* Por unanimidad, los jueces fallaron en que la legislación civil y canónica regulan materias diferentes; el reclamo lo había hecho la funcionaria nacional, Alba Rueda, al Arzobispado de Salta
Luego de un pedido de rectificación de los registros de su bautismo y confirmación al Arzobispado de Salta, Alba Rueda, representante especial sobre Orientación Sexual e Identidad de la Cancillería, y militante por los derechos de las personas trans, recibió un revés judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Su objetivo era que la institución católica modifique sus actas para adecuarlas a su nuevo nombre e identidad de género.
Aba Rueda, una mujer trans que trabaja en la Cancillería argentina, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia con un reclamo: planteaba que así como se adaptó su DNI a su nueva identidad de genero, el Arzobispado de Salta también debía modificar su registro de bautismo y confirmación, anulando los viejos y haciéndole unos nuevos. Pero la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, rechazó el planteo por considerar que la Constitución Nacional impide al Estado interferir en la libertad de culto de cada persona.
Rueda, representante Especial sobre Orientación Sexual e Identidad de la Cancillería Argentina reclamó que el Arzobispado de Salta cambiara la forma en que había anotado, cuando era menor, sus certificados de bautismo y confirmación ya que considera que no se estaba respetando su identidad de género autopercibida, y se estaba vulnerando su derecho a la identidad. En ese contexto reclamó que se declarara la inconstitucionalidad de la ley 17.032 por medio de la cual se aprobó el Acuerdo de 1966 celebrado entre la Santa Sede y la República Argentina y se fijó el deslinde de competencias entre la jurisdicción eclesiástica y la estatal.
El Arzobispado de Salta rechazó el pedido alegando que la anulación y sustitución de sus registros sacramentales era inadmisible en el marco del derecho canónico. Si bien indicó que Rueda tenía derecho “de acuerdo a la ley civil” a modificar su identidad de género y a expresar su identidad autopercibida como femenina “mediante un nombre civil femenino”, la Iglesia consideró que la funcionaria no tenía derecho “a imponer la negación de la realidad, que consiste en que al tiempo de su nacimiento, y de su bautismo, era una persona de sexo masculino”.
Tanto en primera y en segunda instancia se rechazó la demanda. El caso llegó a la Corte Suprema. Para la funcionaria, “los efectos civiles de la regulación estatal del sexo según la Ley de Identidad de Género abarcan todos los aspectos de la vida de las personas, incluso el religioso” y por eso entendió que “exigir al Arzobispado de Salta el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género no importa la injerencia estatal en un ámbito que le es ajeno, sino la garantía del igual sometimiento a la ley para todas las personas”. De lo contrario, dijo, se estaría incurriendo en un “trato discriminatorio hacia su persona que desconoce su pleno derecho a la identidad de género, obstruye su participación igualitaria en la vida religiosa comunitaria y vulnera su derecho a la libertad de culto en su faz individual y colectiva”.
Este jueves, los jueces del máximo tribunal rechazaron el planteo: dijeron que los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, vinculados a la libertad de culto y a la libertad de conciencia, no permiten dudar acerca del cuidado que los constituyentes pusieron en el respeto de la diversidad de pensamiento. Lo que el fallo pareció asentar es la idea de Iglesia y Estado, asuntos separados.
La sentencia, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, citó los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, vinculados a la libertad de culto y de conciencia, y determinó por unanimidad que todo lo relativo al registro de sacramentos constituye materia eclesiástica sobre la que el Estado no puede interferir.
La sentencia del máximo tribunal de justicia del país detalló entre sus fundamentos que “no es posible imponer a una autoridad religiosa como la Iglesia Católica la procedencia y el modo en que debe registrar o modificar el registro de un sacramento, pues ello conllevaría a una inadmisible intromisión del Estado en el ejercicio de un culto y, por ello, una violación de la libertad religiosa garantizada por la Constitución Nacional”.
Y agregó: “No puede desconocerse que la legislación civil y la legislación canónica regulan materias diferentes ya que el ámbito civil resulta distinto e independiente al religioso”.
Si bien el Arzobispado de Salta, representado por el abogado Juan Navarro Floria, consideró inadmisible la sustitución de sus actas en el marco del derecho canónico, señaló la pertinencia de Rueda de modificar su nombre en el fuero civil y accedió a hacer una adenda en sus registros según consta en la legislación civil vigente respecto de la identidad de género experimentados de la funcionaria.
En diálogo con LA NACIÓN, Rueda consideró que esta anotación marginal es insuficiente por no respetar su identidad de género autopercibida, no resguardar adecuadamente la confidencialidad del cambio de sexo, y por vulnerar su dignidad personal y su derecho a la identidad.
“Yo soy funcionaria de este gobierno porque efectivamente creo en que nosotros, les argentines (sic), podemos generar cambios culturales, políticos, y lo venimos haciendo desde la aprobación del matrimonio igualitario, con la ley de identidad de género, con la ley de cupo [laboral] trans en la que he trabajado mucho para su implementación. Esta sentencia me obliga a seguir exigiendo justicia en las instancias internacionales denunciando a mi país, algo que jamás pensé que iba a tener que hacer, porque no reconocen nuestras luchas históricas”, detalló.
LA NACIÓN trató de obtener el testimonio de las autoridades del Arzobispado de Salta, pero hasta el cierre de la nota no obtuvo respuesta.
Instancias
“Este fallo reafirma la discriminación de la Iglesia Católica sobre las personas LGBTIQ+ en la Argentina”, destacó la funcionaria. “A partir de la ley de identidad de género, pedí la modificación de todos los documentos en los que aparecía mi nombre anterior. Yo tenía este pendiente porque era el único trámite que no había hecho: la rectificación de mi nombre y sexo dentro de la Iglesia Católica. Lo inicié en 2018 y la respuesta que me dio el Arzobispado de Salta fue brutal: desconoció la función jurídica de la ley, una situación agresiva y violenta, tan discriminatoria, que me llevó a iniciar esta demanda que terminó en la Corte”, recordó
Rueda, a través del patrocinio legal de Jorge Alejandro Mamani, interpuso una acción de habeas data contra el Arzobispado de Salta y, luego de que la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmara la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda, el caso llegó a la Corte en 2019.
La funcionaria enfatizó a LA NACIÓN su deseo de seguir siendo parte de la Iglesia Católica como persona trans. “Muchos creemos que la Iglesia y la ley de identidad de género pueden convivir. Así lo expresó el papa Francisco en un documental, en el que indica que la Iglesia no le puede cerrar las puertas a nadie”. Se trata de Amén, emitido por Star+, en el que el Pontífice responde las preguntas de un grupo de 10 jóvenes de entre 20 y 25 años, procedentes de diversos países y con vivencias distintas. En ese espacio, consultado por los sacerdotes que maltratan a personas LGBT+, Francisco no dudó en tacharlos de “infiltrados”.
Su recorrido
En marzo pasado, Rueda fue galardonada en el Día Internacional de la Mujer, junto con representantes de Afganistán, Polonia y Ucrania, entre otros países, con el International Women of Courage Award, un premio que Estados Unidos le entrega a referentes de todo el mundo en reconocimiento por su labor. El Departamento de Estado concede este galardón desde hace 16 años, y ha reconocido ya a más de 180 mujeres de 80 países. Rueda es la segunda argentina premiada: la primera fue Susana Trimarco, quien lucha contra la trata.
Antes de asumir su cargo actual en Cancillería, fue subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad nacional y se convirtió en la primera mujer trans del país en ocupar una subsecretaría de Estado.
Rueda nació en Salta y llegó a Buenos Aires en la década del 90 con toda su familia. Se sumó a la militancia trans en 2003 y fue una de las activistas que abrieron espacios en los Encuentros Nacionales de Mujeres, en contra de la segregación de travestis y trans de los espacios feministas y de los movimientos de mujeres.
En 2006, Alba ingresó a trabajar en el Inadi y consiguió que su identidad autopercibida le sea reconocida en el recibo de sueldo. En 2010 y 2011 participó de la presentación de amparos colectivos ante la Justicia, para que se le reconociera su identidad. Así logró su DNI con cambio de nombre y sexo.
Bunos Aires, Argentina.
0223(La Nación.
