La Organización Mundial de la Salud (OMS) está actualizando sus orientaciones técnicas y políticas sobre el «aborto seguro». Una reciente publicación sugiere firmemente que las próximas orientaciones aumentarán la presión sobre los países para que eliminen la protección legal de los niños no nacidos y de los trabajadores sanitarios que se oponen a participar en abortos.
Un documento publicado en BMJ Global Health presenta un método para relacionar las leyes y políticas sobre el aborto con la eficacia en los resultados sanitarios, a fin de ayudar a los responsables políticos a «elaborar orientaciones más sólidas relacionadas con el aborto» y, potencialmente, con otros ámbitos legales.
El documento se encargó en el marco del proceso de actualización de las orientaciones de la OMS sobre el «aborto seguro» de 2012, que destaca por promover como métodos «seguros» de aborto en las regiones en desarrollo que serían considerados inaceptables incluso en los países más desarrollados. Esta tendencia en las orientaciones de la OMS no ha hecho más que aumentar en los últimos años, pasando de delegar la prestación del aborto en personal sanitario de nivel inferior a promover el aborto como una intervención de «autocuidado» sin implicar en absoluto a los profesionales sanitarios.
La OMS está trabajando para eliminar las salvaguardias legales y médicas en torno al aborto. En 2017, lanzó una base de datos legal y política sobre el aborto con la intención de «eliminar las barreras que las mujeres encuentran en el acceso a los servicios de aborto seguro.» El documento de BMJ Global Health pretende aprovechar esa base de datos para establecer vínculos causales entre las leyes provida y los resultados sanitarios adversos de los abortos «inseguros».
Para obtener datos sobre los resultados sanitarios, la OMS suele recurrir al trabajo de grupos de investigación proabortistas como el Instituto Guttmacher y otros que defienden explícitamente la liberalización de las leyes sobre el aborto.
En concreto, el documento se centra en las leyes que imponen períodos de espera, la participación de los padres o el cónyuge, los límites gestacionales, la penalización, las restricciones a los proveedores y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Según los autores, «actualmente, las directrices de la OMS no hacen recomendaciones relacionadas con estas intervenciones legales, sino que las describen como barreras normativas y políticas que pueden influir en el acceso a una atención del aborto oportuna y segura».
Esto puede estar a punto de cambiar. Las directrices actualizadas de la OMS sobre el «aborto seguro» aún no se han publicado, pero la OMS se comprometió a «difundir directrices actualizadas sobre el aborto seguro» como uno de sus compromisos en el reciente Foro de la Generación de la Igualdad celebrado en París.
En junio, la organización She Decides, fundada para oponerse a las políticas exteriores provida del ex presidente estadounidense Donald Trump, publicó una carta abierta en la que afirmaba que «toda mujer en cualquier lugar tiene derecho a un aborto seguro y legal.» La carta continúa diciendo: «[queremos] que se apliquen las próximas directrices revisadas de la OMS sobre el aborto seguro», implicando fuertemente que las directrices representarán un ataque más agresivo contra las leyes provida en países de todo el mundo.
La OMS tiene un largo y bien documentado historial de promoción del aborto, afirmando que «el acceso al aborto seguro protege la salud y los derechos humanos de las mujeres y las niñas».
El aborto nunca ha sido aceptado como un derecho humano por ningún acuerdo global, ni en ningún tratado global de derechos humanos vinculante. En la histórica Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la posición consensuada fue que las leyes sobre el aborto son competencia exclusiva de los países, una norma que sigue vigente después de un cuarto de siglo de debates en la ONU.
La OMS justifica su posición basándose en las opiniones no vinculantes de los miembros de los órganos de vigilancia de los tratados y de otros expertos de los organismos de derechos humanos de la ONU. Estos grupos e individuos han sido criticados durante mucho tiempo por excederse en sus mandatos sobre el aborto y otras cuestiones sociales, pero se ha hecho poco para exigirles responsabilidades de manera significativa.
CFAM/InfoCatólica.
