* Se trata de Fernando Páez, amigo del condenado exobispo Gustavo Zanchetta.
* Está acusado de delitos sexuales contra un exseminarista. Su denunciante, con el apoyo de organizaciones de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, exigen medidas de protección.
Es el tercer juicio que se desarrollará en la provincia del norte argentino y que tendrá en la silla de los acusados a un sacerdote de la Iglesia Católica. Luego de las condenas a Gustavo Zanchetta y Agustín Rosa Torino, es el turno de de Fernando Páez, denunciado en 2019 por Kevin Montes, un exseminarista por haberlo abusado sexualmente entre los años 2015 y 2017, en la parroquia de la Santa Cruz, donde Páez ejercía su sacerdocio. El denunciante fue un testigo clave en el juicio que se llevó a cabo contra Gustavo Zanchetta y por el cual recibió cuatro años y seis meses de prisión.
El juicio comenzará el próximo 15 de mayo en Tartagal, un día después de las elecciones provinciales. El delito por el que se lo acusa a Páez es abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido en su rol de ministro de culto reconocido y encargado de la educación. El debate estará a cargo de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, integrado por los jueces Ricardo Martoccia y Aníbal Burgos y la jueza Soledad Rodríguez.
Para la Unidad Fiscal lo trabajado en la investigación penal preparatoria «revelan que el relato del denunciante no es aislado y desprovisto de sustento, sino que se corresponde con las manifestaciones de testigos que ocuparon roles diversos en la iglesia donde se desempeñaba el acusado, que dan cuenta de un modus operandi desplegado por parte del religioso».
No hay que olvidar que tanto Zanchetta, amigo protegido de Bergoglio, y el obispo Luis Scozzina, de la diócesis de Orán sabían de las atrocidades cometidas por Páez y callaron; es más, Zanchetta también abusó de él. Una vez más, una jerarquía que encubre y sostiene un sistema perverso de crímenes sexuales, del cual Bergoglio es su cabeza responsable.
En declaraciones a medios locales y nacionales, Montes exigió protección tanto para él como para su familia. «No me siento seguro ni física ni psicológicamente por el hostigamiento de la gente. Tengo miedo del viaje tanto de ida como de vuelta», manifestó Montes, quien debió mudarse a la provincia de Córdoba debido al hostigamiento que recibió por denunciar al cura.
Respecto al juicio, el denunciante exige «cárcel común, sentencia firme y coherente». «Esto no es sólo por mí, sino por otros testigos que no se animaron a denunciar, pero sufrieron lo mismo y van a declarar, y por los que pudieron haber sido víctimas si esto no se denunciaba», expresó.
Por Valeria Jasper.
SALTA, Argentina.
LID.
