La “verdad histórica” de uno de los casos de desapariciones forzadas que más han lacerado al país ha caído. A casi ocho años de la noche de Iguala, el voluminoso informe presentado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, tira lo que, en su momento, fue calificado como la acción de un grupo delincuencial que desapareció a los 43 de la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Las 16 conclusiones arrojan que las acciones fueron orquestadas por las mismas autoridades quienes, por comisión u omisión, no actuaron para impedir los hechos trágicos. Ya es un crimen de estado, autoridades locales y federales coludidas, corporaciones policiales municipales y el mismo ejército, el cual tenía a un elemento infiltrado entre los normalistas, fue abandonado a su suerte, dejando atrás la aplicación de protocolos para su rescate lo que hubiera impedido la tragedia.
Quizá la conclusión más demoledora es la que acaba con la esperanza de encontrar vivos a los estudiantes, “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Es de reconocerse que el grueso expediente considera que estos hechos no fueron aislados ni producto de acciones de grupos criminales. La seriedad del asunto, conforme a la conclusión en la que estimó que la “FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades”, nadie imaginó el escándalo que cimbró a la clase política, la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam. Otras órdenes de aprehensión ya habrían sido obsequiadas para capturar a 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 de Iguala.
Independientemente de estas acciones, el dolor por los hechos de la noche de Iguala persiste, producto de la descomposición y corrupción de las autoridades. En su momento, no se dio responsabilidad al ejército y ahora, aparece como de los implicados en este crimen de estado. El hecho no es menor, ahora la institución castrense está metida en toda las vida civil y política del país. ¿Cómo ha de responder? ¿Pedirá perdón y reconocerá que fue parte de los hechos que más han lastimado a la vida de México en la última década? ¿Cómo hará efectivas las garantías de no repetición y reparación de los daños?
Por lo demás, el estado mexicano no debería abdicar de su responsabilidad. Ya se ha declarado que los estudiantes no están vivos, fueron ultimados y desaparecidos. Sólo tres han sido identificados. Reconocida esta brutal intervención de autoridades federales y locales, no se deberían escatimar recursos para intentar, al menos, la recuperación de restos. Es una deuda pendiente, saber qué pasó con los 40 estudiantes de quienes no hay indicio alguno.
En 2014, unas semanas después de la noche de Iguala, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en el que “la situación de los desaparecidos y el sufrimiento de sus padres, madres y familiares merecen acciones eficaces y respeto”. Ese exhorto se dirigió a las “fuerzas políticas y a la sociedad en general a actuar con responsabilidad y no lucrar políticamente con esta desgracia, ni convertirla en bandera para causar daños a terceros o provocar desestabilización, lo que alejaría aún más la necesaria justicia, equidad, seguridad y paz que México requiere para alcanzar un desarrollo del que nadie quede excluido”.
La esperanza de la sociedad y de las familias de los normalistas es que este último informe sea fruto de una investigación imparcial, apegada a la verdad y al derecho. Estos últimos reconocerán si, efectivamente, la promesa de López Obrador logra la consecución de la justicia para vencer la impunidad. El gran riesgo es usar la memoria de los desaparecidos a manera de venganza política o como cortina de humo. Para que este informe de la Secretaría de Gobernación sea efectivo, deberá cumplir con la consigna que aun persiste. ¿Dónde están los 43? Ayotzinapa no es un caso cerrado.
