Xalapa, Ver.— El foro “Del papel al territorio, a 4 años del aborto legal en Veracruz: ¿Qué sigue?”, celebrado el 28 de julio en el Congreso local, es el más reciente ejemplo de cómo el poder legislativo y los funcionarios estatales, lejos de enfrentar las urgencias reales de los veracruzanos, insisten en perder tiempo y recursos en agendas ideológicas totalmente desconectadas de la realidad.
El evento fue encabezado por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, presidenta de la Mesa Directiva, quien ha convertido el Congreso en tribuna de colectivos radicales, careciendo de resultados legislativos tangibles en materia de salud, seguridad, empleo o educación. A su lado, la diputada Astrid Sánchez Moguel, presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, cuya gestión se ha caracterizado por el activismo y la consigna, pero no por el compromiso con políticas públicas que beneficien realmente a las mujeres y familias veracruzanas.
El titular de la Secretaría de Salud, Valentín Herrera Alarcón, es otro ejemplo de improvisación burocrática: más visible en eventos ideológicos que resolviendo el desabasto de medicamentos y la precariedad de hospitales estatales. Lo mismo puede decirse de Zaira Fabiola del Toro Olivares, directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, y de Clara Mora Juárez, del DIF estatal: ambas más preocupadas por satisfacer a los colectivos de aborto que por atender las verdaderas tragedias de madres, niños y familias vulnerables.
El desfile de funcionarios incapaces —como Roberto Ramos Alor (IMSS-Bienestar), Edith Jiménez Martínez (IMSS), y Alejandro Moreno Hernández (Cultura de Paz)— evidencia la sumisión total a una minoría ruidosa, sin logros sociales que respalden su activismo.
Entre los colectivos invitados: Colmena Verde, Marea Verde, Akelarre, “Aborteras de la Montaña”, cuya única agenda es la eliminación de vidas inocentes, en abierta contradicción con el sentir mayoritario de la ciudadanía.
No basta con imponer la agenda abortista desde el poder legislativo y el activismo de colectivos radicales; ahora, los diputados pretenden arremeter abiertamente contra la objeción de conciencia, un derecho humano fundamental reconocido tanto en la legislación nacional como internacional.
Durante el foro, la diputada Tanya Carola Viveros dejó claro su objetivo: avanzar en la eliminación de obstáculos “institucionales, administrativos y legales” para que el aborto sea una realidad cotidiana, y señaló como pendiente “el camino por recorrer frente a temas como la objeción de conciencia”.
En palabras llanas, el mensaje es claro: buscan socavar el derecho de médicos, personal de salud y ciudadanos a actuar conforme a su conciencia y valores, tratando de reducirlo a una “narrativa social y religiosa” en vez de reconocerlo como lo que es: una garantía de libertad y dignidad humana.
Pretender pisotear la objeción de conciencia no solo representa un acto de intolerancia y autoritarismo, sino que atenta directamente contra la pluralidad, la paz social y el estado de derecho. Un Estado que no respeta la conciencia de sus ciudadanos, ni de quienes dedican su vida a salvar vidas, se convierte en un Estado totalitario, incapaz de convivir la verdad.
Aborto: una agenda irrelevante, ideológica y ajena a las necesidades del Estado
Resulta insultante que, mientras Veracruz enfrenta crisis de seguridad, pobreza, desempleo, deserción escolar y abandono de comunidades, el Congreso y los funcionarios gasten recursos y tiempo en foros sobre el aborto, una práctica impuesta por presiones internacionales y de ONGs, y rechazada por el verdadero pueblo veracruzano.
El aborto es irrelevante frente al hambre, la falta de medicinas, el colapso del sistema educativo y la inseguridad que golpea a miles de familias todos los días.
Es una bandera ideológica, no una respuesta a la demanda social; una concesión política a colectivos radicales, no una política pública con legitimidad.
El verdadero sentir del pueblo veracruzano quedó plasmado en la historia reciente con la iniciativa popular SÍ VIDA, nacida en 2015 y respaldada por más de 25 mil firmas certificadas por notario. Esta iniciativa popular, presentada ante el Congreso del Estado de Veracruz, reformó el artículo 4° constitucional para establecer que “El Estado deberá garantizar el derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, considerándolo valor primordial para el ejercicio de los demás derechos”.
Esta demanda desencadenó una de las manifestaciones ciudadanas más grandes de la historia veracruzana: más de 250 mil ciudadanos levantaron su mano para votar por la VIDA, exigiendo que el derecho fundamental a nacer y vivir fuera protegido en la Constitución. Gracias a esta movilización social, se logró reformar la constitución local para blindar la vida desde la concepción.
A partir de este movimiento es que surge +Vida+Familia, organización ciudadana creada para dar seguimiento real a las demandas sociales en materia de VIDA y FAMILIA, y para proponer y defender políticas públicas integrales que protejan la dignidad humana, la maternidad, la niñez y el fortalecimiento de las familias veracruzanas, y por supuesto, contener y luchar contra los ataques ideológicos sin fundamento que tanto han azotado a Veracruz junto a la labor de organizaciones como Distinguir Organización Civil y el Frente Nacional por la Familia.
Sin embargo, es importante recordar que en 2021, de manera tramposa y opaca, el Congreso del Estado de Veracruz decidió ignorar la voluntad popular y el mandato constitucional, legalizando el aborto modificando el Código Penal, pasando por encima de la propia Constitución y dejando un vacío legal y moral en la entidad. Este acto no solo fue un atropello jurídico, sino una traición directa al pueblo veracruzano y a la mayor movilización ciudadana en defensa de la vida en la historia del estado.
A pesar de los esfuerzos de los legisladores por imponer su agenda ideológica, la legitimidad social está, sin duda, del lado de la vida y la familia. Hoy, +Vida+Familia y miles de ciudadanos continúan alzando la voz, recordando que ningún poder, por grande que se crea, puede usurpar la soberanía popular ni pisotear la dignidad de la persona humana.
El aborto NO es un derecho humano: la experiencia internacional lo confirma
El aborto NO es un derecho humano, como han reconocido diversas resoluciones internacionales y tribunales en países de primer mundo.
En Estados Unidos, tras la reversión de Roe vs. Wade, la Corte Suprema ha devuelto el debate a las comunidades, permitiendo a los estados proteger la vida. En Europa, la mayoría de los países imponen restricciones estrictas al aborto, y ninguno lo consagra como un “derecho humano” absoluto. Incluso organismos internacionales han reconocido que no existe obligación jurídica universal de legalizar el aborto, como han subrayado dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La insistencia en disfrazar el aborto de derecho universal solo evidencia la ignorancia o mala fe de quienes buscan imponerlo, despreciando la experiencia, la ciencia y el sentido común.
La sociedad veracruzana exige que sus representantes legislen para el bien común, no para satisfacer a una minoría ideologizada. Urge fortalecer la cultura de la vida y la familia, promover alternativas de desarrollo humano y políticas públicas integrales que reconozcan el valor de toda vida y la dignidad de la maternidad.
Veracruz merece líderes que escuchen y respondan a las verdaderas prioridades: salud, educación, empleo, seguridad, y el derecho inalienable a la vida. Todo lo demás es simulación, propaganda y desprecio por el pueblo.
