A veces damos opiniones sobre cuestiones que no entendemos, sin profundizar en el tema. El problema, es que somos un pueblo manipulado, que apoya muchas iniciativas, sin comprender las verdaderas implicaciones. Somos un “pueblo bueno, pero no sabio”, y día con día repetimos los argumentos que nos implantan con la propaganda gubernamental. Todos hemos escuchado que “hay que democratizar la justicia”, que “los jueces deben ser votados para que representen los intereses del pueblo”, que “los ministros, magistrados y jueces no deben contradecir la voluntad del pueblo plasmada en una nueva reforma o ley”.
El papel del Poder Judicial no es representar los intereses del pueblo sino interpretar las leyes, resolver controversias y cuidar que se respete la Constitución. La justicia no debe democratizarse, porque el actuar de los jueces, magistrados y ministros debe ser autónomo y libre de influencia política. Los juzgadores deben tener conocimientos técnicos, interpretar las leyes y estar dispuestos a contradecir a los otros dos poderes, cuando sea necesario. Las personas juzgadoras deben apegarse sólo a lo que las leyes dicen, no a lo que los grupos de poder político quieren o necesitan para afianzar su poder. El papel de la Corte no es avalar los proyectos del gobierno en turno. Si una reforma o ley es inconstitucional, el papel del Poder Judicial es declarar la inconstitucionalidad de esa política para salvaguardar el orden legal. A veces, el papel de la Corte es funcionar como contrapeso cuando las políticas de los otros dos poderes no son apegadas a la Constitución. Su actuación no tiene el objetivo de obstruir la transformación. Su papel es salvaguardar el orden constitucional. Nada más.
Hoy nos dicen que la reforma constitucional del PLAN C democratizará la justicia, erradicará la corrupción y disminuirá la impunidad. Para poder dilucidar si esas cosas pueden ser verdad, analicemos algunos de los cambios estructurales que se plantean al sistema actual:
- La selección de jueces y magistrados actualmente es por preparación y exámenes de oposición, de esta manera sólo los mejor acreditados pueden ocupar esos cargos. Con la reforma, se propone que los jueces y magistrados sean elegidos por elección popular. De aprobase este cambio, se puede condicionar el actuar de los juzgadores a la política y a la opinión pública. Pongamos un ejemplo, si un cacique se presentara con una persona que va a postularse como juez en la zona, podría prometerle una buena cantidad de votos a cambio de impunidad para sus asuntos.
De proceder el Plan C, se cambiaría la naturaleza jurídica del Poder Judicial, ya que las actuaciónes de las personas juzgadoras serían más políticas que técnicas, dejarían de ser neutrales y serían menos especializadas, pues los titulares no serían los más idoneos sino los más populares. Las personas juzgadoras tendrían vínculos con el Poder Ejecutivo y Legislativo y su elegibilidad versaría en su conexión con el poder y no con su capacidad de juzgar. No necesitamos jueces políticos, necesitamos jueces técnicos.
- Respecto a la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se propone reducir su composición de 11 a 9 ministros. También se establece que la Corte sólo deberá sesionar de manera pública en Pleno. Esto haría que desaparezcan las dos salas especializadas. Desde la reforma de 1994, el Pleno delibera y resuelve asuntos muy importantes, como controversias y acciones inconstitucionales. La primera sala está integrada por 5 ministros y resuelve asuntos en materia civil y penal mientras que la segunda sala resuelve los de las materias laboral y administrativa. Esta propuesta puede complicar y retrasar la impartición de justicia, si consideramos que entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre del 2023, se turnaron 4299 asuntos para estudios del Pleno y de las dos salas; y que se resolvieron en el mismo periodo 3456 asuntos. Quienes redactaron el Plan C, plantean que toda esa carga de trabajo se desahogue en Pleno con menos ministros.
- La manera de selección de los ministros también sufriría una modificación. Actualmente, es el presidente quien propone una terna a la Cámara de Senadores, y es por votación en la cámara que se elige un perfil. El procedimiento cambiaría de la siguiente manera: de una pre-selección de 30 candidatos efectuada por el Poder Ejecutivo (10), la cámara de senadores (5), la cámara de diputados (5) y la Suprema Corte (10 candidatos), 9 serían votados y elegidos por el “pueblo bueno, pero no sabio”. Al coincidir las elecciones políticas con las judiciales, es ingenuo no creer que la propaganda político electoral no incidirá en la elección de postulantes judiciales. No se estarían eligiendo ministros por idoneidad sino por popularidad. La manera de elegir ministros sí debe ser modificada, pero de otra manera. Los ministros deberían tener carrera judicial y lejos de ser propuestos por el Ejecutivo, deberían ser propuestos por la Corte a la Cámara de Senadores. Es claro que el sistema quiere ministros cuya visión coincida con el gobierno en turno.
- Con la reforma, se plantea la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y en su lugar instaurar dos órganos especializados: un Órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial.
- El Órgano de Administración Judicial estaría integrado por 5 personas designadas por el Poder Ejecutivo (1), el Senado (1) y el Pleno de la Suprema Corte (3). Estaría encargado de la administración del presupuesto de la judicatura federal, incluida la Corte y el Tribunal Electoral. Ni la Corte ni el Tribunal Electoral serían “autónomos”.
- El Tribunal de Disciplina Judicial sería el encargado de investigar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial. Se integraría por 5 miembros, y todos serán elegidos por el “pueblo bueno, pero no sabio”. A través de este Tribunal se podrían sufrir “injerencias políticas”, ya que los integrantes podrían ser propuestos de manera “democrática” por los poderes que saben promover el voto de las masas. De esta forma, se podría perseguir a los jueces, magistrados y ministros que contravengan los intereses del gobierno en turno.
- Respecto a la reforma al Poder Judicial de la Federación hay otros aspectos importantes que no se han visibilizado. Hablemos de la prohibición de la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. La posibilidad de suspender la ejecución de una política, en lo que se determina su inconstitucionalidad, era una garantía para la ciudadanía. Ahora, con esta prohibición, ya no se podría suspender la aplicación de una ley injusta sino hasta la sentencia. Muchos ciudadanos podrían verse afectados, sin la posibilidad de resarcir el daño.
Recordemos el caso del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), por el se pretendía obligar a todos los usuarios de telefonía a proporcionar sus datos biométricos a la autoridad, politica que significaba una violación al derecho a la privacidad de las personas. Varias instancias promovieron una accion de inconstitucionalidad contra el Decreto y se suspendió su implementación hasta que se resolvió el asunto. Con esta reforma, se hubiera proseguido con el Padrón, y de resolverse a favor del derecho a la privacidad de los usuarios, para muchos mexicanos ya sería muy tarde, pues su información confidencial ya estaría en manos del gobierno.
Hay mucho más que decir. La mayoría de los asuntos legales no se resuelven en el Poder Judicial de la Federación sino en los juzgados y tribunales estatales. Es justo en los poderes judiciales estatales en donde hay más problemas de corrupción y retrasos en la resoluciòn de problemas judiciales. En el año 2015, 132,315 expedientes penales fueron ingresados a los órganos jurisdiccionales estatales, de los cuales 95,914 asuntos fueron resueltos. Ese mismo año, ingresaron al poder Judicial de la Federación 56,581asuntos penales y fueron resueltos 55,524. Es evidente que el nivel de profesionalización y de prontitud en la atención de los asuntos es mucho mayor en el Poder Judicial de la Federación, aunque hoy sólo se apunta el dedo contra ellos. También es verdad que la mayoría de los asuntos legales son del fuero común, no del federal. Así que muchos de los problemas de impunidad y corrupción deben evaluarse y tratarse con reformas estatales.
Una realidad que es frecuentemente denunciada, es la liberación de muchos delincuentes. Muchas veces no se trata de la negligencia del juez o de la corrupción, sino de la mala integración de los expedientes, cuya responsabilidad recae en las Fiscalías estatales. Hay muchos problemas en los poderes judiciales, pero la solución que plantea el Presidente no resuelve las verdaderas causas de tanta impunidad e injusticia.
El Poder judicial de la Federación no es perfecto y claro que se pueden hacer reformas para mejorar su funcionamiento, pero los cambios que se planteen deben tener el objetivo de garantizar la autonomía de jueces, magistrados y ministros, al mismo tiempo de promover su constante profesionalización. Los periodos de los nombramientos no deben coincidir con los ciclos políticos. No se debe condicionar la actuación del juzgador a la opinión y a la política. Los sueldos deben ser equivalentes al esfuerzo, estudio y dedicación de los servidores públicos. Estos funcionarios deben ganar un sueldo justo, no sólo porque son profesionistas especializados en Derecho que dedican su vida a la carrera judicial, llegando a esos puestos a través de concursos rigurosos, con lo cual se garantiza que llegue el mejor, es decir, por meritocracia, y no por amigocracia; con independencia que, un sueldo bien remunerado precisamente se desincentiva lo que se quiere evitar que es la corrupción. Las leyes deben garantizar la autonomía de las instituciones y no su sumisión a los gobiernos en turno.
Si tanto se ha promovido la “austeridad”, imaginemos el costo de la elección de más de 1665 ministros, magistrados y jueces. La idoneidad sólo se puede garantizar con carrera judicial y exámenes de oposición. Como diría un famoso abogado: “Se debe separar la politica de la justicia. Dejemos a los políticos hacer política y dejemos a los jueces hacer justicia”.
