Un grupo representante, compuesto por víctimas y abogados querellantes de abusos sexuales por parte de funcionarios religiosos sucedidos en Mendoza, conocido como “Caso Próvolo”, denunciarán ante la sede de la ONU en Suiza al Vaticano y a la Iglesia Católica por encubrimiento de los hechos delictivos y por no colaborar durante la investigación judicial. Además, se reunirán con víctimas abusadas en Italia, mientras la entrevista con el Papa argentino solicitada por la delegación todavía se encuentra sin respuesta. Por Máximo Paz, para ANRed.
Las derivaciones de los enfáticos casos sucedidos en Mendoza a partir de los múltiples ataques sexuales por parte de curas a niños sordomudos en el instituto católico Antonio Próvolo en Luján de Cuyo continúan su recorrido denunciante. Luego de que en noviembre del año pasado la querella lograra una marcada sentencia contra los abusadores, las víctimas, junto a sus abogados, revelarán ante la Organización de la Naciones Unidas (ONU) un documento contra el Vaticano que detallará acusaciones por acciones de encubrimiento en el proceso del juicio.
Los letrados Sergio Salinas y Lucas Lecour – miembros de la Asociación Xumek, comunidad dedicada a la promoción y defensa de los derechos del niño – y cuatro víctimas directas, a través de una invitación de Ending Clergy Abuse (ECA), una ONG dedicada al tema de los abusos sexuales perpetrados por religiosos en todo el mundo, será la delegación que presentará el mes que viene en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, un informe donde se acusará al Papa Francisco y a la Iglesia Católica por encubrimiento de los hechos delictivos y la falta de colaboración en el ya histórico juicio conocido como “Caso Próvolo”. Las denuncias a través del informe se harán concretamente en el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño de la organización internacional.
Si bien tal instrumento de imputación se encuentra en instancias preparativas, las acusaciones hacia la Iglesia por insuficiente cooperación en el famoso caso que estalló en Mendoza fue una constante que formó una pieza que colgó durante todo el proceso judicial, que terminó condenando al sacerdote Nicola Corradi, al cura Horacio Hugo Corbacho y el jardinero Armando Ramón Gómez a 44, 45 y 18 años de prisión, respectivamente. Aún más: luego de la sentencia en noviembre pasado, el Comisario Apostólico Alberto Bochatey publicó un comunicado titulado “Si un miembro sufre, todos sufren con él”, dónde trata de desmentir a la querella y dar cuenta, a su modo, de la efectiva colaboración del claustro católico, acorralado por los cargos en su contra. Tal publicación no fue suficiente para que la fiscalía que atendió la causa llame a declarar a Dante Simón – un enviado especial del Papa Bergoglio para que actúe de informante y administrador del escandaloso juicio – a partir de una denuncia, donde se acusó al enviado por entorpecimiento probatorio, obstrucción de la justicia, desobediencia y falso testimonio.
En ese sentido, se observa que si bien el juicio penal encontró su sentencia en primera instancia, resta conocerse lo que se determinará en los procesos que se llevan adelante en el fuero Civil, donde se establecerán los correspondientes resarcimientos económicos a las víctimas. La causa civil es contra la Obra San José, el nombre legal del Instituto Próvolo y, solidariamente, el Arzobispado podría ser responsable. Sobre esa zona procesal, donde se coloca en juego, además de la punición, el aspecto monetario, la Iglesia, según determina la defensa de los abusados sexualmente, también acude a vericuetos retorcidos en función de sus intereses materiales. Sin ir más lejos, a principios del corriente mes, un abogado patrocinante – también miembro de la organización a la que pertenecen Salinas y Lecour -, envió una carta al propio Bergoglio para denunciar a la Iglesia sobre su actitud en lo que ahora se desarrolla a través del fuero Civil. Allí relata: “Hace solo unos pocos días y luego de que el Tribunal penal condenara a los acusados por los hechos ocurridos, en una ejemplar demostración de activismo judicial, una Cámara Civil convocó a las partes para intentar llegar a un acuerdo para que las víctimas obtuvieran una reparación. Todos los intentos fueron infructuosos, ya que dialogar con la contraparte era como negociar con una compañía de seguros. La prioridad de la contraria fue todo el tiempo indemnizar al menor costo posible. Cabe aclarar que con menos de la mitad del dinero que recibió la Asociación por la venta del inmueble donde funcionaba es suficiente para resarcir a las víctimas (en referencia a donde funcionó el Instituto Próvolo, que fue cerrado y vendido). Bochatey, hipócritamente, realiza declaraciones públicas de solidaridad con los afectados pero, en privado, protege mezquinamente el bolsillo de una orden cuyos integrantes abusaron sexualmente de personas sordomudas en Verona, en La Plata y en Mendoza.”
El trabajo denunciante en Europa se hará entre el 14 y el 22 de febrero próximos. La delegación, en nombre de todos los abusados, concretará reuniones con numerosas entidades y ONG’s internacionales, a fines de visibilizar internacionalmente el caso matriz en Argentina, que desnudó por completo el accionar de los curas en cuanto a delitos sexuales a menores y vulnerables.
Cabe agregar que la ONU este año evaluará al Vaticano – en tanto Estado – en relación a su desempeño en el cumplimiento de las normativas que se desprenden de la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño, con el antecedente negativo en los últimos fallos del organismo internacional realizados en 2014, en donde se concluyó que “la Santa Sede ha violado la Convención en los casos en que fue informada de abusos e ignoró las acusaciones, y eso, que nosotros sepamos, ha pasado al menos unas cincuenta veces”, expresó en aquel entonces la relatora del caso por el Comité contra la Tortura, Felice Gaer.
El recorrido también incluirá un paso por Italia, donde se reunirán con víctimas que sobrellevaron las mismas agresiones, maltratos y delitos en Verona. Como remate concluyente, el grupo delegado requirió una visita en Roma al Papa Francisco, más otras autoridades eclesiásticas, a fines de exponer en persona la problemática que reviste el caso convertido en paradigma sobre abusos sexuales religiosos.
El silencio como respuesta al pedido de reuniones, hasta la fecha, por parte del Estado de la Iglesia Católica y su líder, el ex cardenal porteño Jorge Bergoglio, ahora Papa Francisco, es total. Sólo aparece el eco de la última noticia conocida del mundo religioso: los 50 rosarios bendecidos por el máximo funcionario del Vaticano obsequiados a militares condenados por delitos de Lesa Humanidad.
Con información de ANRed