* El Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU está trabajando en un borrador de un nuevo tratado internacional: el Pacto por el Derecho al Desarrollo.
Los nobles supuestos del Pacto pueden seguir sin realizarse y, en cambio, pueden convertirse en la base para crear un «nuevo orden» en el que los Estados más fuertes impondrán su visión de la moralidad y las relaciones sociales y económicas a los más débiles.
El Pacto prevé, entre otras cosas, la obligación de legalizar el aborto, el desarme completo y general y construir una sociedad «inclusiva«, es decir, multicultural. El Instituto Ordo Iuris ha elaborado un análisis sobre este tema.
En el otoño de 2023, el embajador de Pakistán ante las Naciones Unidas, Zamir Akram, presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre un proyecto de tratado internacional que establece un nuevo derecho humano: el derecho al desarrollo.
El derecho al desarrollo se considera una «síntesis de todos los derechos», es decir, expresa el deseo de los Estados de garantizar un bienestar universal y ampliamente entendido. Sin embargo, según el análisis elaborado por expertos del Instituto Ordo Iuris, este noble objetivo esconde declaraciones vacías y obligaciones jurídicas peligrosas.
Por un lado, el Pacto está lleno de nobles demandas, como garantizar el acceso igualitario a los alimentos, el agua y la educación para todos, erradicar la pobreza, luchar contra el contrabando de armas y promover el comercio internacional. Sin embargo, como muestra el análisis del Instituto, las demandas están formuladas en un lenguaje tan general que es difícil derivar de ellas normas jurídicas específicas, de cuya observancia se podría responsabilizar a los futuros Estados partes del Pacto.
Los nobles supuestos del Pacto pueden seguir sin realizarse y, en cambio, pueden convertirse en la base para crear un nuevo «orden social e internacional conducente a la realización del derecho al desarrollo» (Artículo 13(4)), en el que Estados más fuertes impondrán su visión del «desarrollo» sobre los más débiles, incluyendo la moralidad, las relaciones sociales y económicas.
Por otro lado, el Pacto contiene exigencias menos generales, pero peligrosas, como la orden de garantizar «un acceso igual y justo a los derechos sexuales y reproductivos» y la orden de «desarme general y completo» de todos los Estados partes.
Como resultado, el Pacto impondría a todos los Estados parte la obligación de legalizar el aborto previa solicitud, así como la obligación de ampliar sistemáticamente otros aspectos de la libertad sexual, como la educación sexual en las guarderías o el acceso a la anticoncepción para los estudiantes de secundaria.
A su vez, implementar la demanda de desarme dejaría a los Estados partes indefensos frente a aquellos Estados que no se adhirieron al Pacto. El acuerdo no limita el alcance del desarme a las fuerzas armadas, por lo que probablemente también cubrirá a la policía y los servicios encargados de hacer cumplir la ley.
El Instituto Ordo Iuris señala también la bajísima calidad legislativa del proyecto, que se parece más a una declaración de programa político que a un acto jurídico: carece de definiciones jurídicas, repite repetidamente el mismo contenido con diferentes palabras y formula la mayoría de las obligaciones de forma Estilo vago, impreciso y vacío.
El Pacto por el Derecho al Desarrollo se encuentra en fase de borrador. Una vez que el borrador sea adoptado por el Consejo de Derechos Humanos, se presentará a la Asamblea General de la ONU, que podrá convocar una conferencia intergubernamental para adoptar la versión final del Pacto. Sin embargo, es importante señalar que las amenazas relacionadas con este tratado sólo afectarán a aquellos países que voluntariamente queden obligados por él.
NACIONES UNIDAS.
Martes 19 de marzo de 2024.
Ordo Iuris.
