El pasado 11 de marzo de 2021, los obispos de México, a través de su comunicado UNIDOS POR EL BIEN COMÚN, expresaron su preocupación por los diversos proyectos de reforma constitucional y legal que en México se están operando desde el Poder Legislativo. Estos proyectos de ley han ido avanzando con la anuencia de diputados de todas las fracciones legislativas.
No obstante que la situación que vive el País es desoladora por “la enfermedad y muerte a causa de la pandemia por COVID-19 y el escaso índice de vacunación; la crisis económica que ha detonado desempleo, mayor pobreza y marginación social; el flagelo del crimen organizado que diariamente cobra vida y dinamita el crecimiento de las regiones; así como el rezago educativo que enfrentan las niñas, niños, y jóvenes”, se están llevando a cabo reformas que atentan contra la vida, la familia y las libertades fundamentales.
En su comunicado, los Obispos de México denuncian lo siguiente: “Hemos conocido, en las últimas semanas, diversas iniciativas legislativas que parecen no atender, ni entender, la gravedad de la situación. Impulsando agendas ideológicas que deberían exigir una discusión social pausada y responsable, así como una fundamentación mucho más sólida, basada en la inalienable dignidad de toda persona; por el contrario, han ido recibiendo aprobación en el proceso legislativo en el Congreso, sin tener un consenso social amplio y un cimiento técnico riguroso.
Con gran preocupación advertimos que, en una situación como la presente, se pretendan introducir modificaciones en la Constitución y en leyes secundarias, que abran las puertas a la ampliación de la práctica del aborto, a la restricción del derecho a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, a limitar peligrosamente el ejercicio de la patria potestad, a intervenciones biotecnológicas en el ámbito reproductivo, al consumo lúdico de la marihuana, entre otros asuntos más”.
Un ejemplo de estas modificaciones es la reciente legalización de la marihuana. Una cosa es el uso terapéutico de esta droga y otra, el uso lúdico de la misma. Se han escuchado algunos discursos encantadores justificando que la legalización disminuirá la violencia; se dice incluso que el gobierno debe asumir el control de esta droga y no la delincuencia. Se argumenta también que es incluso un derecho fundamental para el libre desarrollo de la personalidad.
Este tipo de estrategias no resuelven los problemas de fondo de nuestro país. La legalización de la Marihuana no garantiza de ningún modo que bajará la violencia. Las causas de la violencia son multifactoriales, no se debe sólo a la prohibición de la marihuana. Legalizar el uso lúdico de esta droga atenta contra la ética pública pues supone la degradación de valores, se permite lo que daña la salud de la población y va contra el bien común y la justicia.
La marihuana siempre será toxica. Con esta legalización se está empujando al país a un enorme problema del cual no se dice cómo se saldrá. Alentar para que la gente se drogue y altere su conciencia, se vuelva adicta, pierda la brújula, la paz, la salud y el sentido de su existencia, no contribuye en nada a mejorar la sociedad; con este permisivismo sólo se promueve el deterioro físico, mental y espiritual de las personas y de la sociedad.
Otro grave asunto es el proyecto de reforma del Artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público donde se busca imponer a las Iglesias una ley mordaza, para que eviten exponer con libertad sus principios doctrinales. Con ese proyecto de ley se pasa por encima del Derecho humano a la Libertad de Creencia.
Y qué decir del gran peligro que representa la Ley General de Población, aprobada además por todos los partidos de oposición, en un acto de traición a la población, el 3 de diciembre de 2020; y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Con estas leyes se abrirían las puertas al aborto libre, a la perdida de la patria potestad, a la imposición de la ideología de Género en las escuelas y a la legalización de las bodas gay; se condenaría además a los médicos objetores de conciencia y empezaría una persecución contra quienes no quieran adaptarse “al pensamiento único”; peligrarían todas las instituciones, organizaciones y grupos que supuestamente ejerzan la “violencia simbólica”.
Observamos con preocupación cómo se quiere imponer el marxismo cultural y se quiere destruir a las instituciones que sostienen y dan sentido a nuestra sociedad. Como dicen también los obispos: “a nadie conviene tener a un México dividido y fracturado por temas que exigen un debate social ordenado, paciente, respetuoso y bien fundamentado”. Es más importante trabajar por la unidad nacional pues nadie se salva solo.
