En una resolución aprobada por 455 votos a favor, 145 en contra y 71 abstenciones, la Eurocámara hace gala de los argumentos falaces típicos del lobby abortista, señalando que «se calcula que unas 200.000 mujeres ponen fin a embarazos cada año en Polonia y se ven obligadas a practicar abortos clandestinos» mediante el uso de píldoras abortivas y sin supervisión médica profesional.
La resolución añade que «hasta 30.000 mujeres se ven obligadas a viajar cada año desde Polonia al extranjero para (…) procurarse un aborto», según señala el texto, y que este acceso «está vinculado al pago de servicios, lo que significa que no son accesibles a todas las mujeres», con lo que «solo un grupo limitado puede acceder al aborto seguro».
Los eurodiputados han condenado «enérgicamente» la sentencia del Constitucional polaco y el «retroceso en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos» de esta decisión que, consideran, «pone en peligro la salud y la vida de las mujeres» en el país.
Además, también han lamentado que la citada sentencia se dictara «en un momento en el que las restricciones sanitarias» por el coronavirus «socavan gravemente el debido proceso democrático» y que «fue pronunciada por jueces elegidos por políticos de la coalición liderada por el partido Ley y Justicia (PiS), de quienes dependen totalmente».
El texto aprobado insta al Parlamento y a las autoridades polacas a que «se abstengan de cualquier otro intento de restringir el acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos», pues considera que tales medidas «son contrarias al principio de no regresión con arreglo al Derecho Internacional de los derechos humanos».
Polonia, estado soberano, no tiene obligación alguna de acatar la resolución del parlamento europeo. La misma sirve para constatar que las tesis del Nuevo Orden Mundial en relación con el aborto son apoyadas por una mayoría aplastante en dicho parlamento.
Respecto a las protestas que se extendieron por todo el país contra esta decisión del tribunal, los eurodiputados también han condenado «la fuerza y la violencia excesivas y desproporcionadas utilizadas contra los manifestantes». Como cabía esperar, no hubo mención alguna a los ataques vandálicos de esos manifestantes contra templos y monumentos católicos
El voto dividido de los eurodiputados españoles
La resolución ha salido adelante con el apoyo de eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE), los Socialistas y Demócratas (S&D), los liberales de Renew Europe, el grupo de los Verdes/ALE y la Izquierda Unitaria (GUE/NGL).
Por su parte, el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), ha presentado una resolución aparte en la que señala que la aplicación de políticas en materia de salud sexual y reproductiva «es competencia de los Estados miembros».
En su texto, los eurodiputados conservadores han mostrado su apoyo a «las autoridades polacas legítimas en la búsqueda de una solución que respete la vida de todos y que también apoye a las madres y a sus familias a través de la asistencia médica y de otro tipo necesaria para los niños con discapacidad», según explica el texto.
Los eurodiputados españoles han votado mayoritariamente a favor de la resolución abortista, aunque Vox ha votado en contra, posicionándose con sus compañeros del grupo de Conservadores y Reformistas (ECR) en la Eurocámara, y el voto de los diputados del Partido Popular ha quedado repartido entre el No y la abstención.
El pasado mes de octubre, el Tribunal Constitucional polaco sentenció que era inconstitucional el supuesto de malformación del feto, el motivo de la inmensa mayoría de los abortos en el país, endureciendo una de las leyes nacionales más restrictivas en toda Europa a este respecto.
La posibilidad de abortar quedaba, por tanto, limitada a los supuestos legales de violación, incesto y grave riesgo para la vida de la madre, una decisión que generó protestas y manifestaciones masivas en todo el país, pero también la actuación de fieles católicos en defensa de la sentencia y de sus templos.
Con información de Infocatólica
