Con el inicio de las campañas judiciales, se abre un capítulo sin precedentes la historia electoral de este país: Más de 3,400 candidatos competirán durante 60 días por 881 cargos federales en un proceso que culminará el 1 de junio cuando millones de mexicanos estén convocados a ir a las urnas a emitir un sufragio.
En el papel y conforme al decreto de reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, la actual ideología política pretende una transformación de la impartición de justicia confiando en “la sabiduría” popular para elegir a los impartidores e intérpretes del derecho. Sin embargo, lo que se presenta como un avance hacia la democratización plantea dilemas profundos que merecen reflexión, especialmente cuando se ha planteado que la demolición del Poder Judicial, anteriormente basado en la meritocracia y carrera judiciales, es resultado de un capricho que pone en peligro el sistema de pesos y contrapesos de la República.
Desde un punto de vista positivo, el voto popular a jueces y magistrados respondería a una demanda histórica de transparencia y rendición de cuentas cuando se ha hecho creeer a la ciudadanía que los juzgadores pertenecían a una élite acusada de favorecer intereses privados o políticos sobre el bien común.
En teoría, que los ministros de la Corte y los jueces federales y locales puedan ser electos, podría devolver la confianza en un sistema que ha sido blanco de críticas por su opacidad; no obstante, uno de estos peligros son los cuestionamientos sobre la capacidad de los candidatos y quiénes están detrás de ellos. Aunque la diversidad de candidatos, desde ministros en funciones hasta candidatos al fuero común y federal, prometen debate que dice enriquecer el futuro de la justicia, sus limitaciones económicas y materiales impedirán conocer ampliamente las propuestas.
Ese es uno de los riesgos. Las campañas, restringidas a recursos propios y sin financiamiento público, podrían beneficiar a quienes ya cuentan con mayor visibilidad o capacidad económica, dejando en desventaja a aspirantes menos conocidos, pero igualmente calificados. La prohibición de publicidad pagada y el veto a la intervención de partidos políticos son medidas loables para garantizar equidad, pero también limitan la capacidad de los candidatos para llegar a un electorado que, en su mayoría, carece de información suficiente para emitir un voto informado. El sistema “Conóceles” del INE será crucial, pero su éxito dependerá de una difusión efectiva y de la disposición ciudadana a involucrarse.
Otro desafío es la sombra de la violencia político-criminal. Tras los comicios de 2024, los más violentos en la historia reciente del país, persiste el temor de que el crimen organizado busque influir en este proceso, especialmente en regiones donde su presencia es notoria. La captura de cargos judiciales por poderes fácticos podría minar el Estado de derecho en lugar de fortalecerlo, un escenario que el gobierno y el INE deben prevenir con estrategias de seguridad focalizadas.
El INE, por otro lado, enfrenta una tarea de la cual no tuvo antecedentes ni recursos: organizar una elección con un calendario ajustado mientras enfrenta críticas sobre su imparcialidad y capacidad operativa. La ausencia de precampañas y las restricciones al proselitismo son un intento de nivelar el terreno, pero también podrían reducir el debate a una competencia de popularidad en redes sociales, en detrimento de propuestas sustantivas.
Los obispos de México, desde el planteamiento de la reforma constitucional, llamaron a un debate más amplio manifestando que “el respeto al Estado de Derecho no es solo una necesidad política, sino una exigencia ética fundamental que emana de la dignidad humana y del bien común”. (Cfr Mensaje de los obispos de México en torno a la reforma al Poder Judicial)
El inicio de estas campañas es un momento de oportunidad y riesgo. México podría demostrar que la justicia puede ser un reflejo de la voluntad popular, pero ¿a qué costo? Sólo lo logrará si se garantizan condiciones de equidad, seguridad y participación informada. Este 30 de marzo no solo marca el arranque de una contienda electoral, pondrá a prueba una fase distinta de la democracia o será un circo electoral que llevará al poder a candidatos desconocidos o manejados por intereses.
¿Democracia o simulación?
