Los obispos católicos de Canadá dijeron que las posibles presiones que la nueva ley de suicidio asistido del país ejercerá sobre los canadienses con enfermedades mentales o discapacidades son «demasiado reales, peligrosas y potencialmente destructivas».
En un comunicado el 8 de abril, la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá denunció la expansión de la “asistencia médica para morir” – o MAiD, como se le conoce – a aquellos que no están cerca de la muerte. Hicieron un llamado a las personas de fe a orar y a presionar a los funcionarios electos sobre el tema.
La declaración, firmada por el arzobispo Richard Gagnon, presidente del CCCB, decía: “Nuestra posición sigue siendo inequívoca. La eutanasia y el suicidio asistido constituyen la matanza deliberada de vidas humanas en violación de los mandamientos de Dios; erosionan nuestra dignidad compartida al no ver, aceptar y acompañar a los que sufren y mueren. Además, socavan el deber fundamental que tenemos de cuidar a los miembros más débiles y vulnerables de la sociedad ”.
El Senado de Canadá aprobó el proyecto de ley C-7 el 17 de marzo, días después de que fuera aprobado por la Cámara de los Comunes. La nueva ley amplía el acceso al suicidio asistido a aquellos cuya muerte no es «razonablemente previsible», incluidos los enfermos mentales, aunque esa disposición no estará consagrada en la ley durante dos años para permitir una revisión para establecer protocolos y salvaguardias. La nueva ley también permite a las personas hacer solicitudes anticipadas de eutanasia si temen perder la capacidad de tomar esa decisión más adelante en la vida.
En el comunicado, difundido “durante este tiempo de Pascua que celebramos la resurrección de Cristo y la nueva vida que tenemos en él”, los obispos afirmaron su apoyo a las organizaciones que resisten la eutanasia, así como a familiares, amigos, trabajadores de la salud, y voluntarios que atienden a los enfermos y moribundos.
Los obispos dijeron que se «oponen categóricamente» a permitir el suicidio asistido en las instituciones católicas y pidieron derechos de conciencia para los trabajadores de la salud que no quieren participar en la eutanasia.
En respuesta a la nueva ley, los obispos pidieron un acceso rápido a la atención de salud mental, apoyo social y programas de prevención del suicidio para las personas que padecen enfermedades crónicas o degenerativas, viven solas o viven en centros de atención a largo plazo.
“Los cuidados paliativos, y no la eutanasia o el suicidio asistido, son la respuesta compasiva y de apoyo al sufrimiento y la muerte”, dijeron.
El arzobispo de Vancouver J. Michael Miller dijo: “Apoyo plenamente la declaración del CCCB. Además, estoy convencido de que la única forma ahora de minimizar el daño a la dignidad humana causado por una ley tan inmoral es trabajar para garantizar que los cuidados paliativos sean asequibles y accesibles para todos los canadienses ”.
Los grupos de derechos de las personas con discapacidad y los líderes indígenas de Canadá también se han pronunciado en contra de la expansión del suicidio asistido.
En una carta de febrero, 15 líderes indígenas y trabajadores de la salud declararon: «El proyecto de ley C-7 va en contra de muchos de nuestros valores culturales, sistemas de creencias y enseñanzas sagradas».
Dijeron que los pueblos indígenas son «vulnerables a la discriminación y la coacción en el sistema de atención de la salud» y merecen protección de «asesoramiento no solicitado» con respecto al suicidio asistido. «La opinión de que MAiD es un fin digno para los enfermos terminales o los que viven con discapacidades no debe imponerse a nuestros pueblos».
Canadá enmendó la prohibición penal de ayudar o incitar a una persona a suicidarse en 2016, creando una exención al “delito de homicidio culposo” para que los médicos pudieran administrar una inyección letal a una persona moribunda sin enfrentar cargos penales.
Agnieszka Ruck.
Ruck es editor asociado de BC Catholic, periódico de la Arquidiócesis de Vancouver.
VANCOUVER, Columbia Británica.
