* Difunden casos supuestamente contra la corrupción, como herramienta de política exterior
El gobierno de Estados Unidos controla en secreto alrededor de la mitad de la financiación de la red de periodismo de investigación más grande del mundo, el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), según ha revelado una investigación conjunta de Mediapart, Drop Site News, Il Fatto Quotidiano y otros medios independientes del mundo. La investigación también ha descubierto que Estados Unidos ejerce poder de veto sobre la dirección editorial y la dirección del OCCRP.
Fundado en 2008 y centrado inicialmente en exponer la corrupción y el crimen organizado en los Balcanes, el OCCRP ahora opera con un presupuesto de 20 millones de euros y un equipo de 200 periodistas en todo el mundo, y trabaja con más de 70 socios de medios, incluidos grandes nombres como el New York Times, The Guardian y Der Spiegel.
Se ha convertido en el actor internacional más importante del periodismo de investigación, conocido por trabajos como Los Papeles de Panamá y el Proyecto Pegasus.
La investigación, dirigida por Mediapart y publicada el lunes, revela que Washington no sólo proporciona un apoyo financiero sustancial (47 millones de dólares de fuentes estatales estadounidenses desde su inicio), sino que tiene el poder de controlar los nombramientos de líderes.
La influencia de Estados Unidos se extiende a dirigir las investigaciones del grupo hacia países específicos, añade el informe.
Drew Sullivan, cofundador y editor del OCCRP, confirmó que el gobierno de Estados Unidos sigue siendo su mayor donante, y que USAID y otras agencias federales también han aportado millones a la organización a lo largo de los años.
«Estoy muy agradecido al gobierno de Estados Unidos», dijo Sullivan a la emisora estatal alemana NDR en septiembre de 2023, cuando la propia investigación del canal con sede en Hamburgo sobre la OCRP lo llevó a suspender la cooperación con la organización.
Sullivan admitió que la financiación estadounidense es crucial para las operaciones del OCCRP. Sin embargo, el dinero viene con condiciones.
El gobierno estadounidense tiene derecho a vetar a personal clave del OCCRP, incluido el propio Sullivan. Washington también exige que la organización utilice sus fondos para proyectos de investigación dirigidos a países específicos y otros intereses geopolíticos.
Por ejemplo, OCCRP recibió 2,2 millones de dólares para trabajar en “Equilibrar la esfera mediática rusa”, un proyecto destinado a investigar los medios rusos, y 2,3 millones de dólares para investigar la corrupción en Chipre y Malta, que podrían usarse contra Moscú.
El gobierno estadounidense también ha utilizado los informes de la OCCRP como arma, al impulsar investigaciones judiciales, sanciones y actividades de cabildeo basadas en los hallazgos de la organización. El Consorcio Global Anticorrupción (GACC), creado en 2016 y cofinanciado por Estados Unidos, utiliza las investigaciones de la OCCRP para impulsar la promoción de sanciones e iniciativas legales contra países e individuos considerados corruptos por Washington.
Según Mike Henning, de USAID, el trabajo del OCCRP se considera una herramienta clave para impulsar la política exterior estadounidense. “Estamos orgullosos de que […] el gobierno de Estados Unidos sea el primer donante público del OCCRP”, afirmó. “La financiación debe estar alineada con la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos y promoverlos”, añadió, señalando la naturaleza estratégica de dichas inversiones.
Sin embargo, los críticos sostienen que la estrecha relación con el gobierno estadounidense compromete la independencia editorial de la organización.
A pesar de sus afirmaciones de independencia editorial, los críticos argumentan que la dependencia del OCCRP de la financiación del gobierno estadounidense compromete cualquier neutralidad que pudiera pretender.
La influencia del gobierno de Estados Unidos sobre las finanzas de OCCRP ha generado preocupaciones sobre la capacidad de la organización para operar independientemente y ha llevado a los medios de comunicación estatales a cesar la cooperación, según Mediapart, particularmente cuando se trata de informar sobre corrupción relacionada con Estados Unidos o cuestiones similares.
MARTES 3 DE DICIEMBRE DE 2024.
AGENCIAS.