En sesión de 21 de septiembre, Salma Luévano, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que adiciona la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de una manera inusual: Parodiando a un obispo católico.
Con casulla y mitra hechizas, ante un pleno vacío y sólo atentos algunos de sus correligionarios, Luévano Luna sintetizó la exposición de motivos de una iniciativa que pretende amordazar a los ministros de culto y castigarlos de probarse discursos de odio contra la comunidad LGBTQ.
Destacando que México es un país laico, afirma que los “religiosos tienen límites” y una gran cantidad se han opuesto los derechos fundamentales “categorizando a la población LGBTQ+ como una lastre social, como la causa de los males, como pecadores, como resultado de lo malo, incluso se ha incitado al linchamiento en contra nuestra bajo una falsa libertad de expresión que sabemos debe tener límites…”
Luévano asegura que en México son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de la población que dice representar, particularmente azuzados por ministros de culto sin tener consecuencias penales o infracciones administrativas.
Conforme a la exposición de motivos leída en la sesión de los diputados, “el 28 de junio de 2020, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en pronunciamiento público, señaló que los mensajes religiosos con connotaciones de odios hacia la población LGBTTTIQA+, representan un ultraje a la dignidad humana, toda vez que incitan a la violencia y la discriminación sistemática que se ha simbolizado a lo largo de la historia. Lo anterior resultado de que en una misa dominical un obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Morelos, aseguró que el Covid-19 es un llamado de Dios por el aborto, la violencia, la corrupción y la homosexualidad”.
Luévano prosiguió sus señalamientos otros obispos emprendiéndola, igualmente, contra al desaparecido obispo José María de la Torre Martín: “En 2014, el obispo de Aguascalientes, señaló que los legisladores católicos tienen el deber moral de votar en contra de los proyectos sobre uniones homosexuales, porque este tipo de uniones afectan el bien común; además en otro discurso de odio, manifestó que, de aprobarse las uniones entre personas del mismo sexo, se abriría el camino para que más adelante se permita que las personas se casen con animales; luego en 2015, el mismo obispo, afirmó que las preferencias de la comunidad homosexual son una enfermedad como la sífilis y la gonorrea”.
Al justificar por qué subió a la tribuna del pleno de la Cámara de Diputados con una imitación de casulla y mitra, dijo que era una forma de hacerse notar, bajo el pretexto de denunciar una aparente lucha de clases: “En nombre de mi población decirles a los líderes religiosos que, casualmente la mayoría, son hombres cisgénero blancos de clase alta: Con esta iniciativa les haremos entrar en razón porque su Dios, también es mi Dios. Porque mi fe, también vale. Porque mi lucha es para hacerles frente en esta voz otorgada para representar a quienes no se les escucha. Todo el peso de la ley a esos líderes que incitan el odio contra nosotres. Hasta que la dignidad se haga costumbre”.
Concluyó su discurso de presentación dirigiendo su ataque contra el panista Gabriel Quadri de la Torre de quien, insiste, debe ser sancionado a través del juicio político amagando: “A ti, Gabriel Quadri, te repito, te subiste al barco equivocado, y a todos los Quadris, incluyendo a los ministros de culto, nadie por encima de la ley”.
El pleito de Luévano contra Quadri tienen su raíz cuando, en abril pasado, en el día Internacional de la visibilidad trans, el diputado panista llamó “señor” a Salma Luévano encendiendo los ánimos al insistir que los trans son hombres que se hacen pasar por mujeres.
La iniciativa de Salma Luévano Luna, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, pretende adicionar los artículos 8 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para impedir y castigar discursos de odio en el ejercicio de los actos amparados por esta ley o en medios de comunicación con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica, social, orientación sexual, identidad y/o expresión de género.
