Los esfuerzos del Vaticano para limpiar la casa en Chile, se detuvieron demasiado pronto

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Este es el primero de una serie de artículos de la Jefa de la Oficina de Crux en Roma, Inés San Martín, sobre la situación de la Iglesia chilena.

La Iglesia Católica en Chile hoy parece un faro con una bombilla rota —los obispos han perdido toda credibilidad— y el Vaticano aparentemente ha abandonado los esfuerzos para arreglarlo.

Por un lado, por orden directa del Papa Francisco, dos altos funcionarios del Vaticano compilaron un informe de 2300 páginas en 2018, que incluía una larga serie de acusaciones contra obispos, sacerdotes, religiosos y empleados de iglesias laicas, documentando abusos sexuales, abusos de conciencia y poder y un encubrimiento de décadas.

El informe del Arzobispo Charles Scicluna y Monseñor Jordi Bertomeu del Dicasterio para la Doctrina de la Fe fue entregado en mano al Papa. Se realizaron muchas reuniones en el Vaticano y se tomaron medidas rápidas: Francisco se reunió con dos grupos de sobrevivientes de abusos y convocó a todos los obispos chilenos a Roma, a quienes se les pidió que presentaran su renuncia. En un lapso de un año, el pontífice había reemplazado el 30 por ciento del episcopado.

Sin embargo, nunca se dio ninguna razón oficial de por qué fueron eliminados.

  • los obispos Juan Barros , acusado de haber encubierto a su mentor, el padre Fernado Karadima; y Santiago Duarte, acusados ​​por varios seminaristas de conducta sexual inapropiada y de encubrimiento de formadores de seminario que abusaron sexualmente de las personas encomendadas a su cuidado, ambos vieron aceptadas sus renuncias el mismo día que el arzobispo Cristián Caro Cordero. 
  • Los obispos Cristian Contreras y Carlos Pellegrín , ambos acusados ​​de abusar sexualmente de menores, vieron aceptadas sus renuncias el mismo día. 
  • Al obispo Alejandro Goić Karmelić se le aceptó la renuncia el mismo día que al obispo Horacio del Carmen Valenzuela Abarca, otro de los cuatro obispos de Chile vinculados a Karadima.
  • El cardenal Ricardo Ezzati , arzobispo de Santiago, quien también enfrentó acusaciones de encubrimiento, fue el último en recibir su carta de despedida desde Roma.  

Pero a pesar de haber perdido el 30 por ciento de la conferencia episcopal en menos de 12 meses, los expertos locales creen que el Papa Francisco se rindió demasiado pronto, sin un plan real cuando se trata de restaurar la jerarquía chilena.

El ex sacerdote Eugenio de la Fuente dijo que es como si Roma cambiara la bombilla del faro, pero se fue antes de arreglar el mecanismo que lo hace girar.

En enero de 2021, se aceptó la renuncia de de la Fuente al sacerdocio. Había sido uno de un grupo de nueve sobrevivientes de abusos y sacerdotes que viajaron a Roma en 2018 para reunirse con el Papa Francisco , luego de conocer a los sobrevivientes de Karadima y el encubrimiento. De la Fuente apoyó a los sobrevivientes durante décadas.

Hay casos pendientes contra obispos, y las víctimas merecen una respuesta, pero esto nunca llegó”, dijo de la Fuente. “Y el hecho de que haya obispos con una conocida doble vida que hayan sido nombrados en nuevas diócesis después del informe Scicluna, es un escándalo”.

Afirmó que el Dicasterio para los Obispos (DB) del Vaticano y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) no hablan entre ellos. De la fuente dijo que la “vieja guardia” de Chile tiene una buena relación con DB, y la oficina en Roma “se hace la tonta” y no consulta al DDF cuando designa nuevos obispos para Chile

“Y el DDF no se hace público, diciendo a quien quiera escuchar, ‘Este nombramiento es un escándalo, aquí están las razones por las que’”, dijo.

“¿Por qué, si la oficina del Papa sabe de esta lucha entre los obispos y el DDF, no generan una instancia de comunión eclesial, jerárquica, que trabaje en conjunto?” dijo De la Fuente. “Esta lucha de poder es impresentable”.

El padre Cristian Borgoño, exmiembro de los Legionarios de Cristo, quien co-creó la página de Facebook Legioleaks para exmiembros de la orden para publicar denuncias de abuso, dijo: “Entiendo la dificultad que tuvo el Papa para encontrar candidatos episcopales, y como tal, no me sorprende que esta fuera la tasa de reemplazo”.

“El problema es que todavía tienes varios obispos que formaban parte del círculo de confianza de Karadima que están en servicio activo, y hay una nube de dudas sobre ellos”, le dijo a Crux . “Y cuando no eres capaz de discernir lo bueno de lo malo porque aquellos que sabes que son malos todavía están en el cargo, cancelarlos a todos es una reacción natural”.

Aunque tanto de la Fuente como Borgoño son críticos con la iglesia en Chile y están de acuerdo en que el Vaticano no terminó su trabajo en lo que respecta a limpiar la conferencia de obispos, dicen que debería ser capaz de identificar a un puñado de buenos obispos.

Un gran interrogante hoy es quién será nombrado arzobispo de Santiago.

El cardenal español Celestino Aos fue nombrado en 2019, cuando tenía 74 años. La edad obligatoria para que un obispo renuncie es 75, por lo que siempre se supuso que su mandato sería breve. Ahora tiene 77 años, y todos los entrevistados por Crux esta semana coincidieron en la importancia de encontrar un buen reemplazo. Sin embargo, la realidad de que podría ser uno de los obispos chilenos existentes hizo que varios sudaran frío.

“Si uno de esta vieja guardia, que está enojado con el Papa por lo que intentó hacer en Chile pero es amigo de la Congregación para los Obispos, es elegido como arzobispo de Santiago, será una derrota total y será completamente evidente que todo era una farsa”, dijo de la Fuente. “O que el Papa se dejó vencer por alguna razón que no sabemos. Casi da miedo pensar por qué el Papa no llevó esto a la meta. ¿Qué está pasando en Roma, qué amenazas hay, qué pueden hacer para que regrese?

Eduardo Valenzuela, jefe del departamento de sociología de la Universidad Católica de Chile y experto en sociología del crimen, cree que hay dos temas centrales en la crisis: la pérdida de credibilidad de la Iglesia Católica y el hecho de que, a la fecha, los obispos siguen escondiéndose detrás de abogados para evitar cualquier tipo de responsabilidad institucional por la crisis.

“La conclusión es que los obispos no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad institucional y, por lo tanto, a tener un gesto concreto y significativo con las víctimas”, dijo. “No están dispuestos a hacer lo que hizo el Papa: llamar a las víctimas, invitarlas a Roma y reconocer que se equivocó ”.

La realidad es que a los obispos les preocupa más la cuestión jurídica que la cuestión humana, con la institución todavía en el centro, y no los sobrevivientes, dijo Valenzuela.

“Creo que estamos estancados”, dijo, señalando que en Chile, los sacerdotes involucrados en la crisis de abuso sexual son de gran renombre: siete de los diez sacerdotes más famosos y respetados del país han enfrentado denuncias creíbles de abuso sexual, y varios han sido removidos del sacerdocio.

“Esto afectó mucho la percepción pública del problema y ha arraigado la idea de que la crisis es mucho más generalizada de lo que es”, dijo. “Karadima es el símbolo, pero cayó el sacerdote legionario más famoso del país, el jesuita más relevante, el sacerdote diocesano más admirado”.

Algo que Borgoño, de la Fuente y Valenzuela identifican como un problema es la prevalencia de congregaciones religiosas en el país. Hay menos de 1.000 sacerdotes en Santiago y la mitad de ellos son religiosos. Ese porcentaje aumenta cuando se trata de los obispos del país. 

Como explicó Borgoño, esto significa que son las órdenes religiosas las que tienen la tarea de recibir y tramitar las denuncias en su contra, lo que complica aún más la cuestión de la rendición de cuentas. 

“Las congregaciones religiosas arrastraron los pies tanto como los obispos; respondieron a una crisis, pero nunca fueron proactivos, y fueron demasiado lentos para responder y deficientes en sus respuestas”.

Valenzuela estuvo de acuerdo y agregó que, si no hubiera sido por los medios de comunicación y varias instancias de periodismo de investigación que sacaron a la luz prácticamente todas las denuncias, “todavía estaríamos en la oscuridad”, y menos habría cambiado.

“La crisis y su encubrimiento generó una feroz crisis de credibilidad pública, no solo en la jerarquía, sino para todos los sacerdotes”, dijo. “La iglesia perdió toda la confianza del público, y esto condujo a los eventos de 2018 y al fracaso de la visita del Papa”.

“Pero en esta segunda etapa, posterior a la visita del Papa, la iglesia no ha hecho nada”, dijo. Al tener acceso a los obispos él mismo, Valenzuela ha sugerido que los obispos creen una comisión de la verdad y produzcan un informe histórico completo. Hasta ahora, se han negado. 

Y es posible que pronto descubran que es demasiado tarde. Valenzuela dijo que si los chilenos votan a favor de la nueva Constitución en septiembre, el presidente Gabriel Boric, “un millennial sin deferencia alguna hacia la iglesia”, creará su propia comisión, similar a la Comisión Real de Australia sobre Abuso Sexual Institucional, con un capítulo dedicado a la iglesia. “Y los obispos, y los religiosos, se verán obligados a indemnizar a las víctimas”.

Son las víctimas las que tienen más credibilidad a los ojos de la mayoría de los chilenos, y con la excepción de un puñado que está dispuesto a trabajar con la institución, incluidos tres de los sobrevivientes de Karadima que han ayudado a crear un centro para el estudio del abuso infantil en la Universidad Católica – las víctimas hablan con una sola voz: “Todos los obispos son criminales, y la iglesia es un nido de ladrones”.

Y hasta que se cambie la bombilla y se arregle el mecanismo, los observadores de la iglesia local están de acuerdo, no podrá iluminar el camino para nadie que dependa de él.

Inés San Martín.

SANTIAGO, Chile.

Crux.

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