Un alto gestor de inversiones de la Secretaría de Estado del Vaticano, ahora acusado, engañó a la Santa Sede para que invirtiera millones en un proyecto falso para financiar una autopista en Carolina del Norte, según señala la fiscalía del Vaticano.
Enrico Crasso es uno de los diez acusados por la fiscalía del Vaticano el pasado 3 de julio por delitos financieros. Crasso, que durante años supervisó la inversión de millones de euros de fondos de la Iglesia, está acusado de múltiples delitos como malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de dinero, fraude, abuso de funciones y falsificación. Un escrito de acusación de 488 páginas publicado la semana pasada contiene los detalles de los cargos contra él y otros cargos del Vaticano.
Una de las acusaciones contra Crasso es que consiguió desviar 7 millones de euros del Vaticano presentando una propuesta de inversión que había sido falsificada: aunque se suponía que estaban destinados a financiar la construcción de una autopista en Carolina del Norte, el dinero se utilizó en realidad para financiar una participación en tres empresas italianas.
Durante los registros efectuados tanto en las oficinas de la secretaría como en los domicilios y otros despachos de Crasso, los investigadores encontraron dos versiones de una propuesta de inversión, y la que se presentó al Vaticano presentaba «diferencias sustanciales» respecto a la original.
«Las páginas 1 a 3 del Memorándum de Oferta, que describe las inversiones previstas con los fondos recaudados mediante una emisión de bonos, han sido sustituidas, por una persona no identificada, de forma que se impide la comprensión de la finalidad de la operación», concluyen los fiscales.
Con una propuesta de inversión en la construcción de una autopista en Carolina del Norte, Crasso se aseguró un compromiso del Vaticano de 7 millones de euros, que fue aprobado por el entonces sustituto de la secretaría, el cardenal Angelo Becciu.
Pero los fiscales encontraron una propuesta alternativa para la misma inversión en correos electrónicos entre Crasso y un funcionario de BSI, un banco suizo utilizado por la Secretaría de Estado hasta 2017, cuando fue cerrado por las autoridades bancarias por violaciones relacionadas con el lavado de dinero.
En la propuesta de Crasso-BSI, los fondos recaudados estaban destinados a financiar inversiones de capital en tres empresas italianas: Piana Clerico 1582, una empresa textil, Natural SRL, una empresa de pesticidas, y EGO Airways.
Los fiscales concluyeron que la Secretaría de Estado fue «inducida a autorizar un préstamo de más de 6 millones de euros sobre la base de una representación falsa, porque las sumas en cuestión nunca fueron asignadas [por el Vaticano] a las tres iniciativas, sino a la inexistente autopista en Carolina del Norte».
Los bonos se vendieron finalmente con pérdidas por 5 millones de euros en 2018.
No está claro que el propio Crasso haya falsificado realmente el proyecto de inversión. Mientras era interrogado en 2020, el gestor de inversiones dijo a los fiscales del Vaticano que «nunca había oído hablar de Carolina del Norte.»
Tras examinar los registros bancarios durante su investigación, los fiscales también alegan «que Crasso ha llevado a cabo varios movimientos financieros a lo largo de los años entre cuentas bancarias personales y corporativas [de] HP Finance y otras entidades relacionadas con él.» La acusación enumera dos cuentas personales específicas de Crasso mantenidas en sucursales de UBS en Estados Unidos, una en Miami (Florida) y otra en Stamford (Connecticut).
«Sobre la base de estos elementos, esta oficina cree que puede acusar a Crasso del delito de fraude agravado», concluye la fiscalía.
Aunque varios funcionarios del Vaticano implicados en la aprobación de la inversión, entre ellos el cardenal Becciu y Fabrizio Tirabassi, también se enfrentan a cargos penales, en el caso concreto del bono de HP Finance, los fiscales no encontraron pruebas contra funcionarios de la Secretaría.
La administración de fondos de la Iglesia por parte de Crasso ha sido objeto de escrutinio por parte de los medios de comunicación desde hace años.
A través de Sogenel, una empresa que fundó, Crasso fue el gestor del Fondo Global Centurión, en el que el Vaticano invirtió decenas de millones de euros, incluido el dinero del Óbolo de San Pedro, la colecta mundial anual para sufragar el ministerio del Papa. El fondo es famoso por haber invertido en varias películas de Hollywood, como Rocketman, la película biográfica de Elton John.
Informes anteriores han establecido que todas las inversiones del fondo se realizaron a través de un pequeño banco suizo en Lugano, Banca Zarattini. En 2018, los fiscales estadounidenses incluyeron a ese banco en las acusaciones durante un caso de lavado de dinero de mil millones de dólares relacionado tanto con la compañía petrolera nacional venezolana PDVSA. Los fondos mantenidos en el banco fueron identificados para su incautación si fuera necesario.
En diciembre de 2019, el Papa Francisco ordenó la liquidación del fondo después de los informes de los medios de comunicación sobre sus inversiones.
Crasso también introdujo en la Secretaría de Estado a Raffaele Mincione, el empresario que llegó a venderles un edificio en Londres, cuya compra dio el pistoletazo de salida a la investigación que desembocó en las acusaciones dictadas el 3 de julio.
Mincione ha sido acusado de malversación, abuso de funciones, fraude y autoblanqueo.
Al parecer, Crasso también fue quien presentó al Vaticano a Gianluigi Torzi, que actuó como intermediario en la venta final del edificio y que posteriormente fue detenido por blanqueo de dinero y extorsión.
Crasso estuvo presente en una reunión con Torzi en un hotel romano en 2018, durante la fase final de la venta del edificio londinense, momento en el que Torzi habría extorsionado al Vaticano por el control del holding propietario del edificio.
Según una supuesta grabación de la reunión, se puede escuchar a Torzi solicitando una inversión de millones de euros de fondos del Vaticano en unos bonos que tenía que vender para cumplir con un acuerdo legal con una compañía de seguros italiana.
En octubre de 2020, un tribunal suizo concedió a los investigadores del Vaticano pleno acceso a la documentación bancaria relacionada con Crasso, incluida la que obra en poder de Az Swiss & Partners, propietaria de la empresa de Crasso, Sogenel, que gestionaba el fondo Centurión.
El juicio en la Ciudad del Vaticano contra Crasso y los otros nueve acusados por delitos financieros está programado para el próximo 27 de julio.
The Pillar.
