El Senado español, tras cuatro horas de debate, ha aprobado este miércoles por 155 votos a favor, 100 en contra (de PP y Vox) y 3 abstenciones la ley de eutanasia, que permite a sanitarios matar enfermos si lo piden los enfermos expresamente o si consta algún documento anticipado en que lo pidieran. Cualquier persona que lleve al menos un año empadronado en España podrá pedir la eutanasia.
El manifiesto «Senadores, rechazad la ley de eutanasia» de la Asamblea de Asociaciones por la Vida, que pedía a cada senador votar lo correcto sin someterse a su partido no conmovió a ninguno o casi ninguno: Ciudadanos, Podemos, PSOE, etc… votaron en bloque disciplinado por la eutanasia. Nada que ver con las figuras de socialistas portugueses que votaron en contra de su partido en este tema.
El debate en el Senado concluyó con un largo aplauso para dos familias de activistas proeutanasia presentes en la tribuna de invitados.
Los vetos y propuestas de PP y Vox fueron rechazados. Solo se incorporaron algunas enmiendas menores que prácticamente mantenían la ley igual.
Los opositores a la eutanasia podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad, algo que puede hacer el Defensor del Pueblo, o 50 senadores (PP tiene 98, Vox tiene 3) o 50 diputados (el PP tiene 88, Vox tiene 52).
Desde el Partido Popular, en palabras de su parlamentario Antonio Román (que es médico), la ley «invita» a enfermos y discapacitados a poner fin a su vida. Además, el PP la considera de «dudosa constitucionalidad».
Antonio Román, senador del PP y médico, señala que la ley invita a los enfermos a pedir que les maten
La industria de la muerte, casi sin controles
Por su parte, el senador de Vox José Manuel Marín, que es médico, ha protestado, recordando que «nadie tiene derecho a provocar la muerte de un semejante gravemente enfermo, ni por acción ni por omisión». Ha denunciado que el Gobierno «quiere instaurar la industria de la muerte». Y ha añadido: » Díganme que no se van a realizar eutanasias involuntarias. ¿Cómo van a controlar que no se produzcan si al tiempo prevén hacerlo en residencias y domicilios por médicos privados que cobran por ello? ¿Por qué no se prevé su práctica solo en hospitales públicos? Solo cabe una respuesta: porque quieren instaurar la industria de la muerte»».
José Manuel Marín, senador de Vox y médico, avisa de que la eutanasia será un negocio que se practicará en centros concertados y en domicilios, lejos de controles
Efectivamente, las eutanasias, según esta ley, se pueden hacer en centros concertados, incluso en lugares especializados sólo en ello, o en domicilio, con la visita de un eutanasiador alentado y apoyado por parientes del enfermo o anciano, quizá impacientes por heredar, y lejos de la mirada molesta de enfermeros, sanitarios, oncólogos o paliativistas.
El senador socialista Francisco Javier de Lucas (filósofo, no médico) ha dicho que quien pida la eutanasia lo hará de manera libre… aunque no hay ningún mecanismo para detectar ni evitar coacciones ni coerción al enfermo, más allá de que el solicitante firma un papel.
El senador socialista también ha dicho que los cuidados paliativos y la eutanasia son «complementarios», cuando es evidente que los paliativos son caros, y en España sólo se ofrecen a un porcentaje de enfermos, mientras que la eutanasia es baratísima y rápida y especialmente atractiva para aquellos que no cuentan con cuidados paliativos por ineficacia de las administraciones.
Como explicó a ReL la antropóloga y paliativista Encarna Pérez, «mientras no tengamos buenos paliativos para todos, muchos pacientes escogerán la muerte».
Suicidio asistido y eutanasia, sin usar estas palabras
La ley española facilita el matar enfermos en dos modalidades:
– un «profesional sanitario» lo envenena con una inyección letal
– o el «profesional sanitario» deja el veneno al alcance del solicitante para que se envenene él mismo
Este segundo caso es el llamado «suicidio asistido» (aunque la ley española no usa esa expresión). Estudios en Oregón, donde hace años que se aplica, demuestran que un tercio de los que piden el veneno para suicidarse con él, una vez lo tienen sobre la mesa, al final no lo toman… O cambian de opinión, o lo van aplazando y mueren por su enfermedad.
En cambio, la eutanasia directa es más letal y rentable: el «profesional» se asegura de que el día de la cita muera el solicitante.
Presión contra los sanitarios objetores
La ley pide a los sanitarios objetores de conciencia que expresen su objeción apuntándose por escrito y de manera anticipada en una lista de objetores, supuestamente «confidencial».
Pero no está claro que eso encaje con la jurisprudencia española que ya existe sobre objeción de conciencia sanitaria ni con la Constitución y podría ser uno de los puntos que el Tribunal Constitucional tumbase con más facilidad.
Además, esa «lista negra» previa cuenta con la oposición firme de numerosos colegios de médicos, incluso de aquellos controlados por defensores de la eutanasia.
Las «garantías»: en 40 días, muerto
El solicitante debe tener una «enfermedad grave e incurable»… concepto más que amplio, que podría incluir la ceguera o tener las piernas paralizadas tras un accidente.
Ha de ser «capaz y consciente» en el momento de la solicitud… o ni siquiera eso, si «ha suscrito con anterioridad un documento de instrucciones o testamento vital» con la petición, que puede ser más que confusa; por ejemplo, ¿y si el testamento dice «no quiero sufrir, quiero morir con dignidad»? ¿Es eso una petición de eutanasia? ¿Quién decide?
La ley pide que el paciente pida la eutanasia 2 veces por escrito, separadas por 15 días, sin «ninguna presión externa», pero la ley no aporta ningún mecanismo para detectar o evitar las presiones externas.
El «médico responsable» (que no tiene por qué ser un paliativista ni especialista en nada, ni tampoco un psicólogo capaz de detectar si su petición forma parte de un cuadro de depresión) le debe hablar sus posibles cuidados (insistamos, sin ser paliativista) y el paciente debe confirmar su petición.
Es fácil imaginar que si el médico es un eutanasiador especializado en eutanasias, que cobra por cada una, no se esforzará gran cosa en buscar alternativas ni medidas paliativas adecuadas.
«En total, pueden llegar a pasar hasta 40 días desde el momento en el que se pide la primera solicitud hasta que día en el que se practica la eutanasia», detalla la agencia Europa Press.
Asociación Médica Mundial: «la eutanasia debe ser condenada por la profesión médica»
Con España, serán sólo 6 los países del mundo que hayan legalizado la eutanasia.
La Asociación Médica Mundial renovó en 2019 su oposición a la eutanasia, declarando que «se debe mantener el máximo respeto por la vida humana» y que «la AMM se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica».
En ocasiones anteriores la Asociación Médica Mundial (en 2002 y 2005) ya estableció que «el suicidio con ayuda médica, como la eutanasia, es contrario a la ética y debe ser condenado por la profesión médica» y que «la Asociación Médica Mundial insta enfáticamente a todas las asociaciones médicas nacionales y los médicos a no participar en la eutanasia, incluso si está permitida por la legislación nacional».
P.J.Ginés/ReL.
