El Comité de Bioética de España aprobó el pasado 30 de septiembre un informe relativo a la pretensión del PSOE de aprobar una ley de eutanasia en España. Las conclusiones del trabajo son meridianas en cuanto al rechazo a esta ley y han sido aprobada por unanimidad de sus doce miembros.
«Hemos visto que existen sólidas razones para rechazar la transformación de la eutanasia y/o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública», esgrimen los expertos en Bioética, no sólo por razones sociales ysanitarias, «sino, más allá, por razones de fundamentación ética de la vida, dignidad y autonomía«.
El Comité argumenta que el deseo expresado por una persona de que un tercero o el propio estado acabe con su vida debido a un gran sufrimiento físico o psíquico «debe ser siempre mirado con compasión». Esta actitud debe traducirse en una actitud eficaz «que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en paz«.
Esta compasión no justifica a su juicio ni ética ni legalmente «una solicitud que, ni encuentra respaldo en una verdadera autonomía, atendido el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, ni, además, queda limitada en sus efectos al propio espacio privado del individuo».
La legalización de la eutanasia o del suicidio asistido -impulsada por el PSOE con el respaldo de otros grupos políticos como Podemos, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y otros- «supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra«.
Dicho de otro modo, el Comité de Bioética subraya que la eutanasia y el suicidio asistido «no son signos de progreso sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas».
Protocolizar la sedación paliativa
El Comité de Bioética de España considera que la visión compasiva del enfermo que reclama que se acabe con su vida lleva a «proponer la protocolización, en el contexto de la buena praxis médica, del recurso a la sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial refractario«.
Junto a ello, el comité reclama una «efectiva universalización de los cuidados paliativos y la mejora de las medidas y recursos de apoyo sociosanitario, con especial referencia al apoyo a la enfermedad mental y la discapacidad«. Se trata de un camino «a emprender de manera inmediata» frente a la idea de «proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través de una prestación pública».
Los expertos en Bioética entienden que trabajar en la mejora de los cuidados palitivos en España «cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna», en referencia clara a la pandemia de covid-19.
«Responder con la eutanasia a la ‘deuda’ que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional», concluye el informe.
«Una grave amenaza a la seguridad de los mayores y enfermos»
Por su parte, 162 catedráticos, profesores de Derecho y académicos de Legislación y Jurisprudencia han presentado ante el Congreso de los Diputados una Declaración Pública que la que piden la retirada de la Ley de la Eutanasia porque consideran que constituye «una grave amenaza a la seguridad de los mayores y enfermos».
«Hacemos un llamamiento público para que se retire esta iniciativa legislativa por entender que, envuelta en equívocas palabras y pulsiones emotivas circunstanciales, constituye una grave amenaza a la seguridad de los más mayores y enfermos de nuestra sociedad y es contraria a la dignidad de la persona humana», aseguran los firmantes.
Entre ellos, se encuentran 82 catedráticos y 74 profesores titulares o equiparados de 37 universidades de toda España, más otros 6 miembros de número de varias Academias jurídicas.
Asimismo, consideran la ley de Eutanasia contraria a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Española y el Derecho Internacional de los derechos humanos, segíun informa Europa Press.
En concreto, afirman que la proposición de Ley «es contraria a los artículos 10, 14, 15, 43.1, 49 y 50 de la Constitución Española que protegen la dignidad de la persona y sus derechos irrenunciables a la igualdad y no discriminación, a la conservación de la propia vida y a la protección de la salud aun cuando pueda encontrarse reducida, y especialmente cuando se trata de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos o de ciudadanos en su tercera edad».
Los juristas añaden que «lo ocurrido estos meses atrás», durante la pandemia del Covid-19, «ha evidenciado especialmente el deber de volcar el mayor empeño en el cuidado y la atención de los más vulnerables y de velar, sin restricción alguna por su vida».
Con información de Actuall
