El Tribunal del Papa Francisco ha decidido: debe realizarse el juicio por la compraventa del célebre edificio de Londres, cuyas pérdidas en perjuicio de la Santa Sede, señaladas ayer por el Promotor de Justicia, ascienden a 217 millones de euros. Así lo estableció esta mañana el presidente del colegio Giuseppe Pignatone al leer una ordenanza kilométrica en la que se recogen todas las solicitudes de nulidad planteadas varias veces, en estos siete meses, por las defensas de Enrico Crasso, Tommaso di Ruzza, Cecilia Marogna, Gianluigi Torzi, fueron rechazadas por el Cardenal Angelo Becciu, Renè Brulhard, Don Mauro Carlino, Nicola Squillace, Raffaele Mincione y Fabrizio Tirabassi. También se aceptó como parte civil a la Secretaría de Estado, Apsa, IOR y Asif, todos perjudicados de diferente manera por el caso Sloan Avenue.
El inicio del juicio comenzará el 17 de marzo con el primer acusado -el cardenal Angelo Becciu- que deberá responder por malversación, soborno y abuso de autoridad en concurso. Pignatone ha dividido los hechos que le conciernen en tres y que serán tratados por separado: el primero se refiere a la supuesta financiación a la cooperativa Spes de Ozieri, una estructura de Caritas, gestionada por su hermano en Cerdeña, por un importe de 100 mil euros. La segunda historia se refiere al papel que desempeñó en la compra del edificio de Londres cuando era Suplente de la Secretaría de Estado y tenía el cargo pontificio de administrar los fondos reservados y los Pence de San Pedro. Finalmente, la última y más enredada historia tiene que ver con otra acusada, Cecilia Marogna, experta en política internacional, conectada con los servicios secretos italianos y reclutada por el Vaticano para gestionar los pagos de los rescates de los misioneros secuestrados por el Isis en África. Una historia bastante oscura y misteriosa sobre la que, esta mañana, en la sala del tribunal, el abogado que la defiende levantó el secreto de Estado al anunciar que su cliente incluso ha escrito a la OTAN, al gobierno italiano y al Vaticano (sin tener ninguna respuesta) para colocar el secreto. La Marogna -dijo el abogado- tendría temor por su seguridad personal.
Al final de la lectura de la ordenanza, algunos abogados se reservaron el derecho de impugnar la ordenanza, planteando la cuestión de los Rescriptos Papales, las cuatro intervenciones legislativas que el Papa Francisco emitió para dar al Promotor de Justicia mayores poderes en las fases de investigación (teléfono escuchas telefónicas, incautaciones, medidas cautelares) en derogación de las leyes vigentes en el Vaticano. El presidente del Tribunal de Pignatone explicó que no se trata tanto de leyes especiales que den forma a «tribunales especiales» como han subrayado las defensas en los últimos meses, sino de actos normativos normales. El abogado del financiero Enrico Crasso, Luigi Panella, reiteró que «los actos legislativos deben ser publicados, mientras que las Rescripta nunca fueron publicadas y permanecieron sustancialmente secretas».
El cardenal, presente en la sala, se acercó a los reporteros al final de la lectura del dispositivo, y dijo sonriendo. “El juicio finalmente comienza y podré responder a todas las preguntas. Estoy tranquilo y confiado».
Finalmente, Pignatone, en la ordenanza, reiterando que también en el Vaticano rige un juicio justo y se respeta el principio de imparcialidad de los magistrados, rechazó todas las reiteradas solicitudes de pruebas documentales incautadas por el Promotor de Justicia y nunca archivadas en su en su totalidad (pese a dos órdenes previas del presidente). Pignatone explicó que en el Vaticano existe otro sistema, diferente al italiano y que permite que el Promotor de Justicia decida a su entera discreción qué y qué documentos depositar. “Pero ellos son los que eligen qué depositar. Ahora, sin embargo, los abogados podrán acudir directamente a la Oficina del Promotor».
Franca Giansoldati,
Il Messaggero.
CIUDAD DEL VATICANO
MARTES 2 DE MARZO DE 2022.
