Durante la Guerra Civil española (1936-1939), el bando frentepopulista fue responsable del asesinato de 7000 religiosos (obispos, sacerdotes, monjas y seminaristas) y de una cifra que oscila entre 60.000 y 70.000 seglares que murieron por odio a su fe católica.
Por la magnitud de esta masacre, y porque una gran parte de estos crímenes fueron acompañados de torturas y violaciones, puede hablarse de un «genocidio» católico en España en ese periodo, afirma Ángel David Martín Rubio, sacerdote y doctor en Historia, deán de la catedral de Cáceres, y con varias monografías y libros publicados en torno a la represión en ambas retaguardias.
Una iniciativa que nace en el Parlamento Europeo
Martín Rubio expone estos hechos en un trabajo (¿Fue la persecución de las izquierdas a los católicos equivalente a un genocidio?) incluido en el volumen titulado «Memoria histórica», amenaza para la paz en Europa que ha publicado el grupo ECR del Parlamento Europeo (Conservadores y Reformistas Europeos, por sus siglas en inglés), en el que se integra, entre otros, el partido español Vox.
El libro responde al impulso del europarlamentario Hermann Tertsch y ha sido coordinado por el escritor y periodista Pedro Fernández Barbadillo. Además de los tres citados, participan, con distintas aportaciones correspondientes a aspectos específicos de la «memoria histórica» y su manipulación, Francisco José Contreras, Stanley G. Payne, Fernando Sánchez Dragó, Pedro Carlos González Cuevas, Alfonso Ussía, Jesús Laínz, Luis E. Togores, Miguel Platón, Javier Barraycoa, Alberto Bárcena, José Manuel Otero Novas y Jesús Palacios.
El libro se ha publicado en papel en edición sin distribución comercial, y está siendo remitido a todos los diputados y senadores y parlamentarios autonómicos que forman parte de las diferentes comisiones de la «memoria histórica» o «memoria democrática» constituidas en las diferentes instituciones representativas españolas. Puede descargarse gratuita y legalmente en formato PDF pinchando en este enlace.
Las cifras del genocidio
Ángel David Martín Rubio sostiene que la persecución religiosa en España remonta en sus orígenes a la misma proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, «cuando llegó al poder una coalición que coincidía en considerar a la religión como un obstáculo al progreso y un instrumento del régimen derrocado».
Pero fue sobre todo en los diez primeros meses de la guerra (de julio de 1936 a abril de 1937) cuando la zona bajo control del Frente Popular vivió una auténtica devastación religiosa: además de las vejaciones y muertes físicas, «se impidieron las manifestaciones externas del culto y se profanaron con incendios y saqueos miles de edificios eclesiásticos, provocando ingentes e irreparables daños en el patrimonio artístico«.
Esta persecución enlaza directamente con las vividas en Rusia y México y se alimentó de dos fuentes, «el laicismo sectario vinculado al liberalismo y el ateísmo propugnado por el socialismo marxista«. Aunque el protagonismo inicial fue compartido por radicales, socialistas, comunistas y anarquistas, «la propia evolución política de la República y de la España en guerra iba a provocar», afirma Martín Rubio, «la marginación de los republicanos y la persecución directa a los anarquistas, desembocando en el protagonismo decisivo de las organizaciones marxistas de inspiración soviética«: «De aquí que en el magisterio episcopal y pontificio se caracterice lo ocurrido en España como una persecución causada por el comunismo«.
El número de víctimas mortales de esa persecución entre el estamento religioso está bastante asentado desde 1961, con el estudio de Antonio Montero Moreno, años después arzobispo de Mérida-Badajoz: 4184 víctimas del clero secular (incluyendo a doce obispos, el administrador apostólico de la Diócesis de Orihuela y un centenar de seminaristas), 2365 religiosos y 283 religiosas, es decir, un total de 6832, «cifra comúnmente aceptada».
Dos datos entre los citados por Martín Rubio avalan la consideración de estas matanzas como genocidio. En la diócesis de Barbastro (Huesca) fue exterminado el 88% del clero, y en el mes de julio de 1936, esto es, en solo 14 días de guerra, en el conjunto de España ha habían sido martirizados 733 religiosos. El ritmo prosiguió en agosto, 1650 muertos (una media de 53 por día), entre ellos 9 de los 12 obispos mártires.
Porcentaje de asesinados del clero secular, por diócesis con más de veinte víctimas. Los porcentajes son mayores en las regiones que más tiempo permanecieron bajo control del gobierno frentepopulista: Madrid, Cataluña y Levante, que lo estuvieron hasta el final de la guerra.
Cuando el 1 de julio de 1937 los obispos españoles publicaron su célebre Carta Colectiva dirigida «al mundo entero» ya se habían producido el 95% de los asesinatos con fecha conocida, lo que da idea de la intensidad de la matanza.
A partir de diciembre de 1936 y de los primeros meses de 1937 había habido un descenso progresivo del número de víctimas; y desde mayo de ese mismo año y hasta el final de la guerra las cifras van siendo más reducidas: «En todo caso, entre junio de 1937 y marzo de 1939 hemos documentado un centenar de muertes ocasionadas muchas veces entre eclesiásticos movilizados forzosamente y asesinados durante su estancia en los frentes o entre presos ejecutados por el Ejército Popular en retirada».
«También cabe referirse aquí», añade el autor, «a varios sacerdotes hechos prisioneros en las ofensivas sobre Zaragoza (de agosto a septiembre de 1937) y Teruel (diciembre de 1937 a enero de 1938)«. Es decir, en las pocas ocasiones en las que el bando frentepopulista logró recuperar terreno al bando nacional, la fobia homicida antirreligiosa (que en su propia retaguardia ya era casi imposible, por estar muertas, huidas o escondidas todas sus potenciales víctimas) se puso instantáneamente en funcionamiento.
Un odio a la fe de raíz marxista
La naturaleza específicamente antirreligiosa de estas matanzas se deduce también del hecho de que muchas torturas y vejaciones que padecieron algunos de los mártires se dirigían exclusivamente a «arrancarles blasfemias«.
Profanación del cadáver de una monja en Barcelona. No fue un hecho aislado: los enterramientos en los templos fueron en algunos casos sistemáticamente saqueados.
En cuanto a daños materiales, la inmensa mayoría de los edificios destinados al culto fueron convertidos en cárceles, casas del pueblo, almacenes o garajes, y su contenido saqueado y quemado «entre escenas sacrílegas, burlas, profanaciones, parodias de las ceremonias religiosas y realización de hechos incalificables» con las imágenes, los cadáveres enterrados y el Santísimo Sacramento donde no había podido ser «consumido con reverencia» antes de la entrada de los milicianos.
Como ejemplos más sangrantes, Ángel David Martín Rubio cita el caso del Monumento al Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, dinamitado; la iglesia arciprestal de Santa María, en Castellón de la Plana, que estaba calificada como Monumento Nacional y fue quemada y demolida; o el Tesoro de la catedral de Toledo, incautado por orden del presidente del Gobierno, José Giral, y salvado in extremis al conquistar la ciudad las tropas nacionales, aunque para entonces ya habían desaparecido «objetos notables».
El Madrid del Frente Popular: en octubre de 1937, para conmemorar el vigésimo aniversario de la Revolución Bolchevique, la emblemática Puerta de Alcalá lució grandes retratos de Stalin, en el centro; su ministro de Asuntos Exteriores, Maxim Litvinov, a la izquierda de la foto; y su ministro de Defensa, Kliment Voroshilov.
«La situación de hecho de la Iglesia y los católicos, a partir de 1931, pero especialmente desde 1936, fue de acoso y persecución abierta«, concluye Martín Rubio, decidida por sus autores en virtud de «sus propios presupuestos marxistas, en los que la religión constituía un elemento alienante que había que destruir, como trataron de hacer en Rusia y luego en las naciones conquistadas por el Ejército Rojo de Stalin, como Polonia, Rumanía, Lituania, Letonia, Croacia, Eslovaquia, Hungría o Bulgaria».
Por Carmelo López-Arias / ReL.
