Gran confusión provocó el desalojo de la capilla del hospital “Javier Buenfil Osorio” de Campeche, el pasado 31 de agosto. Las noticias dieron dos diferentes versiones de lo sucedido. Por un lado, que el desalojo, aun mientras el obispo de Campeche celebraba una misa, se dio “por órdenes de arriba” desmantelando el lugar que servía de oración para católicos y quienes necesitaban de un espacio para la reflexión en el nosocomio de especialidades.
Tras los hechos, los directivos del hospital negaron que las cosas hayan sucedido de esa manera argumentando que la salida de las imágenes representativas de la Iglesia católica fue decidida por los mismos fieles y responsables debido al rechazo que obtuvieron por la negativa de una placa que distinguiría el lugar como exclusivamente católico. En el comunicado del mismo día 31, el hospital alegó que el oratorio es “espacio ecuménico” donde se acogen a todas las creencias y religiones.
No obstante lo anterior, la organización +Vida +Familia, la cual guarda cierta influencia en el manejo del lugar, además de intervenir en la entrega de medicamentos a los enfermos, desmintió que la capilla fuera cancelada a causa de esa negativa. Ya el hospital había desmantelado otros espacios reservados a cristianos evangélicos para convertirlos en lactarios.
Independientemente de las versiones, este vertiginoso giro del destino de un espacio de oración en el hospital de especialidades guarda preocupantes similitudes con otros propiciados por gobiernos de izquierda en Latinoamérica.
En Colombia, se denunció el desmantelamiento de la capilla católica del aeropuerto Internacional El Dorado. A través de redes sociales se informó que el espacio utilizado como capilla católica sería adaptado “como espacio de culto y reflexión neutral donde todas las religiones serán bienvenida”. Y como sucedió en Campeche, nadie sabía de dónde salió la orden hasta conocerse que vino “de arriba”, la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
En esos correlativos, el escándalo del hospital en Campeche ahora se mantiene en los dimes y diretes. Las cosas suceden de forma vertiginosa y la especialidad de los gobiernos de izquierda es sembrar la confusión ante acciones lesivas de los derechos de la ciudadanía. No hay que olvidar que en Campeche está latente un inconstitucional y absurdo proyecto legislativo de violencia simbólica que podría usarse con esos propósitos de represión y sometimiento de las expresiones religiosas.Esto no queda en la mera anécdota de la confusión de versiones y de que el espacio será remodelado para ser ecuménico. La advertencia es clara. Como sucedió en Colombia, las “órdenes de arriba” pueden quedar en el conveniente anuncio de algo mejor para todos, pero en el fondo es el sustrato de lo peor. Los tratados y convenios internacionales reconocen que cualquier persona tiene derecho a ocupar los espacios, ambientes y usar los símbolos de su fe para tutelar la liberta de credo y de culto. Pero en Campeche se hay algo drásticamente distinto: La velada intolerancia que podría derivar en el odio contra la religión.
