para discutir y rechazar o aprobar las distintas iniciativas de reforma presentadas.
Así que fueron dos asuntos, de naturaleza distinta, los que generaron tensión en el Congreso del estado de Colima. Dentro y fuera de él, desde el miércoles pasado.
El más sobresaliente, sin demérito de la legitimidad de los derechos de los trabajadores del sector público, es a todas luces el de la defensa de la vida.
Los colimenses se han manifestado abiertamente en estado de alerta, para defender lo más sagrado: la niñez colimense y el derecho a la vida de cualquier persona. Y este viernes nuevamente harán sentir su presencia y rechazo a la despenalización del aborto.
