El 18 de noviembre, en una entrevista con el periódico Monaco-Matin , el príncipe Alberto II anunció que no promulgará el proyecto de ley aprobado por el Consejo Nacional en mayo (19 votos a favor y 2 en contra), que habría legalizado la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas, ampliado el plazo a 16 semanas en casos de violación y reducido la edad de consentimiento parental de 18 a 15 años.
El soberano declaró que «comprende la delicadeza de este asunto», pero cree que «el marco actual respeta nuestra identidad, dado el papel que ocupa la religión católica en nuestro país, a la vez que garantiza un apoyo seguro y más humano » .
La negativa bloquea el proceso legislativo y deja inalterada la legislación vigente, que se basa en un sistema que no niega ningún derecho, pues ya permite el aborto en tres circunstancias específicas: violación, peligro grave para la vida de la madre o malformación fetal. Estos son los únicos casos en los que dicha interrupción está justificada. En cualquier otra situación, debemos hablar de asesinato.
Legislación actual: ¿qué prevé el derecho monegasco?
El aborto sigue siendo formalmente ilegal en Mónaco , pero está despenalizado desde 2019 y solo se permite en los casos excepcionales introducidos por la ley del 8 de abril de 2009: violación, peligro mortal para la madre o malformación fetal grave.
Anteriormente, durante décadas, el Principado mantuvo una de las legislaciones más restrictivas de Europa, prohibiendo el aborto en todas las circunstancias. Las mujeres que lo solicitaban se arriesgaban a hasta tres años de prisión, los médicos a hasta cinco años y a la pérdida de su derecho a ejercer. Hoy en día, aunque sigue siendo ilegal en Mónaco, el aborto ya no está penalizado si se practica en el extranjero , especialmente en Francia, donde es legal.
La religión católica como religión de Estado
La Constitución del Principado reconoce la religión católica como religión del Estado . Este elemento no es una simple referencia cultural, sino que afecta a la concepción antropológica que inspira al legislador y que el Príncipe afirmó en su veto. A la luz de este elemento, la postura del soberano solo puede entenderse recordando que, para la Iglesia, la vida naciente es un bien inaccesible , ajeno a cualquier lógica utilitaria o funcional.
Por qué el aborto es moralmente inaceptable
La Iglesia es inequívoca al enseñar que el aborto directo es siempre un acto moralmente ilícito . La Congregación para la Doctrina de la Fe reitera que «la vida humana debe ser absolutamente respetada y protegida desde el momento de la concepción» y que «desde el siglo I la Iglesia ha declarado el mal moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado. Permanece invariable». Por lo tanto, el aborto directo es «gravemente contrario a la ley moral» y, junto con el infanticidio, constituye «crímenes abominables» (Gaudium et Spes 51).
La encíclica Evangelium Vitae ofrece la formulación más precisa y contundente, definiendo el aborto como «la muerte deliberada y directa, por cualquier medio que se lleve a cabo, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, comprendida entre la concepción y el nacimiento» (EV 58). San Juan Pablo II,
Además de condenarlo firmemente, denuncia la distorsión lingüística que tiende a enmascarar su naturaleza: nos invita a «llamar a las cosas por su nombre», recordando que « el asesinato debe llamarse por su nombre : asesinato es asesinato».
De ahí el juicio teológico claro y definitivo:
El aborto directo […] constituye siempre un grave desorden moral, puesto que es la muerte deliberada de un ser humano inocente» (EV 62).
La declaración de 1974 de la Congregación para la Doctrina de la Fe también recuerda las antiguas raíces de esta postura:
No matarás por aborto al fruto del vientre» (Didajé 2,2) y se hace eco de la afirmación de Tertuliano de que «es un asesinato anticipado para impedir el nacimiento».
La condena del aborto no es, por tanto, el resultado de un endurecimiento contemporáneo, sino la expresión coherente y continua de una visión antropológica y moral que la Iglesia ha mantenido desde sus orígenes.
Ninguna ley puede convertir en justo lo injusto.
Uno de los pasajes decisivos para comprender la decisión del Principado se refiere a lo que afirma el Magisterio sobre la relación entre el derecho civil y el aborto . Evangelium Vitae es explícito al juzgar las normas que lo autorizan como radicalmente injustas: tales disposiciones «son leyes completamente carentes de auténtica validez jurídica» y, en consecuencia, «no crean ninguna obligación» (EV 72-74). San Juan Pablo II llega incluso a hablar de una «trágica apariencia de legalidad» y advierte que una democracia que permite la eliminación de los más débiles «camina hacia un totalitarismo sustancial» (EV 20).
Desde esta perspectiva, el aborto no puede configurarse como un derecho , porque niega el más fundamental de los derechos humanos: «el derecho inalienable a la vida de todo ser humano inocente representa un elemento constitutivo de la sociedad civil».
Mónaco y la responsabilidad de un Estado que reconoce el valor de la vida
El veto del Príncipe Alberto II no puede interpretarse como un gesto ideológico, sino como una afirmación de coherencia antropológica y jurídica.
En un país que reconoce el catolicismo como religión de Estado, la protección de la vida no nacida no es un residuo confesional, sino un elemento de visión política: la conciencia de que la civilización se mide por la capacidad de proteger a quienes no tienen voz. El aborto no es una cuestión de «elección», sino de justicia: un acto que elimina a un niño inocente, siempre «débil, indefenso, totalmente confiado» a la madre (EV 58).
Ante la presión cultural y legislativa en Europa que tiende a considerar el aborto una solución ordinaria, el Principado plantea una pregunta incómoda: ¿ puede considerarse justa una sociedad que priva de protección precisamente a quienes no pueden defenderse?
La elección del Príncipe evoca, en su horizonte, lo que San Pablo VI afirmó con claridad profética en la Humanae Vitae :
La vida humana es sagrada; desde su surgimiento, se compromete directamente con la acción creadora de Dios.
Y, sobre todo, reiteró que «no es lícito, ni siquiera por las razones más graves, hacer el mal para que de ello resulte el bien» (HV 14).
El caso de Mónaco trae de nuevo al debate un punto decisivo que la retórica contemporánea a menudo elude: el aborto no es una cuestión de emancipación femenina ni de libertad individual , sino un juicio sobre la dignidad de la vida que está a punto de nacer . La negativa del Príncipe Alberto II a legalizarlo reafirma que un Estado puede y debe asumir la responsabilidad de la protección del ser humano más vulnerable : el feto. Y esto no en virtud de una obligación religiosa, sino por una exigencia elemental de civilización.
Por VM.
PRINCIPADO DE MÓNACO.
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.
SILERENONPOSSUM.
