Inicia un nuevo curso escolar, quizá de los más riesgosos por la polémica que poco se ha ventilado, sobre todo ante los padres y madres de familia, los primeros responsables de la educación de los hijos: los nuevos planes de estudios que entran en una fase piloto de implementación con un sesgo, acabar con lo que fue la “educación neoliberal” que fomentó más la competencia y desigualdad.
El 19 de agosto de 2022, a través del Acuerdo 14/08/22 de la Secretaría de Educación Pública suscrita por la suspirante a gobernar el Estado de México, Delfina Gómez, anunció la creación de un nuevo plan de estudios para el sistema educativo nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Aunque se presume que el nuevo plan es fruto de un amplio consenso entre “15,324 personas de pueblos indígenas y afromexicanos de las 32 entidades federativas; el magisterio nacional expresado en asambleas en las 32 entidades federativas”, consultas a estudiantes, diversas instituciones de la sociedad civil y universidades, se ha advertido de las carencias que presenta, sobre todo por la educación ideologizada contraria a los valores familiares..
Tras el inicio de este programa, el Instituto Mexicano para la Competitividad -IMCO- publicó, el 23 de agosto, un contundente posicionamiento en el que señala que el plan de estudios propuesto por la SEP no tiene ni diagnóstico o guía para los docentes, especialmente en un momento postpandémico delicado en el que no se dan soluciones al rezago, abandono y deserción escolar, pérdida de aprendizaje y problemas socioemocionales.
Según el IMCO, hay “falta de claridad en los contenidos prioritarios y los retos que tendrá el personal directivo y docente de cada escuela para llevar el plan a la práctica en las aulas podrían profundizar las brechas de desigualdad que se viven en el país”, además, “carece de acciones concretas o un procedimiento que permitan a las y los docentes aplicar los cambios establecidos en el aula” sin dejar de lado qué criterios fueron tomados en cuenta para la selección de las 960 escuelas públicas que implementará este experimento educativo en prueba piloto.
Un riesgo, advierte el mismo organismo, es la carencia de pruebas y evaluaciones sólidas para dejar a criterio una especie de “Evaluación Formativa en la que las y los docentes decidirán cómo evaluar a sus estudiantes para acompañar su proceso educativo”.
Sin evidencias, este programa parece dar un salto al vacío que será limitante a las habilidades y capacidades de los estudiantes generando más confusión que la certidumbre.
Y a todo esto ¿dónde quedan los padres y madres de familia? ¿en qué punto encajan en esto? La Unión Nacional de Padre de Familia -UNPF- organización fundada en 1917 con el fin de promover y proteger los derechos de los padres en cuanto a la educación de los hijos, ha manifestado echar mano de la vía judicial para promover amparos en contra del decreto de la Secretaría de Educación Pública por incurrir en violaciones a la Constitución y a la Ley General de Educación al afirmar que este plan es “antesala de un modelo socialista” que podría pervertir la formación escolar para ser ideológica y doctrinal, afín al proyecto de izquierda de la actual administración.
Previo al curso escolar 2022-2023, la Conferencia del Episcopado Mexicano lanzó el mensaje «Respondamos a lo esencial, educar a nuestros niños y jóvenes» en el que advierte de la catástrofe educativa global derivada de la crisis por covid-19 emplazando a tener pactos en los que se involucre directamente a los primeros responsables del proceso educativo: “directivos, maestros, padres de familia y estudiantes, con el hilo cálido de la solidaridad, el cuidado y la creatividad”.
Sin embargo, el mensaje parece advertir de esta pretensión ideologizadora en los nuevos planes. Y afirma: “Ningún proyecto político, económico, ideológico o social, debe ver a la educación como un botín o instrumento de poder. La educación, en sí misma, exige claridad de intención, de operación y de fin. Educar es un acto de amor, de generosidad, de gratuidad. El Estado, es decir gobierno y sociedad, deben articular juntos, con la máxima participación social posible, la educación en el País…”
Efectivamente, cada gobierno, en cualquier sexenio, toma a la educación como perfecto botín político. Ahora la amenaza parece ser más grave. Un modelo de gobierno autoritario se hace del poder bajo la legitimación populista. Ahora, quiere dar un segundo paso: tomar las aulas. Van por nuestros hijos…
