Monseñor José Leonardo Urbina, sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro, de Boaco, fue detenido la mañana de este miércoles por la Policía Nacional, y en la tarde fue presentado en los Juzgados de Managua, acusado de la supuesta violación de una adolescente de 14 años.
Urbina, también vicario de la zona pastoral de Boaco, recibió una citación a la estación policial de Boaco para responder a una denuncia, indicó a CONFIDENCIAL una fuente de la Iglesia católica. “A eso de las 7:30 a.m. lo llegó a traer la Policía para una entrevista por una denuncia en su contra de una supuesta violación”, indicó un vecino de la parroquia.
Según los medios de comunicación de propaganda del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al religioso ya le dictaron prisión preventiva. Fue acusado por los presuntos delitos de violación y lesiones psicológicas ante el Juzgado Segundo Distrito Penal Especializado en Violencia, Niñez y Adolescencia de Managua.
La acusación contra el sacerdote indica que la supuesta violación fue cometida contra una niña de 14 años, cuyos padres son fieles devotos de la Iglesia católica. “Debido al grado de confianza que había entre el acusado y la abuela de la víctima, el acusado aprovechó dicha circunstancia para acercarse a la víctima y lograr ganarse su confianza, a tal punto que la víctima lo consideraba y reconocía como su padrino”, declaró Enmanuel Álvarez, fiscal del Ministerio Público.
Yolanda Fletes Cano, judicial suplente a cargo del caso, admitió la acusación y fijó fecha de audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
El oficialista Canal 8 detalló que, en la acusación, se indica que el supuesto hecho fue cometido en tres ocasiones: la primera en diciembre de 2021; la segunda el pasado mes de enero; y la última en abril de este año.
Segundo sacerdote detenido
Urbina se convirtió en el segundo religioso detenido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno —también conocida como El Calvario—, de Nandaime, Granada, fue condenado el pasado 22 de junio a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas con arma blanca a cinco personas y una multa de 14 116 córdobas o 200 días multas.
El religioso fue trasladado al Sistema Penitenciario de Granada, donde permanecerá en prisión, según establece el fallo judicial, que lo sentenció después que la noche del pasado 30 de mayo, salió al atrio de la iglesia con un machete en mano en actitud defensiva ante un grupo de pobladores que le gritaban improperios como “asesino”.
Desde su arresto, el pasado 2 de junio, se conoció que era acusado por “violencia física en concurso ideal de violencia psicológica” contra Martha Candelaria Rivas Hernández, la supuesta víctima, a quien el régimen también arrestó después de que se negó a firmar la denuncia por la supuesta agresión intencional.
El 1 de julio, el párroco fue declarado culpable de dos delitos más: lesiones psicológicas y lesiones físicas en perjuicio de Rivas Hernández. La Fiscalía pide dos años y ocho meses de prisión por ambos delitos.
El asedio orteguista contra sacerdotes y obispos
El régimen ha mantenido un ataque frontal contra obispos y sacerdotes de la Iglesia católica, a quienes califica de “terroristas” y “golpistas” desde 2018, cuando alzaron la voz contra la represión y masacre que dejó más de 325 asesinados entre abril y septiembre de ese año, y sus templos fueron usados como refugio de cientos de estudiantes y ciudadanos.
El pasado 6 de julio, Ortega expulsó del país a 18 religiosas de las Misioneras de la Caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta, quienes fueron trasladadas desde Managua y Granada hacia la frontera con Costa Rica, por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Policía.
El 28 de junio se conoció sobre su salida obligada del país, tras que el Parlamento —dominado por el Frente Sandinista— canceló la personería jurídica de su asociación y cerró sus obras de beneficencias.
En mayo pasado, el obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, permaneció varios días encerrado en la parroquia Santo Cristo, en el sector de Las Colinas, Managua, donde se resguardó por varios días ante el asedio policial.
Durante los últimos cuatro años, el régimen también ha lanzado campañas de desprestigio contra la Iglesia y sus sacerdotes, promoviendo agresiones físicas y verbales por parte de fanáticos orteguistas, como ocurrió con la profanación de la Catedral de Managua en la misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal, en marzo de 2020.
También han amenazado con muerte a varios sacerdotes, obligándolos a exiliarse. El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, cumplió tres años fuera de su patria, el pasado 23 de abril, tras salir a solicitud del papa Francisco para protegerlo.
El padre Edwin Román, de la iglesia San Miguel, de Masaya, también sufrió junto a las víctimas mortales de la represión en Masaya y debió exiliarse por su seguridad. Igualmente, el sacerdote César Augusto Gutiérrez, de Masaya, salió del país por el asedio de fanáticos sandinistas.
Otras decenas de sacerdotes en diferentes territorios del país han denunciado vigilancia policial y paramilitar, especialmente, durante los mensajes que ofrecen en sus homilías. Otra forma de presión que ejecuta el régimen contra los sacerdotes ha sido la negativa de ingreso al país, como ocurrió con dos franciscanos en febrero de 2021 y con la expulsión del máximo representante del Vaticano en Nicaragua, el nuncio apostólico Waldemar Stalislaw Sommertag, en marzo pasado.
NICARAGUA, Managua.
CONFIDENCIAL.
