El cardenal Willem Eijk, arzobispo de Utrech (Países Bajos), ha condenado la postura de dos miembros de la Pontifica Academia de la Vida a favor de la legalización del suicidio asistido. La tesis de que dicha legalización impediría la de la eutanasia es absurda, según el purpurado holandés, que indica que no hay diferencias esenciales entre ambos procedimientos y si apruebas uno, apruebas el otro.
Dos miembros de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano han sido criticados por instar públicamente a apoyar el suicidio asistido como táctica para evitar la legalización de la eutanasia voluntaria en Italia.
El padre jesuita Carlo Casalone, profesor de teología moral en la Pontificia Universidad Gregoriana, propuso este enfoque que, según los críticos, contradice totalmente la doctrina de la Iglesia, en un artículo publicado el 15 de enero en la revista jesuita La Civilta Cattolica, cuyos artículos son autorizados por la Secretaría de Estado.
Su punto de vista fue apoyado por otro miembro de la academia, Marie-Jo Thiel, profesora de ética en la Universidad de Estrasburgo, quien escribió en el periódico francés Le Monde el 31 de enero que la sugerencia del padre Casalone era un signo de un cambio más amplio en la posición de la Iglesia.
El padre Casalone, médico que también dirige la Fundación Cardenal Carlo Martini, escribió su artículo en vísperas de la decisión del Tribunal Constitucional italiano sobre la celebración de un referéndum sobre la eutanasia en el país.
El tribunal ya había legalizado el suicidio asistido bajo condiciones muy específicas y bien definidas en 2019, pero eso llevó a los defensores de la eutanasia para un impulsar un referéndum a nivel nacional sobre el asunto.
Su campaña acabó en el Tribunal Constitucional este mes, respaldada por una petición de 1,2 millones de firmas de defensores de la eutanasia, que supera con creces las 500.000 necesarias para celebrar una votación popular que modifique las leyes existentes.
Pero el tribunal la rechazó el 15 de febrero, dictaminando que un referéndum era «inadmisible» y argumentando que un cambio en la ley penal del país para permitir la eutanasia voluntaria no garantizaría «la protección mínima constitucionalmente necesaria de la vida humana, en general, y con especial referencia a los débiles y vulnerables».
El suicidio médicamente asistido consiste en que una persona con una enfermedad terminal o incurable ponga fin a su vida a petición propia con una dosis letal de fármacos; la eutanasia voluntaria permite legalmente que un médico mate a un paciente que sufre una enfermedad incurable y dolorosa o está en coma irreversible, con el consentimiento del paciente.
El padre Casalone argumentó en su artículo que dar una «evaluación general negativa» a la legislación que pide la eutanasia voluntaria supondría el riesgo de «favorecer el referéndum» y su objetivo de legalizarla.
Por ello, sugirió invocar el principio de las «leyes imperfectas», según el cual en algunos casos ha sido lícito que un político católico vote a favor de una ley que restringe otra ya aprobada que es contraria a la doctrina de la Iglesia, por ejemplo votando para reducir el plazo legal del aborto de 24 a 16 semanas.
En este caso, consideró que ese principio podría aplicarse a favorecer el suicidio asistido, supuestamente un mal menor, para evitar el mal mayor de la eutanasia voluntaria -una sugerencia que también pareció contar con cierta simpatía del canciller de la Academia Pontificia para la Vida, monseñor Renzo Pegoraro.
«Nos encontramos en un contexto específico, con una elección entre dos opciones, ninguna de las cuales -suicidio asistido o eutanasia- representa la posición católica», dijo Monseñor Pegoraro al periódico católico francés Le Croix, añadiendo que creía que algún tipo de ley era una conclusión inevitable.
Monseñor Pegoraro, que también es médico, dijo que, de las dos posibilidades, «el suicidio asistido es el que más restringe los abusos porque iría acompañado de cuatro condiciones estrictas: la persona que pide ayuda debe estar consciente y poder expresarlo libremente, tener una enfermedad irreversible, experimentar un sufrimiento insoportable y depender de un tratamiento de mantenimiento de la vida, como un respirador».
Pero el cardenal Willem Eijk, también médico titulado y miembro de la academia, rechazó firmemente la sugerencia y la argumentación del padre Casalone.
El cardenal-arzobispo de Utrecht (Países Bajos), argumentó que no existe «ninguna diferencia moral significativa» entre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia voluntaria, «ni por parte del paciente ni por parte del médico», ya que ambos tienen «la misma responsabilidad moral» al llevar a cabo un asesinato.
El cardenal dijo al Register que, al permitir el suicidio asistido, «quedas determinado a permitir también la eutanasia», y por lo tanto el argumento de que al permitir la legislación del suicidio asistido se podría impedir la legislación de la eutanasia «no tiene sentido».
El cardenal Eijk también rechazó el argumento de las «leyes imperfectas» en este caso. Señaló que el principio fue planteado por el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae (73) en el contexto de la restricción del aborto, pero añadió que «votar una ley por la que se permita el suicidio médicamente asistido no implica en absoluto una restricción a la legalización de la eutanasia».
«Al contrario», dijo, «legalizar el suicidio médicamente asistido prepara automáticamente el camino para legalizar la eutanasia como siguiente paso lógico, ya que no existe ninguna diferencia moral significativa entre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia.»
Jacopo Coghe, vicepresidente del grupo provida italiano Pro Vita & Famiglia Onlus, coincidió en que «no es moral favorecer las leyes sobre eutanasia o suicidio asistido. Punto».
Añadió que quienes piensan lo contrario «van en contra de las repetidas advertencias del Papa Francisco y de la Congregación para los Laicos, la Familia y la Vida.» Coghe también dijo al Register que el argumento esgrimido por el padre Casalone es un «planteamiento ilusorio» que no podrá «resistir la presión social ni la intervención judicial», como se ha visto con otras legislaciones similares.
Lo correcto, dijo Coghe, es «evangelizar siempre», anunciar al mundo el amor de Dios, «que da sentido a la vida y la hace siempre digna». Añadió que la «urgencia de la Iglesia» no consiste en «si se aprueban leyes de suicidio asistido o cómo hacerlo, sino en ayudar a millones de fieles desinformados, engañados y perdidos a hacer frente a los tiempos cambiantes y a las crisis a las que se enfrentan.»
Las declaraciones públicas del padre Casalone y de Thiel a favor de legislar el suicidio asistido han «molestado» a otros miembros de la academia, dijo Jean-Marie Le Méné, presidente de la Fundación Lejeune. La organización lleva el nombre de Jérôme Lejeune, presidente fundador de la academia.
Le Méné, que también es miembro de la academia, criticó a sus dos compañeros en un artículo en el diario francés Le Figaro, diciendo que «una cosa es que la gente exprese su opinión personal y otra muy distinta es utilizar sus posiciones para comprometer oficialmente a la Academia Pontificia para la Vida». Además, dijo que «menos mal» que no se consultó a otros miembros, ya que la academia no puede apoyar esas posiciones contrarias al magisterio de la Iglesia.
También se hizo eco del rechazo del cardenal Eijk a la aplicación del artículo 73 de la Evangelium Vitae en este caso, pues dijo que se trataría de «promulgar deliberadamente una ley mala para evitar otra futura, que sería más mala.»
«La ley que se pretende evitar acabará aprobándose aún más rápido», advirtió. «Nada ni nadie evitará que se prolongue la transgresión inicial, que invita a la medicina a provocar la muerte».
En declaraciones al Register, Le Méné dijo que no hay «ninguna razón para pensar que esta enseñanza pueda cambiarse» y que la prohibición de matar «es en gran medida anterior al cristianismo; es una cuestión de moral natural». Votar por una ley inmoral, dijo, «nunca puede ser la elección de un cristiano», y si la academia «cayera en la trampa del mal menor [eso] le haría perder su justificación para existir».
Le Méné también criticó a Thiel por declarar públicamente en su artículo que era miembro de la academia. Los miembros de la academia están obligados por sus estatutos, concretamente por el artículo 5 §5(b), que establece que los académicos deben «comprometerse a promover y defender los principios relacionados con el valor de la vida y la dignidad de la persona humana, interpretados de forma conforme al magisterio de la Iglesia».
Le Méné dijo que apoyar la legislación a favor del suicidio asistido «es una desviación» de tal prescripción.
Le Méné dijo que estos incidentes podrían evitarse si hubiera una mayor colaboración entre los académicos y se tomaran decisiones conjuntas sobre qué trabajos son «dignos de ser publicados y cuáles no».
El Register preguntó a la Pontificia Academia para la Vida si deseaba comentar la aparente violación de los estatutos de la academia y si se tomarían medidas para evitar tales declaraciones en el futuro, pero no respondió.
En un comunicado del 18 de febrero, la academia «acogió con gran satisfacción» la decisión del Tribunal Constitucional del 15 de febrero, diciendo que un referéndum «habría abierto el camino a la eutanasia». Además, se pronunció «reiterando el magisterio de la Iglesia católica, reafirmando el valor y el respeto a toda vida humana, se opone al suicidio, por tanto también al suicidio asistido, como ha recordado varias veces el Papa».
Le Méné dijo al Register el 18 de febrero que respetaba la decisión de los jueces, añadiendo que no creía que el tribunal necesitara el artículo del padre Casalone para entender que el referéndum sobre el homicidio de una persona con consentimiento era una locura y que debía ser rechazado.
Pero añadió que, a falta de referéndum, el parlamento seguirá intentando legislarlo, y el artículo del padre Casalone proporciona una justificación para que se apruebe.
NCRegister/InfoCatólica.
