Durante la reunión del Consejo de Europa celebrada en Luxemburgo el pasado 7 de octubre, Polonia bloqueó la adopción de las conclusiones del Consejo sobre la estrategia de la UE en materia de derechos del niño. Según el ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, la aprobación del documento podría llevar, entre otras cosas, a la imposición de la legalización obligatoria de los «matrimonios» entre personas del mismo sexo y a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo en todos los países de la UE.
Según la versión oficial, la estrategia de la UE para los derechos de la infancia abarca seis líneas temáticas relacionadas con el papel de los niños en la sociedad y su objetivo es garantizar una mejor protección para todos los niños, independientemente de su origen étnico y social y de su situación legal en un país determinado.
Sin embargo, el viceministro de Justicia polaco, Sebastian Kaleta, considera que «el documento de la UE, a pesar de su título, socava el derecho de un niño a ser criado en una familia por un padre y una madre, porque en lugar de promover los intereses del niño, está en línea con la política de promoción de los círculos LGBTI y la ideología de género». Kaleta también señala que en el ámbito del derecho de familia, el documento no estaría en consonancia con la Constitución polaca, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Las conclusiones bloqueadas por Polonia parecían querer cuestionar las competencias exclusivas de los Estados miembros en materia de derecho matrimonial, familiar y de paternidad. El vocabulario del documento está marcado por un fuerte matiz ideológico, ya que el texto sólo habla de «género» y no de «sexo» y de «inclusión de género» para intentar eliminar nociones como «niña» o «niño». Además, las conclusiones en cuestión hacían referencia directa a dos documentos recientes que también forman parte de los esfuerzos de Bruselas por imponer la ideología de género y las reivindicaciones del lobby LGBTI a todos los países de la UE: la «Estrategia de Igualdad LGBTIQ 2020-2025» y la «Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025». Por lo tanto, la adopción de las conclusiones podría considerarse como la aprobación de estos dos textos, con lo que su incumplimiento podría ser utilizado contra Polonia y dar lugar a sanciones o a un nuevo chantaje financiero como el que la Comisión está ejerciendo actualmente para forzar la retirada de las resoluciones a favor de la familia o contra la ideología LGBT adoptadas por algunas autoridades locales polacas.
La preocupación del gobierno polaco no parece ser infundada si nos atenemos a las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en su discurso sobre el estado de la Unión del 16 de septiembre de 2020 anunció el refuerzo de los derechos de las personas LGBTQI y afirmó claramente que, como parte de esta estrategia, trabajaría por «el reconocimiento mutuo de las relaciones familiares en la UE», ya que «si se es padre en un país, se es padre en todos los países».
El veto polaco a estas conclusiones ideológicas fue apoyado por el voto húngaro, mientras que Bulgaria presentó su propia declaración interpretativa en la que se afirma que el término «género» utilizado en lugar de «sexo» es incompatible con la constitución búlgara.
En lo que respecta a Polonia, es la cuarta vez que el ministro de Justicia del gobierno del PiS bloquea con su veto las iniciativas de la UE. En el pasado, se opuso a las conclusiones del Consejo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales, la creación de la Fiscalía Europea y el reglamento sobre la cooperación reforzada que regula, entre otras cosas, la cuestión de los derechos de herencia y sucesión, que establecía que los derechos adquiridos en otro país por las parejas del mismo sexo también se aplicarían en Polonia.
Olivier Bault/Present.
