En julio de 2020, en medio de la crisis del confinamiento, Javier Rodríguez Labastida dijo que las pruebas covid-19 fueron proporcionadas por autoridades locales e instituciones federales.
En medio de la pandemia y del cierre de templos, en junio de 2020, el 9 de junio de 2020, el arzobispo Aguiar ordenó la toma de pruebas covid-19 al presbiterio capitalino y estar en posibilidades de una eventual reapertura. A partir del martes 07 de julio y hasta el jueves 9, el presbiterio arquidicesano, de acuerdo con el número de su vicaría, visitó el auditorio del edificio de la curia en Durango 90 para la toma de muestras, anunciado el 9 de junio. Casi 300 presbíteros se sometieron al examen, pero las alarmas se encendieron cuando algunos advirtieron de fallas en los protocolos y toma irregular de muestras que rápidamente pretendieron ser minimizadas por los responsables de comunicación del arzobispado alegando que “se extremarían las precauciones”.
Algunas fotos fueron difundidas en mensajería y redes sociales cuestionando si realmente las pruebas cumplían con las rigurosas normas a fin de no propagar contagios. En las imágenes se observaba a un técnico quien hacía los procedimientos sin evidentes barreras o medidas adecuadas.
Ante la cascada de críticas, el director del minimizado semanario virtual que tomó el nombre de Desde la fe y responsable de la comunicación del arzobispo Aguiar, Javier Rodríguez Labastida, declaró al medio donde él mismo colabora, El Universal, el pasado 15 de julio de 2020, que no había irregularidades y que “ autoridades sanitarias de la CDMX quienes destinaron personal de salud para la toma de muestras, siendo el epidemiólogo, Luis Alberto Reyes, encargado de esta labor”.
A decir de Labastida, “las pruebas fueron proporcionadas por el Instituto Nacional de Medicina Genómica y los tubos de ensayo para las muestras fueron suministradas por la Universidad Nacional Autónoma de México” y se contaban con las pruebas suficientes para la detección del covid-19 en el presbiterio arquidiocesano.
Hoy, tras el confinamiento y lamentar, hasta septiembre de este año, 27 clérigos arquidiocesanos fallecidos por covid-19, entre los que está el obispo auxiliar, Daniel Rivera Sánchez, la verdad emerge y aparece contundente porque, al menos, las autoridades que Rodríguez Labastida involucró no reconocen haber proporcionado o practicado pruebas, dado materiales material o destinar técnicos para la toma de muestras.
Con el fin de verificar estos dichos, dado que se nombraron autoridades específicas, este medio se dio a la tarea de solicitar la información pertinente a través de dos plataformas de transparencia: Infomexdf y la Plataforma Nacional. Fue hasta noviembre pasado cuando la UNAM resolvió la última de las solicitudes, desde el gobierno de la Ciudad de México, pasando por la Instituto Nacional de Medicina Genómica y hasta la Universidad Nacional Autónoma de México.
Rodríguez Labastida. Pura pose.El 21 de julio de 2020, se inició la solicitud de información a la alcaldía Cuauhtémoc, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad. La petición a las autoridades versó en diversos puntos como se describe a continuación:
“De acuerdo con la información publicada en el diario El Universal el 15 de julio, 2020 con relación a que «autoridades sanitarias de la CDMX» aplicaron pruebas covid para casi 500 sacerdotes de la arquidiócesis de México de la Iglesia católica se requieren las siguientes precisiones a través de esta solicitud: 1.- Convenio por el que las «autoridades sanitarias de la CDMX» facilita el mencionado personal a la arquidiócesis de México. 2.- «Autoridades sanitarias de la CDMX» específicas mandatarias y responsables asignados para la aplicación de las pruebas covid-19 a sacerdotes de la arquidiócesis de México. 3.- Número de personas designadas para la aplicación de las pruebas covid-19 a sacerdotes de la arquidiócesis de México. 4.- Medidas de protección o barreras médicas para cuidado del personal médico que practicó las pruebas covid-19 a sacerdotes de la arquidiócesis de México. 5.- Tratamiento de las pruebas y nombre del laboratorio o entidad responsable de resultados de las muestras recopiladas a sacerdotes de la arquidiócesis de México. Datos para facilitar su localización Se anexa la nota correspondiente como fue publicada en el sitio web del diario El Universal donde se consigna la información de que autoridades sanitarias de la CDMX destinaron personal para la práctica de pruebas para sacerdotes de la arquidiócesis de México: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/video-hacen-pruebas-de-covid-curas-previo-al-regreso-deactividades-en-iglesias” (sic)
De estas, todas resultaron incompetentes al no tener ningún tipo de información que avalara la solicitud; sin embargo, el 18 de marzo de 2021, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, en respuesta a la solicitud de Información Pública, informaron que ese organismo “no tiene conocimiento sobre convenio específico por el que “las autoridades sanitarias de la Ciudad de México” facilitaran personal a la Arquidiócesis de México para la aplicación de pruebas para la detección de COVID-19, lo que entra en franca contradicción con los dichos dados por Rodríguez Labastida en ese momento.
Por si esto no fuera suficiente, el mismo organismo de la Ciudad de México abundó al decir que no cuenta con registro particular de “Autoridades Sanitarias de la CDMX” específicas mandatarias y responsables, así como personas designadas para la aplicación de las pruebas COVID-19 a sacerdotes de la Arquidiócesis de México y aunque Rodríguez Labastida dijo que fue un epidemiólogo llamado Luis Alberto Reyes quien fue encargado de las pruebas, “las autoridades sanitarias de la Ciudad de México” no designaron ni facilitaron personal a la Arquidiócesis de México para la aplicación de pruebas para la detección de COVID-19.
En cuanto al material utilizado, los responsables de transparencia, conforme a las disposiciones en vigor, recomendaron realizar la solicitud a la UNAM y al Instituto de Investigaciones Genómicas, cosa que se realizó para tener respuesta de estas dos instituciones en noviembre de 2021 corroborando lo que se suponía: Ninguna reconoce participación alguna en entregar materiales, el tratamiento de pruebas y de resultados.
Y es que según el errático Javier Rodríguez sólo hizo apretar más la soga alrededor de su comprometido cuello cuando dijo a medios que las pruebas “eran suficientes” y proporcionadas -no sabemos si a titulo de donación- por las referidas instituciones. El 15 de octubre, este medio solicitó la siguiente información:
“Por haberse dado como responsables al Instituto Nacional de Ciencias Genómicas y a la Universidad Nacional Autónoma de México en la aplicación de pruebas de covid-19 a los sacerdotes de la arquidiócesis de México AR, conforme al dicho del director de comunicación social de esa asociación religiosa, Javier Rodríguez Labastida, según se cita: \»… “Rodríguez Labastida señaló que las pruebas fueron proporcionadas por el Instituto Nacional de Medicina Genómica y los tubos de ensayo para las muestras fueron suministradas por la Universidad Nacional Autónoma de México. El director de Comunicación de la Arquidiócesis manifestó que se cuentan con pruebas suficientes para los curas que quieran tomar una muestra para la detección de este nuevo virus…”
En este sentido, se requiere lo siguiente: 1.- Acto o convenio por el que el que el Instituto Nacional de Medicina Genómica dio, entregó o facilitó pruebas de detección de covid-19 para sacerdotes de la arquidiócesis de México. 2.- Acto o convenio por el que la Universidad Nacional Autónoma de México dio, entregó, suministró o facilitó tubos de ensayo para las muestras de covid-19 tomadas a sacerdotes de la arquidiócesis de México. 3.- Nombre de las autoridades del Instituto Nacional de Medicina Genómica quienes autorizaron las pruebas de detección de covid-19 y del personal asignado para tomar dichas pruebas a sacerdotes de la arquidiócesis de México, así como la cantidad de pruebas de haberse practicado. 4.- Nombre de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México responsables de la autorización para \»suministrar\» tubos de ensayo para pruebas covid-19 a sacerdotes de la arquidiócesis de México, así como la cantidad de tubos de ensayo de haberse suministrado. 5.- Medidas de protección o barreras médicas para cuidado del personal médico del Instituto Nacional de Medicina Genómica que practicó las pruebas covid-19 a sacerdotes de la arquidiócesis de México. 6.- Nombre del epidemiólogo del Instituto Nacional de Medicina Genómica responsable del tratamiento de resultados y de los datos personales de los sacerdotes de la arquidiócesis de México a quienes se les practicó la toma de pruebas covid-19”.
Tanto la UNAM como el Instituto referido emitieron respuestas en noviembre. La Universidad, a través de instancias como la tesorería, la Dirección General de Legislación Universitaria, dependiente del abogado general y la secretaría administrativa de la Máxima Casa de Estudios, afirmaron no tener antecedente documental alguno de convenio para suministrar los diversos materiales para la toma de muestras de covid-19 y tampoco de persona alguna autorizada por la UNAM para la toma de muestras.
El Instituto Nacional de Medicina Genómica dio una pormenorizada resolución emitida el 5 de noviembre de 2021 en la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. La solicitud se turnó a tres unidades responsables: las direcciones de Investigación, de Administración y la Subdirección de Asuntos Jurídicos. Todas esas responsables concluyen lo mismo: No se encontró antecedente alguno de la información solicitada. Confirmado así su inexistencia. Más aún, la violación al sigilo y protección de datos pudo darse cuando el Instituto aclara que los protocolos obligan que los resultados sólo se entregan al interesado. Como se sabe, todos los resultados de esas pruebas covid-19 tuvieron un mal tratamiento llegando a terceros, en este caso, pasando por las manos de los vicarios territoriales dándose así la presunta vulneración de los datos personales y sensibles de los interesados.
La pandemia vino a tirar todas las ambiciones del actual arzobispo y su núcleo cercano. A esto ha abonado la tremenda desgracia de comunicación que ha sumido a la arquidiócesis en una verdadera crisis.
Al principio de la pandemia, se encomendó a esta área un apuntalamiento comunicativo que ha ido al fracaso reducido sólo a la pastoral de los likes, de redes y de pasarela para el ego de los obispos auxiliares. Rodríguez Labastida y su equipo se han refugiado en eso como buen pretexto de estar haciendo bien las cosas, lo que en realidad es la justificación velada para ocultar el desastre.
No obstante, la cuestión es más delicada. Se comprometió la seguridad, integridad, salud y vida de decenas de personas y el director de comunicación del arzobispo Aguiar sirvió de tapadera de una serie de irregularidades que pudieron rayar en conductas ilícitas…
Si las autoridades responsables han demostrado la carencia de información y datos, ahora hay otra obligación: el arzobispado de México debería dar información precisa respecto al origen de esas pruebas aplicadas en el 2020. No sólo está comprometido el arzobispo Aguiar, lo están quienes gestionaron todo ese circo que se montó en Durango 90 en julio de 2020; sin embargo, la cuestión apunta hacia quien asomó la cabeza, Javier Rodríguez Labastida. Su compromiso debería ser por deslindar la verdad; sin embargo, es difícil que lo realice. No bajo el arzobispo Aguiar cuando el director de comunicación le ha servido de sepulturero para ampliar la tumba en la que han metido a la arquidiócesis primada de México.
Por Guillermo Gazanini Espinoza.
