Se denominan “Medidas administrativas para personal religioso”: entrarán en vigor el 1º de mayo y son nuevas disposiciones que asfixiarán aún más a las cinco religiones reconocidas en China (catolicismo, protestantismo, islam, budismo y taoísmo). Pero la cuestión interesante para la Iglesia católica es que las disposiciones relativas a los obispos ignoran totalmente el acuerdo sino-vaticano firmado en septiembre de 2018 y renovado el 22 de octubre de 2020.
El documento se dio a conocer en días pasados (también hay una traducción integral en inglés). El objetivo de estas medidas es claramente reforzar el control de las religiones, mediante la creación de una complicada base de datos en la que deben registrarse los ministros del culto de las diferentes religiones. Aquellos que no están registrados, y por lo tanto no han jurado lealtad al Partido Comunista y no tienen la intención de inclinarse ante la sinización de la religión, ya no pueden calificarse como sacerdotes bajo pena de fuertes sanciones económicas y de prisión. Esta base de datos es un registro que siempre estará actualizada con la situación de los inscriptos.
El artículo 3 establece que para ejercer la función religiosa se debe “amar a la patria, apoyar la leadership del Partido Comunista Chino, apoyar el sistema socialista, respetar la Constitución, las leyes, los reglamentos y las normas, practicar los valores fundamentales del socialismo, adherir al principio de independencia y autogestión de la religión y adherir a la política religiosa de China, manteniendo la unidad nacional, la unidad étnica, la armonía religiosa y la estabilidad social”.
Pero el artículo más interesante para nosotros es el no. 16, que se refiere a los métodos de nombramiento de obispos católicos, que también es objeto del acuerdo sino-vaticano. Bueno, la nueva regulación establece que los obispos son elegidos a través de la Asociación Patriótica de Católicos (controlada por el Partido Comunista Chino) y ratificados por la Conferencia Episcopal China (también controlada por el Partido Comunista). Sin referencia al Papa ni al acuerdo de 2018.
El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, siempre ha defendido el acuerdo con las autoridades chinas – que permanece inexplicablemente secreto – argumentando que se reconoce el rol del Papa para el nombramiento de los obispos, aunque nunca se ha explicado exactamente en qué medida. Y el propio Papa Francisco el pasado 8 de febrero, en su discurso ante el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, volvió a defender el acuerdo con el gobierno chino, insertándolo entre “los acuerdos internacionales que permiten profundizar los lazos de confianza mutua y permiten a la Iglesia cooperar más eficazmente para el bienestar espiritual y social” de los respectivos países. “Se trata – dijo el Papa – de un entendimiento de carácter esencialmente pastoral y la Santa Sede espera que el camino emprendido continúe, en un espíritu de respeto y de confianza recíproca, contribuyendo aún más a la resolución de cuestiones de interés común”.
En resumen, la Santa Sede insiste en exaltar resultados positivos no especificados, mientras que la realidad muestra exactamente lo contrario. Desde que se firmaron los acuerdos en 2018, la persecución contra los católicos se ha intensificado aún más y la situación ha empeorado tanto para quienes siguen a la Iglesia oficial como para la Iglesia clandestina, ahora abandonada a su suerte incluso por la Santa Sede. Y el gobierno – como recordó el cardenal Joseph Zen a la Brújula en octubre pasado – utiliza el acuerdo con la Santa Sede “como instrumento”. “A los que se resisten, el régimen les responde: ‘incluso el Papa está de acuerdo’, aunque la Santa Sede lo desautorice. Para quien está en la iglesia clandestina, la situación es aún más grave. Ahora ya no existen sus iglesias porque ‘hasta el Papa está de acuerdo’, para que nadie haga la vista gorda ante quienes celebran Misas clandestinas. Los mismos sacerdotes han vuelto a las catacumbas”.
Estas nuevas medidas administrativas son una confirmación más de la actitud despectiva del régimen comunista chino hacia la Iglesia, pero también la confirmación de una política fallida de la Santa Sede que, ante lo que está sucediendo, finge que no pasa nada y evita cualquier toma de posición.
El abandono de los católicos chinos, que durante décadas han pagado su fidelidad a la Iglesia con el martirio, es una mancha muy grave de este pontificado y su diplomacia, que no solo concierne a China. Porque, de hecho -si no en la intención- cambia el sentido mismo de la fidelidad a la Iglesia, reduciéndola a un hecho político, con el sacrificio de la verdad en el altar del diálogo entre instituciones.
RICCARDO CASCIOLI.
lanuovabussolaquotidiana.
