La Conferencia Episcopal encabezada en ese momento por Jorge Bergoglio se los comisionó a un jurista luego de la condena en 2010: son la mayor defensa al sacerdote abusador jamás ejercida
“Tengo todos los óbices sacerdotales”, le dijo el padre Julio César Grassi al autor de esta nota a mediados de 2011.
No mentía. A pesar de estar ya condenado a 15 años de cárcel por abusar de un menor a su cargo en su Fundación Felices Los Niños, con un fallo en su contra emitido por el Tribunal N°1 de Morón y ratificado por el Tribunal de Casación bonaerense, a pesar de amplias y deshonrosas acusaciones en su contra, Grassi todavía tenía el derecho eclesiástico de dar misa a los fieles, confesar a los pecadores y darle la extremaunción a los moribundos. Todavía era cura y todavía lo es, preso en su celda de la Unidad N°41 en Campana, donde estudia Derecho a distancia. Ahora, depende de Roma y del papa Francisco, que no lo siga siendo. Hoy, según fuentes eclesiásticas, Grassi tiene suspendido su ministerio sacerdotal, sin embargo, retiene su condición de sacerdote.
Ya hay motivos suficientes para que el Sumo Pontífice le quite a Grassi su estola y su collarín y lo expulse del seno de la Iglesia Católica. En 2017, los cinco jueces de la Corte Suprema presidida por Ricardo Lorenzetti dieron la última palabra sobre la causa del sacerdote: los últimos recursos presentados por la defensa del cura fueron rechazados y la condena de la Justicia de Morón fue ratificada de forma unánime. Es el fin de la línea. Ya no queda nada para discutir. Para la Justicia y para el Estado, el cura es definitivamente un abusador de menores.
El tiempo fue largo; la decisión del supremo tribunal ocurre a casi 15 años de la denuncia original del programa Telenoche, luego de una gran cantidad de apelaciones, de denuncias a testigos y víctimas que lo denunciaron hechas por Grassi mismo, de que el cura y sus defensores hayan explotado cada hueco que el sistema judicial argentino ofrece. Hoy, 20 años después, en 2022, ya no quedan instancias, al menos en este país, para que Grassi quede libre sin cumplir su pena.
Grassi y el papa Francisco: un tenso interés.
Jorge Mario Bergoglio, hoy papa Francisco, era la cabeza de la Iglesia en Argentina y jefe de la Conferencia Episcopal del país, mientras Grassi era denunciado y condenado en primera instancia por la Justicia. Pero Bergoglio nunca se expresó sobre Grassi, al menos no en público. Lo cierto es que el caso Grassi desveló al hoy Papa durante años: en sus cálculos privados, Bergoglio concibió la caída del sacerdote más famoso de la Argentina como un complot revanchista urdido por uno de los mayores grupos mediáticos del país. La suerte del cura en la Corte Suprema se volvía un particular interés.
Así, Bergoglio encargó la escritura de cuatro libros de edición privada, un análisis crítico del expediente Grassi que abarca más de 2600 páginas. “Estudios sobre el caso Grassi” son los títulos de estos libros, con célebres pinturas de Johannes Vermeer en sus portadas, dedicados a refutar los relatos de “Gabriel”, el joven cuyo testimonio llevó a la condena de Grassi y de “Ezequiel” y “Luis”, de cuyas acusaciones el cura fue sobreseído.
La Conferencia Episcopal Argentina, que Bergoglio encabezaba, los comisionó en septiembre de 2010 –luego de la condena al cura- al abogado Marcelo Sancinetti, un jurista y profesor de derecho penal con más de 35 años de carrera, recientemente homenajeado en Alemania con un libro especial para celebrar su cumpleaños número 70.
Fragmento en uno de los tomos a los que accedió Infobae que revela quién comisionó el estudio.
Los libros fueron terminados en 2013, con Bergoglio ya convertido en la cabeza de la Iglesia Católica. En el primero, Sancinetti reconoce que la Conferencia le encargó el análisis del caso un tiempo antes de que Casación bonaerense fallara en contra del cura Grassi en 2010. En el tercero, el académico indica el nombre de quien le encomendó especialmente el trabajo: el ex presidente de la Conferencia Episcopal, Jorge Mario Bergoglio.
Cada tomo se encarga de refutar a una víctima. En el cuarto tomo, el jurista asegura que su trabajo tiene sus raíces “en los mandamientos más elevados de todas las religiones y culturas: la pureza, el honor y la verdad”. Leídos los cuatro tomos, la conclusión del autor no deja dudas: los libros son la defensa más vehemente a Grassi jamás realizada. Aquí, Sancinetti actuó como una suerte de juez.
Sin ser parte de la causa, Sancinetti evaluó cada evidencia disponible –incluidos los audios del juicio, realizado a puertas cerradas–, cada testimonio y cada fallo. Señaló, tal como lo haría un juez, decenas de supuestas incongruencias, actos fallidos y presunta falsedades en los testimonios de los jóvenes que acusaron al cura. El tercer tomo termina con dos “análisis de credibilidad”. Uno está dedicado a Grassi. El otro, a “Gabriel”, el joven que lo condenó. Para Sancinetti, la balanza se inclina de un solo lado: “El estudio detenido de la declaración de uno y otro ya muestra claramente quién de ellos se ajusta a la verdad: el acusado”.
El abogado Marcelo Sancinetti, jurista y profesor de derecho penal.
Y al final, Sancinetti dictaminó. Según él, Grassi no sólo es inocente de abuso sexual contra esos pupilos, a quienes el abogado llama “falsos acusadores”: el cura también fue víctima de un complot urdido por un poderoso multimedios, el mismo pensamiento privado del hoy Papa.
Hay pasajes sorprendentes. Por ejemplo, en el epílogo –página 729, último párrafo, cuarto tomo– Sancinetti resume que lo que vivió Grassi, básicamente, fue un atropello. Y lamentó, siempre hablando de sí mismo en tercera persona, “que el haber llevado a cabo esta obra lo haya sumido aún más de lo que ya estaba, en su desesperanza, ante el escaso grado de justicia”.
En la introducción, Sancinetti incluyó un capítulo especial, titulado “El interés de este estudio para la Iglesia Católica”. En el texto, se pregunta: ¿debería Grassi seguir siendo cura si se agotan las instancias judiciales, si la Corte falla en su contra? Y sigue: “¿Correspondería privar a Julio César Grassi del ejercicio de su ministerio en forma total o parcial como, por ejemplo, administrar ciertos sacramentos? ¿Debería tomar la Iglesia una posición ante la opinión pública o sus feligreses?”. Bergoglio, por su parte, jamás lo hizo.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal no fue unánime acerca de los libros. Revisar el Caso Grassi y editar posibles herramientas de lobby, le creó una división interna. Una alta fuente de la Justicia bonaerense que conoce las entrañas de la Iglesia argentina le dijo a Infobae:
“Los obispos que conocían a Grassi no estaban a favor de hacer los libros. Pero otros pensaban que el caso ponía en riesgo la imagen de la Iglesia”.
Por lo visto, triunfó el segundo grupo. Así, los libros fueron distribuidos. Un reconocido juez federal tenía uno de los volúmenes en la biblioteca personal de su despacho, al que conservaba como una curiosidad.
Los libros: 2600 páginas en total.
Curiosamente, Ignacio Fuentes, miembro del Consejo Superior de Educación Católica Argentina, aseguró en 2017 que el papa Francisco “actuó con total transparencia” con respecto al caso Grassi cuando era arzobispo de Buenos Aires y agregó que las acusaciones contra Jorge Bergoglio en este tema “son parte” de una campaña contra el Pontífice, durante un seminario en el Vaticano.
“La Iglesia jerárquica argentina dejó actuar a la Justicia en este tema. Los movimientos de defensas del padre Grassi fueron más bien de grupos aislados, de una línea muy específica dentro de la Iglesia que se siente atacada”, aseveró Fuentes en diálogo con Télam.
Por Federico Fahsbender.
BUENOS AIRES, ARGENTINA.
Domingo 23 de Octubre de 2022.
INFOBAE.
El abogado que logró la condena a Grassi: “En la Iglesia sabían y al cura le tenían miedo”
Juan Pablo Gallego integró la querella que representó a Gabriel, la principal víctima del caso. Aquí, escribe sus recuerdos del lado oscuro del expediente
23 de Octubre de 2022.
Juan Pablo Gallego, abogado.
Juan Pablo Gallego estuvo desde el comienzo hasta el final. Veinte años después, sigue en la historia hasta hoy. Junto a Sergio Piris, fue el abogado querellante de la principal víctima del cura Julio César Grassi, conocido como Gabriel, uno de los pupilos del sacerdote en la Fundación Felices Los Niños, a quien representó hasta llegar a la condena de 15 años de cárcel, confirmada por la Corte Suprema en 2017. Hoy, todavía representa a esta víctima en un millonario reclamo por daños y perjuicios realizada a Grassi, la Iglesia Católica y el Estado Argentino.
Aquí, Gallego -considerado un experto en expedientes que investigan abuso sexual a menores, querellante en muchas otras causas– escribe sus recuerdos del lado oscuro un caso paradigmático para la Justicia penal argentina, con el poder como signo constante:
“Tenía 35 años allí por 2002 cuando un informe televisivo conmocionaba a la Argentina. Julio Grassi, el sacerdote más famoso del país era acusado por abuso sexual de menores a su cargo y se ordenaba su detención. En pocas horas, Grassi se fugaba de otro canal de televisión, para eludir a la comitiva policial destinada a aprehenderlo.
Inmediatamente casi 30 abogados defensores, con el ex fiscal Moreno Ocampo como vocero y Jorge Sandro como estratega, desataban un despliegue nunca visto, irrepetible. Fue una ofensiva mediático judicial demoledora, descalificando a las víctimas y asegurando que enjuiciar a Grassi era, supuestamente, una demostración de la degradación de la Argentina.
En ese contexto hostil, combinado con amenazas y ataques con armas de fuego a víctimas y testigos, con reuniones clandestinas entre funcionarios judiciales de Morón y los defensores del sacerdote; y con una sociedad que no hablaba de otro tema y se debatía entre creer culpable o inocente al sacerdote, decidí tomar intervención e inmediatamente pasé a dirigir en total soledad la acusación contra el cura, con la absoluta certeza de que iba a sortear todos los obstáculos y probar su culpabilidad.
Menos aún, que ese trabajo iba a llevarme quince años de mi vida profesional y personal, hasta que en Marzo de 2017 la Corte Nacional confirmó la condena.
Recuerdo sí, a poco de transitar la causa, que lo que conmovía o dividía entonces a la sociedad no era en realidad un secreto o algo desconocido en los ámbitos de poder.
“Dios quiera que este hombre vaya preso”, fue la frase que aún me impacta y que pronunció Monseñor Justo Omar Laguna, superior jerárquico de Grassi, cuando lo visité en su domicilio.
Sabían. Pero le tenían miedo”.
Grassi en un traslado a los tribunales de Morón.
Gallego continúa:
“Grababan con cámaras ocultas a los detractores y a los denunciantes de Grassi. Desaparecían expedientes que aparecían en las oficinas de sus abogados. Apretaban a las víctimas. Les formulaban denuncias falsas. Con Grassi en libertad, fue detenido uno de sus abogados defensores.
Grassi recusó a todo el sistema judicial. Pidió ser juzgado por un jurado integrado por sus propios amigos y allegados.
‘Se obtuvieron indicadores similares del perfil que poseen los delincuentes sexuales’, expresaba, contundente, la única Pericia Psiquiátrica realizada al pedófilo, que permaneció oculta durante largos meses. La descubrí y la incorporé como prueba.
En 2006, la Justicia de Morón intentó desarrollar el juicio prohibiendo mi participación y desistiendo de todas las pruebas contra el sacerdote. Obtuve la anulación de ese contubernio. Tardé seis años en poder sentarlo finalmente en el banquillo. El juicio Oral duró once meses consecutivos entre 2008 y 2009. No ha habido ni habrá un juicio igual en la Argentina. Grassi contó con más de treinta abogados. Los titulares de todos los estudios penales más relevantes de la Argentina.
Así, formulé mi alegato de acusación durante cuatro jornadas consecutivas, en abril de 2009. La línea de mi acusación fue seguida en todas sus partes, por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y la de la Nación. Grassi fue condenado por actos reiterados de pederastia en junio de 2009, pero dejado en entera libertad.
El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires dejó firme ese fallo condenatorio. Pero insólitamente, quienes lo condenaron, insistieron en mantenerlo en libertad y sin restricciones.
En 2013, aporté a la Justicia el video de una entrevista que Grassi concedió a Mauro Viale en la que atacó a una de las víctimas y pedí entonces su inmediata detención. Desde entonces, Grassi purga una condena que deberá cumplir hasta 2028.
Continúa siendo sacerdote”.
