Todos coinciden en elevar el reclamo y denunciar la injusticia, preguntas y más preguntas, sentencias y llamados. Lo del 9 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez jamás debió suceder, sin embargo, es otro eslabón de la cadena del oprobio que miles de personas viven en su paso por México para huir de la penosa realidad de sus países. 160 personas eran trasladadas en un contenedor de tráiler cual animales. Sus condiciones no eran las mejores. Sin la menor consideración ni cuidados, niñas, niños y adultos, vieron cara a cara a la muerte y eso tuvo detrás muchos factores conocidos. Un tema que salta de sexenio a sexenio, empeorando las cosas, sólo aplicando la conveniente retahíla de promesas como trampolín de campaña para que, al final, poco suceda en bien de los migrantes.
El horroroso e inmoral tráfico de personas tiene hoy un ascenso incontrolable. Administrado por los señores del crimen organizado, estas células delincuenciales toman las riendas de lo que estiman un jugoso negocio cuando, por cabeza, pueden cobrar más de 200 mil pesos por traslado de México a Estados Unidos. En esta trama, la corrupción es evidente, saben que ocurre, pero todos disimulan. Si existe este delito es porque alguien con poder lo tolera. Para esas redes, la vida y dignidad de las personas es lo de menos: Son mercancía, sólo representan ganancias.
México se ha convertido en una tumba. El país entero es una gran fosa de cadáveres de desaparecidos y sentencia a muerte a los migrantes. Los presuntos remedios políticos han demostrado la decepcionante actuación de las instancias federales que ya no tienen capacidad probada para atender el problema, esto los ha rebasado. A esto se suma el drástico giro de la administración estadunidense reanudando la política de inmigración que implantó Donald Trump, ‘Quédate en México’, o los Protocolos de Protección al Migrante para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos estén obligados a residir en México hasta la resolución de los casos en Estados Unidos.
Con el pretexto de que esto pasa “por la lentitud del elefante reumático”, las hipócritas expresiones de solidaridad del presidente de la República reflejan la indiferencia ante el dolor. Un día después de la tragedia, el presidente placeaba desayunando burritos en Chihuahua, mientras nadie en el gabinete de seguridad atinaba en dar respuestas acerca de la circulación del tráiler en una carretera con retenes de la policía municipal y la Guardia Nacional. Nadie supo que había pasado o bien fue la comedida “falta de memoria” que encubrió a los responsables.
Este desafortunado accidente se suma a otros crímenes contra migrantes escribiendo un capítulo negro en nuestra historia. La masacre de san Fernando, las decenas de fosas clandestinas en la frontera, la violación a los derechos humanos, los golpes, robos y vejaciones, el uso excesivo de la fuerza, los maltratos de parte de la Guardia Nacional y la policía constituyen una evidencia desafortunada del fracaso de los planes migratorios.
La Conferencia del Episcopado Mexicano, en reiteradas ocasiones, ha pronunciado enérgicos llamados para que las autoridades tomen en serio esta cuestión. Sobre esta última tragedia, los obispos de México remarcan que la situación es caótica y a pesar de toda su capacidad de movilización y ayuda, los esfuerzos ya son insuficientes. Por eso, insiste: “Corresponde al Gobierno de México crear condiciones dignas para el ejercicio de todos los derechos para todas las personas de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Con razón, el arzobispado de Tuxtla Gutiérrez lanza serias preguntas que deben tener respuesta de inmediato para sacar adelante a ese “elefante reumático” siempre pretextado por el presidente: “¿Cómo es posible que un tráiler lleno de migrantes pase desapercibido por los puntos de revisión? ¿Cómo es posible que se permita que decenas de personas viajen en esas inhumanas condiciones poniendo en peligro sus vidas? ¿Qué autoridades están coludidas para que sucedan estas cosas?
Por Guillermo Gazanini Espinoza.
Centro Católico Multimedial.
