El crimen de Tartagal-Salta
El 24 de agosto ppdo., una joven salteña de 21 años, que vive en la ciudad de Salvador Mazza, con un embarazo de casi 6 meses de gestación, concurrió al Hospital “Juan Domingo Perón” de la ciudad de Tartagal (Salta), y pidió que le practicaran un aborto, contando una historia falsa de estar en situación de calle y sin recursos económicos. En realidad, lo que la joven pedía era adelantar el parto, porque con el período gestacional ya transcurrido el aborto es imposible de llevar a cabo mediante el procedimiento de ingesta del abortivo Misoprostol. O en todo caso, previamente hay que asesinar al bebé en el interior del seno materno y después trozarlo y despedazarlo, para después retirar los restos por succión.
El médico que la atendió inicialmente, de apellido Vidal, además de ser objetor de conciencia, le desaconsejó que se sometiera a esa práctica, porque de hacerlo corría peligro su vida. Inmediatamente el citado profesional se comunicó con un tío de la joven, con quien ésta última vivía, para informarle de la situación y del peligro que corría la embarazada. Pero como consecuencia de los consejos que recibió por parte del doctor Vidal, la joven había desistido de abortar.
Al mismo tiempo, la directora de la Niñez, Adolescencia y Familia del municipio de Salvador Mazza, Claudia Subelza, informada por éstos últimos, se puso en comunicación con el gerente general del Hospital, el doctor Santiago Payo, para solicitarle que no se llevara a cabo la práctica criminal. Pero el mencionado gerente le contestó a la funcionaria que la ley del aborto sancionada en diciembre de 2020 autorizaba a que se llevara a cabo la intervención. Lo cual era totalmente mentira, porque la joven no quería abortar, y la ley invocada no autoriza la práctica del aborto después de la 14ª semana de gestación, excepto por dos causales que no se cumplían en este caso (por violación o peligro para la vida o la salud de la madre).
Según la funcionaria de Salvador Mazza, el gerente le dijo “la chica vino, está en pleno uso de sus facultades y el aborto se hace”. En declaraciones posteriores a los medios de prensa dijo que el Hospital actuó “respetando la ley que se cumplió tal como debe cumplirse” porque “estaba en riesgo la salud integral de la paciente”, lo cual es una mentira absoluta. Y, además, la madre había decidido tener a su beba.
Pero una médica abortista, de apellido Miranda Ruiz, ya había empezado con el proceso abortivo, aprovechando la soledad de la joven madre. En un acto de irresponsabilidad total, le dio a ingerir pastillas de misoprostol a la “paciente”, práctica que la abortista IPPF recomienda sólo hasta la 7ª semana de embarazo. A posteriori, la trasladó al quirófano, donde extrajo a la beba por cesárea, para después ponerla en una bolsa de residuos patológicos, donde la criatura lloró hasta morir asfixiada, tal como cuentan no sólo la madre, sino enfermeras que fueron testigos del brutal crimen.
En rigor de verdad, no es cierto lo que informan los medios de comunicación, cuando hablan de “aborto”: no hubo aborto, sino un ASESINATO, contra un ser humano totalmente inocente y absolutamente indefenso. Que además era mujer.
La médica abortista-asesina fue denunciada por la tía de la joven madre, e inicialmente fue detenida y trasladada a un juzgado de Tartagal, pero el juez interviniente, el doctor Fernando Mariscal Astigueta, la dejó en libertad, aunque la médica abortista se negó a declarar. Pero después de su no-declaración, el magistrado la dejó en libertad. ¿Será porque sólo mató a una niña de familia humilde?
Distintas personalidades y organizaciones que forman parte del progresismo abortista troglodita se movilizaron en defensa de la “profesional de la salud” detenida, poniendo en evidencia que a los partidarios del aborto lo que les interesa en el fondo es matar como sea a un bebé “no deseado”, con ley o sin ley. Se creen progresistas, pero muestran que tienen una mentalidad total y absolutamente troglodita, propia de los tiempos más oscuros y bárbaros de la Prehistoria.
Frente a este crimen aberrante, gran parte de la dirigencia política y de la jerarquía religiosa nacional y vaticana acompañó semejante abominación con un atronador silencio cobarde y cómplice. Sólo un obispo, monseñor Damián Santiago Bitar, de la diócesis de Oberá (Misiones) se expresó en forma contundente y valiente contra terrible salvajada. El resto, en vez de imitar a su Señor o a alguno de sus apóstoles -de los cuales son sucesores- prefiere actuar como Poncio Pilato y se lava las manos, callando indignamente. Prefieren parlotear sobre la “Casa Común” antes que defender a los Santos Inocentes que son asesinados diariamente en nombre y para mayor gloria de la plutocracia progresista genocida.
