En mayo 2020, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, escribió una carta pastoral que causó revuelo en medios de comunicación por lo preclaro de su contenido y actitud firme y decidida de denuncia por la lamentable situación de la región de tierra caliente. No sólo alzó la voz por el sufrimiento que, en ese momento, causaba el virus del covid-19; en comparación, el obispo resaltó “otros virus” peores que son pandemia “y matan más personas que el mismo coronavirus, pero ya no se ven estos crímenes, no son noticia”, escribía en esa ocasión Ascencio García.
La tremenda situación de violencia en el país tiene una escalada sin precedentes que ni el mismo covid-19 ha logrado disminuir a pesar de confinamientos. En diversas regiones, la situación es de tal degradación que cientos se han visto obligados a salir de sus lugares iniciando así un desplazamiento forzado como si se tratara de zonas activas de guerra.
En agosto de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía estimó que entre 2015 y 2020, más de 262,000 personas migraron de manera interna por causas de la violencia y más de 371 mil personas cambiaron de vivienda a causa de la violencia en 2019. Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero fueron de las entidades con más desplazamientos forzados y de violencia sin precedentes.
Esta semana, los obispos de Zacatecas y de la provincia eclesiástica de Acapulco denunciaron el lamentable estado de cosas que se degrada cada día a pesar de las promesas de pacificación. Ni la Guardia Nacional o las fuerzas armadas han conseguido la paz a pesar de que, desde el gobierno de la República, se ha jurado que los índices de violencia han bajado de manera estrepitosa desde que se anunció el fin de la guerra contra el crimen organizado.
En Zacatecas, la violencia sólo vio tregua en la temporada de navidad, reactivándose con el espeluznante regalo que uno de los cárteles dio al gobernador del Estado el 6 de enero. Por eso, Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas, denunció los signos de barbarie y muerte en el Estado cuando los grupos del crimen organizado están en disputa por la plaza, estratégica en el control del narcotráfico. El obispo afirma que la violencia se ha hecho cotidiana donde la situación de cientos de familias es la incertidumbre “por el hijo desaparecido, por el esposo levantado, demasiados los lutos y duelos inconclusos”.
El 12 de enero, los obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco emitieron un mensaje en el marco del trigésimo encuentro provincial pastoral. Nada parece ser diferente en Zacatecas o Guerrero, con la alternancia política en ambas gubernaturas que, por el contrario, en lugar de pacificar parece que abrió las puertas mismas del infierno de la violencia. Con razón, los obispos guerrerenses no sólo manifestaron la preocupación por la expansión del coronavirus, también advierten de la progresiva degradación del respeto por la dignidad de las personas, del descarte de la vida en el vientre materno y de la preocupación manifiesta por los signos de la violencia y del dominio de grupos de la delincuencia que controlan hasta las actividades económicas de las comunidades como documentó la Misión Civil de Observación Sexta en un reporte de mayo 2021.
Mientras el país sufre esta llamada cuarta oleada por el covid-19, la otra pandemia, la de la violencia crea estragos tan profundos y lacerantes que serán difíciles de sanar, no por lo menos en este sexenio. Con generaciones lastimadas, quebrantadas y heridas, de desplazados y desaparecidos, las promesas de pacificación están lejos de ser realidad. Los obispos de México llaman a ser “artesanos de paz” y, efectivamente, es competencia de todos; sin embargo, mientras la corrupción y la impunidad sean sostenidos desde arriba, desde los entramados del poder, será difícil hacer de la paz un bien preciado porque requiere igualmente de la responsabilidad de los gobernantes cuyas promesas, al menos hasta hoy, perduran en el fracaso.
