La Asamblea Nacional se pronunció en primera lectura por 102 votos a favor, 65 en contra y 11 abstenciones, aunque el texto en su totalidad todavía debe pasar por el Senado y, en caso de haber discrepancias, por una comisión mixta antes de una votación definitiva de nuevo en la cámara baja.
La proposición de ley fue lanzada el pasado agosto por la diputada del grupo Ecología, Democracia y Solidaridad (EDS) Albane Gaillot, antigua integrante del partido gubernamental La República en Marcha (LREM). Su texto admite que aunque los abortos tardíos representan una «ínfima parte» de los efectuados en Francia, cada año hay entre 3.000 y 5.000 mujeres que viajan al extranjero para abortar por haber superado el plazo legal.
El cierre de fronteras durante la crisis sanitaria hace temer un aumento de los embarazos no deseados, subraya esa proposición, para la que «solo una ampliación de los plazos legales permite evitar esta situación». Gaillot recuerda que el aborto ya es libre hasta las catorce semanas de gestación en países como España y Austria, hasta las dieciocho en Suecia, las veintidós en Holanda e incluso las veinticuatro en Reino Unido.
«Estos ejemplos reflejan que ningún argumento médico o científico justifica oponerse a la ampliación de los plazos», añadió la diputada en la presentación de su proposición, con la que pretendía mejorar la «efectividad» del derecho al aborto.
La legalización del aborto fue promulgada en Francia en 1975 por medio de la «ley Veil», llamada así por haber sido promovida por la exministra conservadora francesa y superviviente de los campos de concentración nazis Simone Veil
En 2019 en Francia, según un informe oficial de la Dirección de Estadísticas DREES difundido en septiembre, se practicaron 232.200 abortos voluntarios, su cifra más elevada desde 1990, principalmente por parte de jóvenes de 20 a 29 años. Desde que se pide una consulta hasta que se lleva a cabo el procedimiento, pasan de media 7,4 días.
Contra la objeción de conciencia
La proposición de ley también aspira a eliminar la doble cláusula de conciencia por la que, a la disposición general que permite a cualquier médico rechazar tratar a un paciente sin especificar los motivos, se añade la específica a practicar un aborto, algo que ese texto legislativo considera «preocupante».
