Perú atraviesa una grave crisis política desde diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó al legítimo presidente electo Pedro Castillo, quien ahora se encuentra en prisión acusado de rebelión, y en su lugar designó como presidenta a Dina Boluarte, quien fuera vicepresidenta del país.
Las manifestaciones sociales, exigiendo la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, una Asamblea Constituyente y la liberación de Castillo, fueron fuertemente reprimidas por las fuerzas del orden, con un balance de alrededor de 50 muertos y centenares de heridos y detenidos.
El gobierno de la presidenta golpista peruana Dina Boluarte[1] alcanzó este domingo un 71% de desaprobación, según anunció el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) con base en su última encuesta[2][3] . El 88% de los entrevistados rechaza la labor del Congreso, el 58% cree que ha habido represión por parte de las fuerzas de seguridad y el 60% considera justificadas las protestas antigolpistas que se desarrollan desde diciembre pasado. Este indicador es mayor en los jóvenes, con un 72%. La mitad de los encuestados dijeron que se identifican con las manifestaciones.
Basado en encuestas realizadas entre el 7 y el 12 de enero, el estudio indicó que el 44% de los encuestados cree que las protestas fueron espontáneas, mientras que el 27% las asocia con grupos violentos y terroristas.
Otra encuesta, realizada por Ipsos Perú, confirmó el nivel de desaprobación de Boluarte y destacó que las administraciones del Primer Ministro Alberto Otárola y del Presidente del Congreso José William fueron rechazadas por 61 y 62 por ciento de los encuestados, respectivamente. El 52% de la muestra estima que es necesario realizar elecciones en diciembre de 2023 y el 57% cree que el Presidente y el Congreso deben ser elegidos cada cuatro años.
En respuesta, en vísperas de las manifestaciones que los movimientos sociales se preparaban para realizar este lunes en Lima para exigir la liberación de varios líderes detenidos por las autoridades,[4] el sábado el gobierno de Boluarte decretó «estado de emergencia» en Lima, Callao. , Puno y Cusco, suspendiendo varios derechos constitucionales. El decreto, publicado en el Diario Oficial cerca de la medianoche del sábado y que entró en vigor el domingo, autoriza a los militares a intervenir junto a las fuerzas del orden para «proteger» el orden público y reprimir a los manifestantes y establece que «la Policía Nacional del Perú mantiene control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.
Por 30 días quedan suspendidos los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de libre tránsito dentro del territorio nacional, de reunión, libertad y seguridad personal. En el departamento de Puno, el decreto prevé la «inmovilización social obligatoria» por 10 días a partir de este domingo, la cual deberá ser respetada desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la mañana del día siguiente.
Durante este período sólo se permitirá la circulación para la compra, producción y suministro de alimentos. Además, podrá circular el personal necesario para la prestación de los servicios esenciales.
[1] https://www.telesurtv.net/noticias/peru-encuesta-desaprueban-gestion-presidenta-dina-boluarte–20230115-0015.html
[2] https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/01/Informe-IEP-OP-Enero-I-2023-Informe-parcial-2.pdf
[3] https://iep.org.pe/noticias/iep-informe-de-opinion-enero-i-2023/
[4] https://www.telesurtv.net/noticias/peru-gobierno-boluarte-estado-emergencia-regiones-20230115-0003.html
Por Lorenzo Poli.
Lima, Perú.
Martes 17 de enero de 2023.
pressenza.
