Desde el año 2012 la ciudad de Buenos Aires instituyó inconstitucional e ilegalmente el aborto como política pública, en bases a una Resolución ministerial, la 1252/2012, mantenida hasta la actualidad. El 16 de julio ppdo. la Legislatura de la ciudad sancionó la ley 6312, para instituir de hecho el aborto voluntario como derecho e institucionalizando ilegalmente el asesinato prenatal, vulnerando expresamente la Constitución Nacional, tal como expresamos en un artículo anterior, en el que denunciamos que sólo en el 2019 en la ciudad habían sido asesinados 8.388 niños por la resolución administrativa mencionada. Y destacando que estas muertes fueron deliberadas y ejecutadas por “médicos”, no por una acción virósica.
Esta ley porteña anticonstitucional quedó promulgada automáticamente el 4 de agosto, al no ser vetada por el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, a pesar de que se “declara provida”, con bendición episcopal y papal incluidas. Veto que estaba en todo su derecho de ejecutar, porque forma parte de sus atribuciones como “Jefe de Gobierno” de la ciudad de Buenos Aires.
Pero para justificar su inacción, el doctor Rodríguez Larreta imita las acciones, entre otros, de Poncio Pilato, lavándose las manos, y de Adolfo Hitler, para reglamentar que los médicos no participen obligatoriamente del asesinato prenatal.
En primer lugar, afirma que no ha vetado la ley abortista aprobada porque “respeta la voluntad de los legisladores de la Ciudad y la división republicana de poderes”. Lamentablemente, miente a pesar de su investidura, porque lo hace en este caso, pero en otras oportunidades ha justificado que “el veto es un derecho” y acompañó su ejercicio en cuestiones inmobiliarias (febrero de 2012) o directamente como alcalde (febrero de 2016), como si la defensa de intereses inmobiliarios fuese superior a la defensa de la vida humana. En estos casos no respetó la voluntad de los legisladores.
En segundo lugar, pretende quedar bien “con Dios y con el diablo”, diciendo que va a diseñar un “plan integral de embarazos no deseados” o también a facilitar el proceso de adopción, instituyendo ilegalmente el principio “legal” del que quiere matar a su hijo puede hacerlo, con acompañamiento estatal.
Y en tercer lugar, pretende asegurar el ejercicio del asesinato prenatal, pero respetando el ideario fundacional de las instituciones contrarias a la práctica del aborto, “reconociendo el derecho a la libertad de conciencia”, pero “asegurando el acceso a una práctica segura y oportuna a la persona embarazada”. Es el mismo camino que recorrió Adolfo Hitler cuando gobernó en Alemania, aplicado a las leyes a favor de la esterilización forzosa (1933) y de eutanasia (1939), aceptando la objeción de conciencia por parte de las instituciones religiosas que se negaran a realizar dichas prácticas aberrantes. Imitando el ejemplo de Adolf Hitler, el doctor Rodríguez Larreta acepta el derecho a objeción de conciencia individual e institucional. Igual que Adolf Hitler: médico e institución que no quieran matar, no matan, pero médico e institución que quiera eliminar a los prenatales, tienen derecho a hacerlo. Pero en este esquema queda reconocido que el aborto procurado es un asesinato, por otra parte idéntico al proyecto presidencial anunciado. Es decir, el liberal jefe de gobierno porteño y el socialdemócrata presidente argentino se unen en la legalización del asesinato prenatal. O dicho de otra manera: el asesinato prenatal es la base de la unidad liberal-progresista “argentina”.
