Se anuncia en reforma a la Constitución de Veracruz, controvertida, ventajosa y mañosa. El grupo parlamentario mayoritario en el Congreso estatal ya tiene un proyecto al artículo 11 para cambiar la naturaleza de quienes son considerados como veracruzanos y estén en plena capacidad para asumir la gubernatura, sean avecindados o tengan hijos nacidos en el territorio estatal, reforma que decantaría para favorecer especialmente a la secretaria de Energía de la actual administración, a fin de cerrar una pinza que beneficiaría a morena y al actual gobernador, Cuitláhuac García.
Es evidente que, en uso de los derechos políticos, cualquier persona puede competir y ser votado para acceder al poder conforme a los requisitos que la Ley señala. Sin embargo, la disposición constitucional a reformar es una manipulación para legitimar la imposición autoritaria de un candidato, a la manera de los gobernadores de antaño, cuando las decisiones partían del centro, de manera descarada, para favorecer los intereses del partido único y plantar una hegemonía que más bien era el control absoluto de la política y de los enormes presupuestos.
Hasta antes de la pandemia, Veracruz era el sexto lugar en la economía nacional. Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad -IMCO- a través del estudio Índice de Competitividad Estatal 2022, especial herramienta para “visibilizar los avances y retrocesos en el camino de la recuperación y el desarrollo sostenible en las 32 entidades del país” posteriores al covid-19 dio cuenta que Veracruz mantiene rezagos importantes a nivel nacional.
Según el IMCO, la entidad estaría en el lugar 27 de 32 por el atraso para generar, atraer y retener talento e inversiones… y por la caída em las áreas en las que “determinadas acciones deben implementarse con el fin de elevar la calidad de vida, propiciar un sano ambiente de negocios, y dotar a cada economía de un dinamismo que la posicione en el ámbito nacional e internacional”.
Tras el cambio que supuso la alternancia, morena ha llevado a la entidad hacia una incertidumbre que lo ha puesto en el desfiladero del estado fallido. El estudio mencionado es contundente. Veracruz ocupa los últimos lugares a nivel nacional en cuanto a niveles de competitividad lo que significa un desarrollo pobre y crecimiento nulos. En seguridad, la tendencia va entre media y baja; así también está calificado el desempeño del gobierno, en cuanto a la innovación de los sectores económicos, el Estado ocupa el lugar 23 de 32 y los indicadores que señalan el bienestar social en diversos rubros como salud, educación, esperanza de vida o rendimiento económico, lo ponen en los últimos lugares, el 28, solo por encima de los estados más pobres del sureste.
Pero el rezago y la pobreza aun pueden ser botín de la mezquindad política y del autoritarismo. La situación es crítica y los otros datos dan cuenta de una pobreza rampante que lastima a los veracruzanos. La entidad es pasto de incendio de la delincuencia y los derechos humanos, pura ilusión por la zozobra del imperio de la ley y la confianza en el sistema de justicia.
Ahora, la mal llamada Ley Nahle quiere perpetuar una estrategia indecente e inmoral. Suponer que los secretarios de Estado pueden competir para ser los nuevos virreyes demuestra que la transformación solo es gatopardismo. Ofende a los veracruzanos tratándolos como incapaces políticos para subsumirlos a la voluntad de uno solo, el presidente de la República, y entregar el Estado en charola de plata. Eso es fraude a la Constitución para hacerla letra muerta.
