El Vaticano ha optado por la pena más severa dentro de la Iglesia y, siete años después de las primeras denuncias internas, ha expulsado del sacerdocio al salesiano español Juan José Gómez Serrano, por violar a varios menores entre 2011 y 2016 en el centro de acogida para niños de la calle que dirigía en Porto Novo, Benín, al oeste de África. Así consta en la comunicación oficial de la orden a los afectados. En la denuncia inicial se contabilizaban al menos una decena de víctimas, y fuentes conocedoras del proceso aseguran que son “numerosísimas”, en un centro por donde pasaban 2.000 menores al año.
El caso, que salió a la luz por informaciones de EL PAÍS en 2018, fue denunciado por varios voluntarios españoles en 2015 en la Audiencia Nacional, cansados de no ser escuchados por la orden. Allí se ha archivado de forma provisional a la espera de nuevas pruebas y ahora confían en que se reabra. Porque, tras su expulsión de los salesianos, este condenado por pederastia en la justicia eclesiástica ha dejado la residencia de la congregación donde estaba apartado desde hace cuatro años y simplemente queda libre en España.
La causa de la Audiencia, muy compleja debido a que se investigan presuntos delitos de un español en otro país con el que apenas hay cooperación judicial, fue sobreseída ante la falta de pruebas y testimonios, ya que las víctimas residen en el país africano. En estos años a la espera de justicia, varias han denunciado amenazas y agresiones de amigos del cura pederasta en Benín para que no colaboraran en el proceso.
“El proceso ha sido particularmente largo y delicado. Puedo afirmar, con toda conciencia, que no se ha escatimado en medios ni en esfuerzos para averiguar la verdad”, sostiene el salesiano Pier Fausto Frisoli, fiscal general de la orden, en una carta a los afectados para comunicarles la sentencia. La condena a Gómez es de febrero de 2020, pero hasta ahora no ha sido firme, tras expirar el plazo del recurso. En sus comunicaciones, el fiscal afirma ser consciente de las extorsiones que las víctimas han sufrido desde que dieron el paso de declarar contra el pederasta. El documento detalla las fases de la investigación canónica, que duró 14 meses y donde se interrogó e “involucró” a 30 testigos —salesianos y laicos— en España, Italia, Suiza, Marruecos, Perú, Benín, Camerún, Togo y Burkina Faso, bien porque tuvieran alguna relación con Gómez, bien porque en algún momento hubieran tenido contacto con el centro de acogida de la orden en Benín.
La pederastia de sacerdotes españoles en otros países está aún por descubrir, pues incluso en el pasado a los que eran acusados en España simplemente se les enviaba de misioneros. La relevancia de Gómez en Benín y en el mundo de la cooperación era notable. Su trabajo como director del programa salesiano para salvar a niños de la calle le llevó a aparecer en medios españoles y a ser reconocido en un documental sobre el tráfico de menores en África, titulado No estoy en venta. Pero había una cara oculta. Tanto sus víctimas como algunos misioneros que trataron con él revelaron a este diario que su actitud en Porto Novo era dictatorial, ejerciendo chantaje y maltrato físico a los menores.
Un cacique en un centro para niños de la calle.
En 2013 dos voluntarios advirtieron de estas prácticas a la orden en un informe, donde también se alertaba de abusos sexuales de los menores del centro. Entonces no acusaron a Gómez de pederastia, aunque ya alertaban de rumores sobre ello. “Le vimos salir un día de su cuarto acompañado de un chico joven, de unos 15 años, que iba secándose los brazos con una toalla, como si se acabara de duchar”, decía una de esas voluntarias. Portavoces de los salesianos afirman que “no consta” el informe y nunca lo recibieron. El poder del “padre Juanjo” siguió intacto tres años más.
Fue en 2015 cuando varios voluntarios españoles decidieron denunciar los abusos a los superiores de la orden y, directamente, en la Audiencia Nacional. Dieron el paso después de que una de las víctimas les revelase que “el padre Juanjo” abusaba sexualmente de él y de varios de sus compañeros. El inspector de la región salesiana de África francófona occidental, Faustino García, trasladó la denuncia a las autoridades civiles del país africano. Los salesianos reconocen que entonces paralizaron su investigación interna “para no interferir” en las indagaciones de la policía de Porto Novo. Mientras duraron esas pesquisas, no apartaron a Gómez de su puesto. Los denunciantes aseguran que “Juanjo manipuló el proceso y manipuló a varias de las víctimas y testigos para que se retractaran de su declaración inicial”. “La investigación policial se cerró a comienzos de 2016 porque, según los agentes africanos, no había pruebas y todo era una invención de los voluntarios”, explican.
La orden dio por buena la investigación de la policía de Benín y abandonó el proceso canónico. Pero en mayo de 2016, llegaron a los salesianos de España nuevas denuncias de otras víctimas. Además, entonces tuvieron noticia de la investigación abierta en la Audiencia Nacional. La congregación impulsó la reapertura del caso en la vía canónica y, en esta ocasión, según su versión, la investigación ya reveló “indicios consistentes”. Se remitió a la Congregación de Doctrina de la Fe, el órgano disciplinario del Vaticano que centraliza la investigación de los abusos de menores. La orden por fin actuó y exigió a Gómez que regresara a España para recluirse en una casa de los salesianos en Madrid, donde ha residido a la espera de la resolución del expediente.
JULIO NÚÑEZ|IÑIGO DOMÍNGUEZ.
EL PAÍS.
