Independientemente del tipo de régimen que ha experimentado, el Estado en México siempre ha participado en la actividad económica con un carácter regulador. Esto es, nunca ha sido omiso en su tarea de intervenir en el establecimiento de alcances y/o límites de los particulares en actividades de carácter productivo, aún cuando ciertamente su injerencia en el rubro ha ido presentándose en concordancia con las características de cada época. De tal manera que conforme han evolucionado el desarrollo y consecuentemente la estructura de la sociedad, la implementación de leyes y reglamentos por parte del Estado ha ido delineando tanto los límites de los particulares, como la injerencia del Gobierno no sólo como regulador, sino incluso como actor en la producción y prestación de bienes y servicios, respectivamente.
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Como la historia demuestra en todo el mundo, la actividad regulatoria del Estado ha sido siempre posterior a lo que podría denominarse “el hecho económico” en sí. Esto es, nunca el Estado ha sido el generador de innovaciones tecnológicas concretas, de inventos y de descubrimientos; todos éstos han correspondido a hombres, a personas concretas, muchas de las cuales no alcanzaron a ver plasmados sus logros en auténticos detonantes de la transformación social, y menos aún en empresas impulsoras de miles o incluso millones de empleos en el mundo. Los ejemplos más nítidos de la creatividad individual –aunque a diferencia de lo registrado en el pasado, ahora sí con la experimentación del disfrute personal del éxito económico– son los de jóvenes convertidos en multimillonarios: esto es, con el fin de obtener determinados objetivos muy concretos, muy definidos, han realizado experimentos tecnológico de extraordinario impacto social que los han convertido en empresarios “de vanguardia”. Firmas o corporaciones como Apple, Microsoft, Google, Facebook y demás, son prueba de ello.
Pero tanto hoy, como ayer, “el hecho económico”, el descubrimiento, la innovación, el invento, han precedido la intervención del Estado. Éste último, más bien, se ha visto obligado a participar con posteridad, y con carácter regulatorio, para evitar excesos; para marcar límites, y para establecer normas que fortalezcan la competencia y el libre acceso; eviten la conformación de actividades monopólicas, y preserven la salud, el buen trato y un justo ingreso de los trabajadores.
En el contexto mexicano, y en concordancia con lo registrado a nivel mundial, el desarrollo de la sociedad –como consecuencia del crecimiento y la innovación económicas–, paulatina pero sostenidamente ha marcado la transformación de una sociedad rural a una sociedad urbana; de una sociedad marcadamente campesina a una industrial y prestadora de servicios. Conforme a dicha transformación, y a la irrupción de la llamada “Sociedad del pensamiento” debida a la implementación de las nuevas tecnologías, el Estado ha tenido que ir orientando y modificando su intervención regulatoria. Así por ejemplo, el establecimiento de las llamadas “firmas digitales”, las transacciones o transferencias dinero “on line”, las operaciones de compra-venta vía Internet, el uso y abuso de las redes Sociales (con casos de nodos pederastas, de prostitución o tráfico de personas), han representado un auténtico reto tanto para el Derecho como para el Estado. Sin embargo, las actividades regulatorias, en todos los casos, han sido a posteriori. Y muchas de ellas, a consecuencia de quejas por abusos, por actos deshonestos. De tal manera que éstos últimos han adquirido la denotación de ilícitos, de delictivos, hasta que con posteridad han quedado tipificados como tales en leyes y códigos.
Todo este proceso de ajuste de las leyes al vertiginoso devenir tecnológico, esto es, de la participación del Estado en la actividad económica con un tinte regulatorio en esta nueva época, pone de manifiesto ha quedado rebasada, con mucho, la vieja visión de ser observada la intervención estatal exclusivamente a la luz de las relaciones laborales entre los que participan en la producción de un bien, de un satisfactor.
En efecto, ha quedado por completo superada la vieja concepción de que la actividad económica estaba constreñida a la sola relación obrero -patronal. De que la actividad económica estaba acotada por la producción de un bien en una planta industrial, en una fábrica. De que la dinámica económica del campo quedaba limitada al temporal (las famosas épocas “de lluvias” o “de secas”, como se les dice) o las zonas de riego, y de que el ingreso personal, familiar y comunitario dependía exclusivamente del monto de la cosecha. Por el contrario, la irrupción de las agro-industrias, las políticas nacionales e internacionales de cuotas y precios, así como los alimentos genéticamente modificados, son algunos factores que han modificado radicalmente la actividad económica en el agro y, obligado también, a una intervención estatal regulatoria que busca el reconocimiento de derechos y el establecimiento de deberes, para la prevalencia de la justicia.
El abandono práctico y conceptual (en la teoría marxista), de que la actividad económica sólo se reduce a la interrelación obrero-patronal; la evolución ya descrita en el sector campesino, y la irrupción vertiginosa del ramo de los Servicios –sobre todo por el explosivo desarrollo en el área de las tecnologías de la información–, han abierto una nueva veta para la participación del Estado en la actividad económica:
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- Como regulador.
- Como captador de impuestos
- Como prestador de servicios.
En el México predominantemente rural, el Estado tuvo una injerencia fundamental: la fijación legal de los tipos de propiedad para el campo (pequeña propiedad, comunitaria y ejidal); permitió tanto al Gobierno como a su Partido, intervenir y manipular lo mismo el otorgamiento de tierras que la entrega-condonación de créditos y, finalmente, el uso de comunidades enteras con fines electorales. Oscar Brauer Herrera, entonces secretario de Agricultura del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, declaró: “el ejido está organizado para votar, no para producir”. Las tierras “entregadas” a los campesinos mediante la estructura “ejidal”, legalmente sólo fueron en usufructo, no propiedad, de tal suerte que el campesino quedaba sujeto a los “apoyos”, esto es, a los créditos siempre impagables que se le entregaban a través de las instituciones de crédito, como el BANRURAL (Banco Nacional de Crédito Rural) o “centrales” como la CNC (Confederación Nacional Campesina).
De igual forma, durante la paulatina industrialización del país, pero expresamente a partir del mandato presidencial de Lázaro Cárdenas, se dio a luz al llamado “Corporativismo” con la creación de estructuras sindicales “únicas”, que aglutinaron a obreros, burócratas, campesinos y “clases medias”, y que al amparo de leyes y reglamentos implementados por el Estado, fijaron las relaciones entre los llamados “factores de la producción”, como se les denominaba en aquel entonces a patrones y a obreros. Así, bajo la tutela del Estado (léase la Secretaría del Trabajo y Previsión Social), a los empleadores se les obligaba a pactar con los líderes obreros “las nuevas condiciones” de trabajo: salarios y prestaciones.
En dicha etapa fue donde la participación del Estado en la economía nacional sufrió un cambio radical: en efecto, la estatización, como la del petróleo, vistió al Gobierno con el ropaje de empleador, de empresario. Y con ello, quedó convertido en Juez (Estado) y parte (Gobierno-patrón).
Así, en las “negociaciones” contractuales para fijar nuevos salarios y prestaciones, de un lado estaban los representantes obreros, pero del otro los personeros del Estado (funcionarios de la Secretaría del Trabajo) – Patrón (directivos de PEMEX, por ejemplo).
La injerencia directa del Gobierno en la actividad empresarial, con lo anterior, contempló toda una nueva cosmovisión estatal que quedó plasmada en leyes, reglamentos y procedimientos supralegales que permitieron no sólo la conformación de monopolios productivos –como Petróleos mexicanos–, sino sindicales, a través de la proliferación de “Sindicatos Únicos”: el “Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana”, “Sindicato Único de Trabajadores de la Música”, “Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana”, “Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”, etcétera.
La regulación estatal que cobijó la injerencia gubernamental en todo el proceso económico de aquél entonces (marcado por una cada vez menor preponderancia del sector campesino, a causa de la creciente irrupción de la industrialización nacional), estaba completada por el diseño estructural que se le había dado al Banco de México.
En efecto, siguiendo el modelo socialista, y no el liberal impulsado en nuestro Continente por Estados Unidos, el Estado diseñó el Banco de México como una entidad gubernamental más. En otras palabras, el Estado no sólo reservó al Banco central el monopolio de la emisión de monedas y billetes, por ejemplo, sino que la designación de su Director quedó en manos del Ejecutivo.
Sin embargo, a pesar de la ya descrita intervención creciente del Gobierno en la actividad económica al amparo de regulaciones legalizadas por el Estado, al finalizar el período presidencial de Lázaro Cárdenas y sobrevenir el fin de la Segunda Guerra Mundial, llegó al poder en México una corriente liberal que, además de desaparecer al PRM (Partido de la Revolución Mexicana) fundado por el michoacano, promovió el nacimiento del PRI (Partido Revolucionario Institucional), flexibilizó el proceder gubernamental y fomentó la actividad de los particulares, aunque sin abandonar el “dirigismo” a través de las estructuras corporativas de control obrero, campesino y “popular”.
Los Gobiernos mexicanos post-cardenistas, en efecto, congelaron cualquier regulación impulsora de mayor injerencia del Gobierno en la actividad económica y, como consecuencia, en medio de un ambiente de confianza, favorecieron la creación de empresas y, consecuentemente, del empleo. México vivió, por décadas, dentro de un ambiente de crecimiento con desarrollo económico y estabilidad social. Incluso los mejores niveles alcanzados por el país, lo convirtieron en objeto de admiración y análisis, por parte de analistas y políticos del mundo. de tal suerte que se le calificó del “Milagro Mexicano”. En las escuelas de nivel primario, por ello, México era mostrado a los alumnos como “el cuerno de la abundancia” y las nuevas generaciones, así, crecían en un ambiente de esperanza y prosperidad. No existía la inflación. Por décadas, la paridad peso-dólar se mantuvo estable, inamovible. pero no se modificaron las condiciones del campo: se mantuvo la vieja estructura de dominación ejidal. Se siguió impidiendo a los campesinos el poder tener la propiedad privada de las tierras que se les habían “entregado”, y la continua emigración legal e ilegal a Estados Unidos se favoreció para obtener cada año más jugosas “remesas” de dinero enviado a México. Cientos de miles de familias campesinas no protestaban por la política oficial para el campo, pues a fin de cuentas cada mes recibían de “los mojados” (sus familiares internados en territorio estadounidense), dólares que les servían para sobrevivir.
Sin embargo, las condiciones económicas de México sufrieron un cambio drástico, traumático, a partir del gobierno de Luis Echeverría (1970-1976), quien abandonó el modelo liberal post cardenista y, con el respaldo de un Congreso mayoritariamente afín, hizo cambios a la fisonomía del Estado y convirtió al Gobierno en el principal empleador del país. El Gobierno quedó convertido en el Patrón más grande y oneroso de México: más de 500 empresas quedaron adscritas a las estructuras de gobierno. El sostenimiento de las mismas representó una fuerte carga financiera para la economía nacional. El Gobierno se vio en la necesidad de elevar impuestos, para obtener mayores recursos y solventar sus gastos empresariales. A través del Banco de México, impuso un llamado oficialmente “Encaje Legal”, a través del cual 30, y luego 40, y posteriormente 50 y hasta 70 centavos de cada peso depositado en las instituciones bancarias por los mexicanos en calidad de ahorro, automáticamente pasaban al propio Banco de México para financiar al Gobierno. Cuando tampoco estos dineros resultaron satisfactorios para cubrir sus operaciones, entonces el Gobierno de Echeverría elevó su deuda interna con los propios Bancos nacionales; luego con los extranjeros, y finalmente con organismos multinacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
El cúmulo de gasto generado por el Gobierno, a través del sostenimiento de cientos de empresas ineficientes, finalmente obligó a Echeverría a firmar un “Pacto Secreto de Entendimiento” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), casi para finalizar su mandato. El siguiente Gobierno, de José López Portillo, heredó la deuda y el compromiso con el FMI y la Banca extranjera, pero en vez de reducir el monto de lo adeudado, terminó multiplicándolo, a pesar de la extraordinaria riqueza petrolera del país. Durante su mandato, el Gobierno obtuvo 40 mil millones de dólares por la exportación de petróleo, pero contrató deuda por 80 mil millones de dólares, convirtiéndose en el más endeudado del mundo, en aquél entonces.
A la mayor injerencia del Gobierno en la actividad económica y la modificación de leyes que dieron un cambio al modelo del Estado, se le denominó “intervencionismo”. Pero los apologetas gubernamentales le decían “Economía Mixta”
Así las cosas, luego del Gobierno de López Portillo, se sucedieron en México varios de tinte liberal, que realizaron modificaciones legales y el modelo de Estado abandonó el esquema “intervencionista”, asumiendo el de regulador.
Es decir, el nuevo modelo de Estado en México ya no sobrecargó al Gobierno de gastos, del manejo de empresas, sino que, sobre todo con Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, el Estado asumió el control de la dirección u orientación económica, a través de organismos independientes, autónomos, y la emisión de leyes y reglamentos bajo supervisión de “comisiones” e “institutos” ya no dependientes del Ejecutivo (empezando por el Banco de Mëxico). Éste modelo de Estado, sin embargo, está siendo modificado radicalmente por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hasta la fecha, los resultados del cambio han sido: caída de la producción nacional, menor crecimiento económico, mayores niveles de desempleo, retracción de la inversión.
La evidencia empírica demuestra que el “intervencionismo”, esto es, la mayor injerencia del Gobierno en la actividad económica, no se ha traducido en México en mayores niveles ni de crecimiento ni de bienestar; por el contrario, ha sido causa de mayor inflación, deuda pública, desempleo y sujeción a organismos y bancos internacionales.
Por el contrario, un menor “intervencionismo” gubernamental, con una intervención reguladora del Estado a través de leyes, reglamentos y organismos autónomos, ha presentado mayores niveles de crecimiento, de desarrollo y, consecuentemente, bienestar. Precisamente al modelo de menor intervencionismo gubernamental que mereció elogios mundiales y el calificativo de “Milagro Económico”, se le denominó “Desarrollo Estabilizador”.
El caso mexicano no es distinto al del resto del mundo, donde los países con menor “intervencionismo” gubernamental en la economía, son los que presentan mayores niveles de crecimiento económico y mejores estándares de desarrollo y bienestar personal, familiar y comunitario. Aún países con gobiernos socialistas, han alcanzado altos niveles de crecimiento a partir de mayor participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, y la delimitación del Estado a roles de carácter regulatorio.
En cualquier caso, lo que parece quedar en claro es que una cosa es la intervención del Estado en la actividad económica, con un carácter rector, regulador, y otra la del “intervencionismo” gubernamental, de tinte empresarial, de patronazgo. Este último, es decir el “intervencionismo” gubernamental, sin embargo, se ampara, se cobija, se protege, en un modelo, en leyes y reglamentos creados, definidos por el Estado.
