Abusos ocurren en muchas partes y la Iglesia no es la excepción. Lo peor es cuando, a pesar de exigir una investigación profunda de los casos a través de lo que se estima como “justicia canónica” es sólo una fachada que permite la impunidad respaldada por los responsables de los procesos. En la arquidiócesis de México, uno de esos casos prosigue a pesar del difícil camino que parece allanar el paso a la impunidad, sin objetividad siquiera.
Adriana Martínez Estébanes continúa en esta lucha denunciada desde diciembre de 2020. Ha puesto libelos ante el tribunal eclesiástico de la arquidiócesis que encabeza Carlos Aguiar Retes, pero todo indica que Juan Carlos Ávila Reza es protegido por altos prelados.
Ella afirma haber sido utilizada como peldaño en la carrera del clérigo que ha sido protegido con el recurrente recurso del movimiento de parroquia. Con pruebas sólidas, documenta lo que estima como abusos de poder clerical denunciados ante instancias canónicas y la nunciatura apostólica. El caso es una escalada que se ha valido de las redes sociales para azuzar a defensores del cura cometiendo amenazas que atentarían contra la integridad de Adriana Martínez y su familia
Ávila Reza tiene denuncias abiertas ante las autoridades penales y civiles de la Ciudad de México, pero el camino canónico ha sido difícil. El caso llegó hasta la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede, pero con poca claridad sobre su tratamiento y respuestas en México. Destaca la escasa pericia del tribunal eclesiástico de la arquidiócesis primada, encabezado por el obispo auxiliar Andrés Luis García Jasso. Según Martínez, en “dos hojas, identifiqué cuatro argumentos que no son verdad y más allá de que no son verdad, voltean toda la situación en mi contra y favoreciendo al sacerdote”. Con esa irregularidad, el tribunal se lavó las manos para dar carpetazo al caso Ávila Reza. Según los empleados del tribunal, Adriana Martínez debería “estar tranquila” porque el sacerdote sería enjuiciado por “otras cosas”.
“Este caso ha venido escalando en su severidad”, afirma. Lo que pudo haber sido enjuiciado por elementos simples, llega a la violencia, difamaciones, violencia colectiva, y de género. Para Martínez, el cambio de parroquia del sacerdote esconde un doble discurso que tiene versiones contradictorias de los obispos auxiliares Salvador González Morales y Luis Manuel Pérez Raygoza. La víctima ha entregado una carta al arzobispo Aguiar sin mayores resultados o mínima respuesta.
La persistencia de Adriana Martínez parece ser más fuerte que las anquilosadas y reumáticas dependencias de la curia arquidiocesana y reclama: “El perdón es lo que debe prevalecer… pero detrás del perdón debe haber justicia…”
