Ayer, 14 de enero, el gobierno argentino promulgó la ley aprobada por el Senado nacional el 30/12/2020, que instituye la pena de muerte prenatal en el país. La promulgó a través de un acto público en el que el primer mandatario expresó su alegría por tal acontecimiento, acompañando la alegría expresada por la multinacional abortista IPPF el mismo día de la aprobación de la ley y reivindicando su rol fundamental durante los 15 años anteriores, con logística y subvenciones contantes y sonantes. Así, el presidente “argentino” se ha mostrado como siervo de los intereses de la multinacional genocida, poniéndose al mismo nivel de otros personajes de la historia argentina que sirvieron a los intereses de las finanzas británicas y su geopolítica imperialista.
El jueves 14 de enero el presidente argentino promulgó la Ley 27.610/20 a favor de la pena de muerte prenatal (=aborto), sancionada el 30 de diciembre ppdo. Los detalles de esa sanción legislativa pueden verse en nuestro anterior artículo “Legalizan el aborto en Argentina: Todo El Poder Al Clan Rockefeller”, en el que destacamos que lo que hicieron los legisladores argentinos fue darle estatus democrático a los fundamentos inventados por la oligarquía financiera angloamericana -representada por John Davison Rockefeller III- para justificar el genocidio prenatal a nivel mundial.
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En un segundo artículo, titulado “Aborto en Argentina: El poder genocida de la IPPF”, pusimos en evidencia que el proyecto de legalización del asesinato prenatal en Argentina ha sido impulsado desde el año 2005 en Argentina por la multinacional británica abortista International Planned Parenthood Federation (IPPF), y que tanto la promoción pública como las iniciativas legislativas presentadas desde ese momento hasta ahora se basaban en la estrategia de esa pseudo ONG antinatalista y genocida.
Esta matriz británica abortista ha sido reconocida por la misma IPPF inmediatamente después de la sanción de la ley, el mismo 30 de diciembre, tanto respecto a la paternidad del proyecto como de las 7 organizaciones “no-gubernamentales” y fundaciones autóctonas que han estado y están directamente al servicio de su plan imperial-colonialista genocida: Casa FUSA – Católicas por el Derecho a Decidir – CEDES (Centro de Estudio de Estado y Sociedad) – Amnistía Internacional en Argentina – Fundación Huésped – CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) – FEIM Argentina.
Estas entidades a su vez han subvencionado otras 20 organizaciones de base de todo el país, que son las que “acompañan a políticos y legisladores, hacen campañas de comunicación y difusión para hacer presente el ‘derecho al aborto’ en el discurso público, y van a planificar activamente la mejor forma de apoyar la implementación de la nueva ley”[1].
En otras palabras: en Argentina se ha institucionalizado legalmente la pena de muerte y el asesinato prenatales, diseñado por la plutocracia financiera angloamericana (Rockefeller-Kissinger) e impulsado por el imperialismo demográfico-genocida británico (Corona británica-George Soros), convirtiendo a la Argentina en el campo de caza de los niños por nacer, a través de organizaciones “argentinas”. En este sentido, el progresismo de la coalición gobernante (Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner) culmina la larga historia de traiciones argentinas a favor de las finanzas británicas, entregando al genocidio a los niños por nacer, para mantener y profundizar el despoblamiento nacional, para mayor “gloria” del Imperialismo Internacional del Dinero.
El CELS es el dispositivo más importante a través del cual se han impulsado todos estos años todas las iniciativas y las políticas mediante las cuales se logró oficializar la política abortista ahora legalizada. Lo ha hecho ubicando distintos funcionarios en los 3 poderes del Estado, muchos de los cuales estuvieron presentes en la ceremonia de promulgación de la ley, entre otros: Elizabeth Gómez Alcorta y Carolina Varsky (Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género), Dora Barrancos (asesora presidencial), Leonardo Grosso (diputado nacional), Marta Alanis y Nelly Minyersky (Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito).
Si se tiene en cuenta que el CELS es subvencionado anualmente, además de la IPPF, por la Embajada Británica en Buenos Aires, el Foreign Office, la Fundación, Ford, la National Endowment for Democracy, la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres y la Open Society Foundations (George Soros), se puede percibir claramente por qué el actual gobierno “argentino” ha promovido y buscado la legalización del aborto: porque está penetrado por la estrategia genocida de la colonización y el despoblamiento argentino en beneficio del Poder financiero internacional, al servicio de la dominación británica de Argentina.
Pero en rigor de verdad, visto en perspectiva histórica, esta promulgación de la ley de asesinato prenatal constituye la continuidad de las Invasiones Inglesas del siglo XIX pero por otros medios, en la forma más perversa y traidora posibles.
En 1806-1807, el Imperio Británico pretendió hacer de la actual Argentina una colonia comercial, pero fracasó en el intento. A partir de 1810 forjó a través una “triple alianza” -oligarquía ganadera bonaerense, la burguesía mercantil porteña y británica y las finanzas británicas- la dominación económica de las riquezas nacionales, en el marco de la soberanía política formal argentina. “Triple alianza” que se mantuvo en forma ininterrumpida desde 1852 hasta 1943, tal como demuestra el historiador anglocanadiense Harry S. Ferns en dos documentados textos históricos[1].
En el siglo XX, el Tratado Roca-Runciman (1933) significó de hecho la subordinación colonial del país a la economía británica, como “parte integrante del Imperio británico”, según la brutal expresión del entonces vicepresidente Julio Argentino Roca (h), para justificar la firma del mencionado pacto y restableciendo la subordinación económica, financiera y política a Gran Bretaña.
A su vez, el Tratado de Madrid (1990) significó la entrega del control absoluto del Océano Atlántico a Inglaterra, la desaparición virtual del Ejército Argentino y la privatización de las empresas públicas argentinas, en muchos casos a precio vil.
En ambos casos se trató de gobiernos de orientación claramente liberal en el primer caso, y de una mezcla hibrida de “peronismo” y liberalismo, de “relaciones carnales” con Gran Bretaña en el segundo caso.
Pero con la legalización de la pena de muerte prenatal se llega al punto más traicionero y abominable de la política argentina, esta vez por obra de un “gobierno” claramente socialdemócrata, seudo “nacional y popular”, que pone la vida de los niños por nacer a merced de la política genocida impulsada por Gran Bretaña y sus súbditos “argentinos” de la peor calaña.
Política genocida que “alegra” a sus promotores, presidente y vicepresidente de la Nación, con un instrumento legal que es un mamarracho jurídico que muestra haber sido redactado por mentes esquizofrénicas, que consideran que es un avance cultural que las mujeres tengan el derecho de matar a un hijo totalmente indefenso (“abortar [matar al hijo] deja de ser un delito”, etc.), y que en el texto y en la presentación del mismo han consagrado la desaparición forzada de personas por nacer en política de Estado, práctica idéntica a la ejecutada por los grupos de tareas de las dictaduras militares.
[1] La Argentina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1983, tercera edición (edición original en español 1973); Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Ediciones Solar, Buenos Aires 1984, 4ª, reimpresión (edición original en español 1968).
[1] En https://www.ippfwhr,org/es/resource/argentina-se-convierte-en-el-pais-latinoamericano-mas-grande-en-legalizar-el-aborto/
