Después del accidente de la línea 3 del metro de la Ciudad de México y finalizada la X Cumbre de los líderes de Norteamérica, la atención del presidente López Obrador se centró en la suerte de su principal corcholata. Su epitafio no lo escriben los adversarios políticos, sino ella misma y su gobierno que ha dejado de lado sus obligaciones más elementales hacia los millones de ciudadanos que viven en la capital del país.
Desde el inicio de la administración de MORENA en Ciudad de México, los “incidentes” en el Sistema de Transporte Colectivo suben y suben. Los especialistas cuentan 431 accidentes y afirman que el número aumentó 2.3 veces en el periodo 2019-2022, en comparación con el período del 2015 a 2018. En las doce líneas de la red ocurrieron 612 accidentes en los últimos ocho años, el 70% de ellos en la actual administración.
Aunque esto se debe al deficiente ejercicio del presupuesto para un mantenimiento efectivo de todo el sistema, la jefa de gobierno, como en los buenos tiempos del autoritarismo, recurre al jefe máximo para que meta mano en la Ciudad de México. Lo que parecía superado, esto es la intervención presidencial en los asuntos de la capital, vuelve ahora a ser penosa realidad.
Actuando como los regentes de antaño, la petición de más de seis mil elementos de la cuestionada Guardia Nacional en los pasillos del Sistema de Transporte Colectivo tiene un sesgo político que no pasa desapercibido. Se trata de una maniobra que busca un blindaje de la imagen de la jefa de gobierno con excusas inverosímiles: acabar con actos de sabotaje en la red del metro.
Sin embargo, nada apunta a lo anterior. En diciembre de 2022, la jefa de gobierno reconoció que la línea 3 que sufrió el accidente del 7 de enero es de las más antiguas. Ante el Consejo Consultivo del Sistema de Transporte Colectivo reconoció la urgencia de rehabilitación mayor, pero “a su administración ya no le daría tiempo de remodelarla”.
A lo anterior, se suman las constantes advertencias de los trabajadores del sindicato denunciando, incluso a través de carteles y volantes en vagones de los trenes, la falta de mantenimiento de carros e instalaciones, carencia de herramientas y refacciones para otorgar un servicio seguro y de calidad. En julio pasado, se dio a conocer que, de los 394 trenes para todas líneas del metro, el 74% está en malas condiciones; el metro, efectivamente, está en agonía.
Pero en lugar de una urgente reanimación, una intervención insiste en aplicar una cirugía que parece ahondar el suplicio. La Guardia Nacional (GN) en instalaciones meramente civiles genera más preocupación, incluso entre usuarios, que ven con escepticismo la presencia de esa corporación. Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional hizo pública su preocupación por el despliegue de elementos que atenta contra el “principio de excepcionalidad” abonando al proceso de normalización de la militarización del país.
El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” igualmente criticó a la GN en el metro “pues es patente que esta corporación reproduce las inercias castrenses de opacidad y uso excesivo de la fuerza”, según afirmó en redes sociales.
El estado de agonía del STC ha servido para extender y militarizar otro aspecto de la vida pública el país. Y en lugar de ser motivo de aplausos, es de gran preocupación y los habitantes de la Ciudad lo reprueban. Con todo, el uso de la GN se convierte así en un instrumento político que se mueve para proteger la cada vez más hundida administración de una de las corcholatas. Así como una película de la Segunda Guerra Mundial, en donde se sacrifica a todo un pelotón para salvar a un soldado, AMLO hace lo mismo para que la GN rescate a la regenta Claudia.
